El Pleno de la SCJN facultó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a recibir denuncias en contra del servicio que prestan las escuelas particulares
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) facultó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a recibir denuncias en contra del servicio que prestan las escuelas particulares.
rel="nofollow"En la sesión de este lunes se resolvió el proyecto del amparo directo en revisión 1762/2026, interpuesto en contra de la sentencia del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 656/2025.
En su proyecto, la ministra ponente, Sara Irene Herrerías Guerra, estableció que entre una escuela privada y sus usuarios existe un vínculo mercantil.
“La quejosa, como ha manifestado, es una institución privada que presta el servicio público de educación, siendo éste proporcionado de manera habitual recibiendo como contraprestación el pago de colegiaturas o costos determinados que las personas interesadas aceptan cubrir. Por lo que, en el caso, el procedimiento iniciado por la Profeco sí se basa en una relación de consumo”, se indicó en el proyecto aprobado.
De acuerdo con los antecedentes de este caso, que se originó hace 10 años, en el ciclo escolar 2015-2016, un padre de familia presentó una queja ante la Profeco, en contra de un plantel privado de educación básica que se negó a devolver el pago de inscripciones, colegiaturas y útiles, luego de que se decidió que el menor no cursaría ahí sus estudios.
El organismo de protección al consumidor intentó una conciliación e impuso una multa, lo que fue impugnado por el plantel, que argumentó de que la ley excluye a los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil, lo que impide la intervención de la Profeco.
“Se concluye que la quejosa es una institución privada que presta el servicio público de educación, siendo este proporcionado de manera habitual, recibiendo como contraprestación el pago de colegiaturas o costos determinados que las personas interesadas aceptan cubrir, por lo que en el caso del procedimiento iniciado por la Profeco sí se basa en una relación de consumo”, indicó la ministra ponente, Herrerías Guerra.
Con información de Excélsior
