01 de julio/ Cancún, Q. Roo.- En la geografía de Quintana Roo existen ubicados oficialmente 370 asentamientos irregulares, pero la cifra podría duplicarse una vez que concluya una nueva revisión, advirtió el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando.
El funcionario estatal alertó sobre la urgencia de intervenir en estas zonas, que calificó como «tierra de nadie», donde la falta de ordenamiento propicia problemáticas graves como violencia doméstica, delincuencia, trata de personas e impactos ambientales diversos.
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Conforme a la cifra oficial, hasta el momento se tienen identificados 150 asentamientos irregulares en Cancún; 91, en Isla Mujeres; 37, en Othón P. Blanco y 16 en Puerto Morelos.
Sobre el tema, la profesora investigadora por la Universidad del Caribe (Unicaribe) en la ciudad de Cancún, Christine McCoy, ha documentado que en la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres, 240 mil personas y 60 mil familias carecen de certeza jurídica, lo que representa un 30 por ciento de la población.
McCoy señaló que en la región se combinan dos realidades sobre el fenómeno del asentamiento irregular: Las colonias de población migrante de bajos ingresos con necesidad real de vivienda y, en contraste, los desarrollos inmobiliarios, fruto de la especulación de fraccionadores y ejidatarios que venden lotes sin servicios ni autorización urbana.
Como ejemplo, señaló que desde 1986 existen 135 fraccionamientos sin acta de municipalización.
De acuerdo con el análisis histórico elaborado por la investigadora, la problemática inició desde la fundación de Cancún en 1970, cuando los trabajadores de la construcción habitaban campamentos sin planificación.
Para 2020, la ciudad ya había crecido 14.5 veces su superficie original, rebasando por completo las proyecciones de los planes maestros.
Este fenómeno implica riesgos de tipo Sanitario y Económico, debido a la vulnerabilidad total ante crisis como la pandemia por coronavirus (COVID-19), con propiedades vendidas de forma fraudulenta hasta dos o tres veces, y falta de acceso al crédito.
También riesgos de tipo Ecológico, con daños ambientales severos por la construcción irregular.
Conforme a datos de McCoy, en 2019 se clausuraron 11 desarrollos que abarcaban 601 hectáreas y afectaban a más de 48 mil personas.
Y riesgos situacionales como la inseguridad extrema y la violencia. Por ejemplo, una colonia irregular encabezó las estadísticas de violencia doméstica en 2021 debido a la falta de presencia policial.
La Dra. McCoy enfatizó que las soluciones han fallado durante cinco décadas no por falta de leyes, sino por la carencia de un sistema integrado.
«La información está fragmentada, cada municipio maneja datos distintos y las soluciones siempre han sido reactivas en lugar de preventivas, actuando cuando el asentamiento ya alberga a miles de habitantes», dijo.
Durante la instalación del Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos que se celebró en la Unicaribe, el pasado 18 de junio, la investigadora planteó una serie de propuestas, que van desde la creación de un Observatorio estatal de Asentamientos irregulares de Quintana Roo, el cual tenga a la academia como rector, con incidencia en política pública.
Un registro y monitoreo inventario único estatal, actualizado en forma continua y cartográfica, con un sistema de alertas tempranas; fomentar la investigación aplicada con producción de conocimiento sobre causas, tendencias y soluciones, y
asesoría técnica a los planes de todos los municipios, con incidencia en política pública.
El Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos tiene como objetivo construir ciudades más ordenadas, justas y sostenibles; y coordinará esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil para dar certeza jurídica y servicios básicos a miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso de Quintana Roo, Hugo Alday, confirmó que está por constituirse el Observatorio de Asentamientos Irregulares, cuya sede será la Unicaribe.
De acuerdo con lo declarado por Alday Nieto, en el Observatorio participarán el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional, por el gobierno federal, mientras que a nivel estatal se incluirá a Sedetus, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro estatal, y a las Direcciones de Desarrollo Urbano y Catastro de los ayuntamientos.
