01 de julio/ Cancún, Q. Roo. – El Congreso de Quintana Roo enfrenta una nueva acción de inconstitucionalidad, esta vez, por modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución, que van contra la Reforma al Poder Judicial federal.
El Observatorio Legislativo Ciudadano atribuyó la situación a la tendencia de la XVIII de votar a la ligera y sin análisis la mayoría de las iniciativas que somete a votación.
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El organismo recordó que en agosto del año pasado el Congreso de Quintana Roo aprobó, durante un periodo extraordinario, diversas reformas a la organización del Poder Judicial local.
Tras su publicación en el Periódico Oficial del estado, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron las acciones de inconstitucionalidad 99/2025 y 100/2025, al considerar que diversas disposiciones exceden las atribuciones del Congreso estatal.
El asunto será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sesión programada para el próximo 6 de julio.
El Observatorio sostuvo que el proyecto de resolución representa «una mancha más» para los diputados locales, a quienes acusó de aprobar reformas sin valorar sus implicaciones jurídicas, lo que derivó en una nueva controversia constitucional.
Entre los aspectos que el proyecto de sentencia propone invalidar se encuentra la disposición que permitía incorporar al Poder Judicial órganos creados mediante leyes secundarias, al establecer que la integración de los órganos encargados de impartir justicia debe estar prevista de manera expresa en la Constitución estatal y no quedar sujeta a decisiones posteriores del Poder Legislativo.
También plantea dejar sin efectos diversas facultades otorgadas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para determinar la integración, competencia, adscripción y residencia de las salas, al considerar que esas atribuciones corresponden al Órgano de Administración Judicial conforme al modelo previsto en la Constitución federal.
Otro de los puntos cuestionados es la disposición que permitía al Pleno del Tribunal fijar la duración del cargo de los magistrados de salas unitarias, al estimar que el tiempo de permanencia no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales y debe ajustarse al esquema establecido por la reforma judicial federal.
El proyecto también propone invalidar las normas mediante las cuales el Congreso buscó mantener fuera de la elección por voto popular a la Magistratura Unitaria para Adolescentes mediante un sistema de ternas, ratificaciones legislativas y prórrogas, al considerar que todas las magistraturas deben sujetarse al mecanismo de elección previsto en la Constitución federal.
Además, contempla declarar la invalidez por extensión de la reforma constitucional local que prorrogó hasta 2033 los nombramientos de magistrados numerarios como Heyden Cebada Rivas, cuyo encargo concluía en 2027.
El proyecto sostiene que esa disposición contradice el régimen transitorio de la reforma judicial federal, el cual establece que los cargos pendientes de renovación deberán someterse a elección popular, a más tardar, en el proceso electoral de 2028.
En lugar de ello se le otorgó una prórroga para mantenerse como magistrado hasta el 2033.
El Observatorio advirtió que, de aprobarse el proyecto, el Congreso del Estado deberá modificar nuevamente la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar las disposiciones declaradas inválidas, suprimir la prórroga de magistraturas hasta 2033, incorporar los cargos pendientes al calendario de elección judicial antes de 2028 y adecuar el mecanismo para la designación de las presidencias de los órganos judiciales.
También señaló que el Poder Judicial tendrá que ajustar la distribución de atribuciones entre el Tribunal Superior de Justicia y el Órgano de Administración Judicial, mientras se realizan las reformas correspondientes.
