Nos dicen, ahora más que en otros tiempos políticos, que, en una democracia, el poder está limitado por la Constitución, las leyes, la división de poderes, los tribunales, los órganos de control, las elecciones, la prensa y la sociedad. Por tanto, hasta un presidente con enorme respaldo popular posee facultades determinadas y, en principio, temporales.
En lenguaje llano, esto quiere decir que un gobierno democrático, elegido por la voluntad de la población, está muy alejado del poder absoluto, es decir, del absolutismo.
rel="nofollow"En este asunto hay dos realidades: La que dicen las voces inmiscuidas en la tarea política y la que ven nuestros ojos.
La cuestión interesante aparece cuando distinguimos entre pode legal y poder real.
Un gobernante puede no tener jurídicamente un poder absoluto y, sin embargo, acumular suficiente poder para dominar al Legislativo, influir sobre el Judicial, controlar a su partido, condicionar presupuestos, colocar aliados en las instituciones y reducir la eficacia de los contrapesos. Entonces, el límite permanece escrito, pero funciona cada vez menos.
¿Qué sucede cuando un gobernante elegido democráticamente comienza a comportarse como si los límites constitucionales y las reglas legales fueran obstáculos que deben ser vencidos para actuar sin someterse a ningún mandato que no sea el de su propia voluntad?
Un gobernante que llega mediante mecanismos democráticos pero interpreta su victoria electoral como autorización para extender su voluntad mucho más allá de los límites tradicionales del cargo, cae en el presidencialismo autoritario, el poder personalista o la autocratización.
Donald Trump ha expresado pretensiones sobre territorios y recursos ajenos a Estados Unidos: ha hablado de convertir a Canadá en el estado número 51, de adquirir o controlar Groenlandia y de ejercer dominio sobre los recursos petroleros de Venezuela. También dispuso que su gobierno llamara «Golfo de América» al Golfo de México y ha propuesto cambiar el nombre del estrecho de Ormuz. Con ello manifiesta una concepción del poder que parece situar la voluntad del gobernante por encima de la historia, la soberanía de otras naciones y las normas del derecho internacional.
La guerra contra Irán constituye quizá el ejemplo más inquietante: no porque un presidente estadounidense carezca de facultades militares, sino porque una facultad excepcional y limitada puede transformarse, por la vía de los hechos.
Todo lo anterior sucede sin que quienes eligieron al político y lo elevaron al rango de representante de la sociedad puedan hacer mucho para evitar los desbarajustes del mandatario, cuyas decisiones, finalmente, terminan repercutiendo sobre los mismos ciudadanos que lo llevaron al poder con su voto.
¿Hasta dónde llega el poder del ciudadano que elige y dónde comienza su impotencia frente al gobernante elegido?
Políticos de esa estirpe extremista los encontramos hoy también en Argentina, en la persona de Javier Milei, cuya política ha subordinado, en diversos ámbitos, los intereses nacionales a los del poder extranjero, al tiempo que ha llevado contra la pared incluso a sectores de la población que lo condujeron al gobierno con su voto.
