
El 17 de noviembre de 2026, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, y a diversos mandos de esa dependencia supervisar las actuaciones señaladas como omitidas en la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en Mazatlán, Sinaloa.
La resolución se dio a conocer por la organización Defensorxs y por Brenda Valenzuela Gil, madre del joven de 21 años. Según la asociación civil que acompaña a la familia, con la determinación se revocaría la negativa de la Jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la capital del país, quien rechazó conceder la suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1184/2026 con el argumento de que las víctimas debían esperar hasta la sentencia para recibir protección constitucional. El Tribunal otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades de la SSPC Federal para que informen sobre el cumplimiento de las diligencias ordenadas e instruyó a las instancias correspondientes a ejecutar con debida diligencia los actos de investigación girados por el Ministerio Público para localizar a testigos que puedan aportar información sobre los hechos del 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos.
Valenzuela Gil reconoció la imparcialidad de los magistrados, aunque exigió a las autoridades de seguridad y procuración de justicia actuar por obligación legal y no solo por mandato judicial. “El Tribunal ordena al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a diversos mandos de esa institución supervisar adecuadamente las actuaciones que han sido omitidas y dar seguimiento a las acciones necesarias para avanzar en la investigación y localización de mi hijo”, comunicó a través de redes sociales. La madre buscadora advirtió que recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para garantizar que la búsqueda se realice bajo el principio de presunción de vida y subrayó que los funcionarios deben responder con resultados tangibles. “La resolución judicial es un avance. Ahora corresponde a las autoridades demostrar, con hechos y no solamente con informes, que están cumpliendo”, sostuvo.
Carlos Emilio, originario de Guadalupe Victoria, Durango, viajó en octubre de 2025 con su familia a Mazatlán para celebrar su cumpleaños y su graduación de la carrera de gastronomía. Alrededor de las 2:00 horas del 5 de octubre de ese año, el joven convivía con sus primas en el establecimiento Terraza Valentinos, ubicado en la Zona Dorada del puerto, cuando se levantó hacia el baño y se perdió toda comunicación con él. Según grabaciones de videovigilancia entregadas por el local, material que los familiares denunciaron con cortes y minutos borrados, Carlos Emilio salió por un costado del inmueble acompañado por dos hombres, quienes lo subieron a una camioneta con rumbo desconocido.
La carpeta de investigación estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, pero el expediente fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) tras los señalamientos de dilación y presunta protección política. Como parte de las indagatorias federales, el 24 de octubre de 2026 personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) colocó sellos de clausura en el bar. En ese momento, Valenzuela Gil demandó que las líneas de investigación avancen sin sesgos ni encubrimientos y señaló los vínculos del establecimiento con Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como “Pity Velarde”, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante la Administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Las autoridades de la SSPC Federal deberán informar al Tribunal sobre el cumplimiento de las diligencias dentro del plazo de 48 horas concedido.



