Hitler, Stalin y Franco, ayer; Milei, Fujimori, Trump, Netanyahu y otros gobernantes, en tiempos más recientes, representan distintas expresiones de un problema que atraviesa la historia: la concentración del poder político y su ejercicio sobre la vida de las naciones. Unos desencadenaron guerras; otros impusieron restricciones a las libertades, dispusieron de los recursos nacionales o pretendieron someter la voluntad colectiva a sus decisiones personales. Y todo ello plantea una interrogante inquietante: ¿Cómo es posible que quienes reciben el poder para gobernar terminen ejerciéndolo contra los intereses de aquellos a quienes deberían representar?
¿En qué momento el mandatario elegido por el pueblo comienza a comportarse como si fuera dueño del pueblo que lo eligió?
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La pregunta no es nueva. Atraviesa siglos de historia política y permanece sin una respuesta definitiva. Desde las monarquías absolutas hasta las democracias contemporáneas, el poder ha mostrado una inquietante capacidad para transformar a quienes lo ejercen.
El gobernante llega al cargo por distintas vías: la herencia, la fuerza, la imposición o el voto popular. Pero una vez instalado en la cúspide del Estado, puede comenzar a experimentar una metamorfosis: deja de reconocerse como depositario temporal de una responsabilidad colectiva y empieza a conducirse como propietario de la voluntad nacional.
Entonces ocurre una de las más grandes perversiones del político: el mandatario comienza a confundir la autoridad que le fue conferida con un derecho personal sobre el destino de millones de seres humanos.
La nación deja de ser una comunidad de ciudadanos y se convierte, en su imaginación, en una extensión de su propia voluntad.
Los territorios, las riquezas naturales, las instituciones, las fronteras y hasta la conducta de los individuos parecen quedar sujetos a sus decisiones. Lo que debía ser administración pública se transforma en ejercicio de dominación.
Pero ¿quién le ha otorgado semejante derecho?
El voto popular no constituye una escritura de propiedad. Ninguna elección convierte al vencedor en dueño de los ciudadanos, de los mares, de las montañas, de los bosques ni de las riquezas que pertenecen a la nación.
Tampoco le concede autoridad moral ilimitada para decidir sobre la vida y la muerte de otros pueblos.
La democracia no entrega soberanía personal: confiere facultades constitucionales, establece obligaciones y fija límites.
Sin embargo, la historia demuestra que esos límites pueden debilitarse cuando las instituciones se subordinan al gobernante, cuando los representantes populares renuncian a su independencia y cuando la ciudadanía confunde la lealtad política con la obediencia incondicional.
Es entonces cuando aparece una figura particularmente peligrosa para la vida democrática y ocurre cuando el gobernante deja de distinguir entre su persona el Estado y la nación.
Ejemplos contemporáneos son Javier Milei en Argentina, Donald Trump y Netanyahu, quienes además dicen gobernar por mandato divino; el mandatario democrático gobierna por mandato popular. Estos tres fueron elegidos a través de las urnas. ¿Cómo han podido terminar comportándose como monarcas absolutos?
Ante ellos, las instituciones genuflectan y bajan la cerviz. ¿Cómo consiguieron tanta docilidad? Los cañonazos de dinero lo explican todo.
