
Los senadores de Morena, PT y PVEM aprobaron la reforma a la Ley de Inversiones Extranjeras, que establece que las Fuerzas Armadas podrán participar con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
La mayoría oficialista en el Senado avaló con 65 votos a favor y 30 en contra la norma que incrementa de 10 a 13 las secretarías integrantes de la comisión, incorporando a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Asimismo, la reforma establece que los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán como invitados permanentes con voz, pero sin voto, en asuntos de seguridad nacional.
La normativa fija que la comisión tendrá un plazo de 45 días hábiles en lugar de 60 para resolver solicitudes en materia de seguridad, añadiendo la existencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional como un criterio de evaluación.
Además, se estipula que la comisión deberá presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera y un reporte semestral de su gestión en materia de seguridad nacional, turnando el dictamen a la Cámara de Diputados para su posterior discusión en comisiones y en el Pleno.
Durante el debate legislativo, la oposición advirtió diversos riesgos sobre la integración de las fuerzas castrenses y otras dependencias en el comité.
La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, respaldó la presencia de las Fuerzas Armadas al señalar que cuentan con mayores elementos para tomar decisiones estratégicas, pero criticó la inclusión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al indicar que no funciona adecuadamente.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón, cuestionó la medida al argumentar que no se necesita militarizar la política de inversión extranjera y que la intervención de la Defensa y la Marina debería limitarse a comités especializados cuando se comprometan instalaciones críticas o la seguridad del país.
Con información de Río Doce



