
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que las empresas telefónicas colaboren con autoridades de seguridad y justicia mediante la geolocalización de celulares en tiempo real, así como la conservación de metadatos y registros de llamadas hasta por dos años y su entrega en un plazo máximo de 24 horas cuando exista un requerimiento legal, según La Jornada.
Por mayoría de votos, el pleno declaró constitucionales diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025. Sin embargo, estableció que el acceso a esta información deberá contar, como regla general, con autorización judicial previa.
La Corte precisó que solo en situaciones excepcionales de urgencia, como cuando esté en riesgo la vida de una persona, las autoridades podrán actuar sin autorización previa, siempre que exista una revisión judicial posterior, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El fallo negó el amparo promovido por una ciudadana que argumentó que estas medidas vulneran la privacidad y las libertades de expresión y asociación. La ministra ponente, María Estela Ríos González, consideró que las disposiciones persiguen fines de seguridad pública y cuentan con límites legales.
La resolución estuvo acompañada de un ríspido debate entre los ministros, luego de que Ríos González reclamara una supuesta falta de respeto cuando la mayoría pidió modificar la metodología de su proyecto para incorporar con mayor claridad los controles judiciales.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que los ajustes respondían a la necesidad de establecer un criterio común en la sentencia. Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzos advirtió que la legislación puede generar inseguridad jurídica al no precisar suficientemente los límites y excepciones para aplicar estas medidas.



