Por Tuuskeep Kasperchack
El terremoto que en estos momentos sacude a la clase política mexicana en el poder me hizo recordar la trama de la novela El cero y el infinito (1940) de Arthur Koestler: un viejo revolucionario es acusado de traición por el régimen que ayudó a fundar y luego de sufrir tortura psicológica acepta declararse públicamente culpable de los delitos que le inventaron, pues como militante devoto cree que el individuo no vale nada (cero) y que su deber es sacrificarse por la salud y la unidad de su partido (el infitivo). Koestler se refería de manera oblicua a los juicios de Moscú y las purgas estalinistas.
rel="nofollow"Ciertamente no estamos en un régimen totalitario ni Rubén Rocha Moya es un mártir de la democracia, pero hay algo raro que no encaja en sus dos atrabancadas defenestraciones. Propongo que vayamos por partes para no hacernos bolas y para ello lo mejor es hacer una reconstrucción a grandes rasgos de los hechos ocurridos hasta ahora.
Todo comenzó el pasado 29 de abril cuando se conocieron las imputaciones contra el gobernador de Sinaloa y nueve personas más por parte de la justicia estadounidense, que los acusó de vínculos con el crimen organizado y demandó su aprehensión con fines de extradicción.
La primera reacción de la presidenta Sheimbaum fue en el sentido de defender a Rocha Moya y acompañantes al presentar sus casos como una clara intromisión en los asuntos políticos de nuestro país, como lo hizo después con el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Exigió que los EE.UU. aportaran pruebas contundentes e irrefutables para proceder en su contra.
Sin embargo, a principios de mayo el gobernador presentó su primera solicitud de licencia por 30 días, que se prolongaron 112. El congreso de Sinaloa nombró a una gobernadora interina.
Semanas más tarde, la titular de FGR aseveró ante los medios que no había elementos probatorios suficientes contra los diez acusados y que por eso permanecían en libertad. De todas formas, cumplió la formalidad de citarlos a comparecer en su sede estatal, pero solo lo hicieron cinco de los diez imputados. Dos de los señalados ya se habían entregado al gobierno de los EE.UU., y todo hace suponer que lo hicieron para negociar su estatus legal.
Cada vez que les preguntaban por el caso, la mandataria, la fiscal, senadores y diputados de la 4T mandaban el mismo mensaje: no se han presentado pruebas incontrovertibles, se trata de una jugada política de los gringos y de una campaña de la ultraderecha internacional y nacional.
De ese impasse no salíamos hasta que el 19 de agosto fue detenido Fausto Corrales Rodríguez, presunto testigo clave de la sustracción del Ismael El Mayo Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuen, y dos días despues Rocha Moya reasumió el cargo, con lo que desencadenó una de las crisis políticas cuya resolución podría definir el rumbo del presente sexenio.
Ante el inesperado retorno del exgobernador, según se afirma ahora desde el poder, Morena, los gobernadores y legisladores de ese partido, lo mismo que la presidenta, le hicieron el vacío político a Rocha Moya, quien no tuvo más remedio que pedir una nueva licencia luego de permanecer a frente del Ejecutivo sinaloense poco más de treinta horas. En un video dijo que se iba porque su interés personal no estaba por encima de los intereses del movimiento del que forma parte, con lo que más o menos parafraseó lo que había escrito la presidenta en un tuit.
Por otra parte, también nos enteramos, esto sí que con genuina sorpresa, que la FGR siempre sí tiene abiertas carpetas de investigación contra los diez señalados.
Ahora las preguntas que todos se hacen son básicamente estas: ¿Rocha Moya actuó por sus pistolas y no consultó con nadie su regreso al poder? ¿Es creíble esta versión? ¿Leyó mal las señales que hasta entonces había enviado todo el estamento político a su favor? ¿Mantendrá el gobierno en el limbo a Rocha Moya, como lo estaba antes? ¿Ha decidido Claudia Sheimbaum investigarlo, aprehenderlo y juzgarlo en México o lo entregará a los EE.UU. como instrumento de negociación con el trumpismo? ¿Guardará por medio siglo la 4T los testimonios de todos los involucrados en este escandalazo, como lo hizo AMLO con toda la información relacionada con las grandes obras del sexenio pasado y la del huachicol fiscal?
Mientras tanto, el caos de violencia e inseguridad en el que viven cotidiadamente miles de sinaloenses no tiene fecha de caducidad, ni siquiera con la asunción al poder de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. Se vienen semanas interesantes, sin duda.
