El Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. exigió la renuncia de Alejandro Fragozo López a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, a fin de que enfrente “como ciudadano” lo que la organización profesional denominó “los graves señalamientos en su contra”.
Ello a propósito de la revocación de la visa estadounidense del magistrado presidente, procedimiento del que ZETA dio cuenta el día de ayer en una nota que motivaría que Fragozo López dijera no haber sido notificado de la revocación. De cualquier manera, hoy viernes 13 de noviembre este semanario informó que oficiales del Departamento de Estado de la Unión Americana afirmaron a pregunta expresa que la debida notificación se extendió vía correo electrónico.
rel="nofollow"El Colegio de Abogados Emilio Rabasa, con sede de actividad en Tijuana, sostuvo que la revocación de la visa obedeció a una pérdida de confianza en el presidente del Tribunal así como a “su vinculación a una investigación penal en dicho país”.
La organización profesional estableció que “la pérdida de confianza”, a propósito del retiro de la visa para ingresar en calidad de turista a EE.UU., no constituye una situación irrelevante.
“El magistrado Fragozo está obligado a conducirse con verdad y honestidad ante los bajacalifornianos y aclarar (…) no solo de la revocación de su visa sino del cártel judicial que impera al interior del Poder que preside, preponderantemente en la Zona Costa del estado, que, amafiados, no trabajan en búsqueda de la justicia sino en beneficio de sus propios intereses”, asentó el colegio presidido por Francisco Castro Trenti.
La asociación civil igualmente exhortó a Fragozo López a solicitar licencia al cargo de magistrado, con la misma finalidad de que enfrente cualquier posible consecuencia del retiro del visado sin el arropo de nombramiento público alguno.
El presidente del Colegio refirió a ZETA que el denominado cártel judicial se ejemplifica con lo que consideró como una práctica recurrente en el PJE.
“No es posible que un particular esté reclamando la prescripción de un inmueble en un juzgado y que en otro u otros juzgados también lo haga respecto de inmuebles diferentes. En buena fe, sería error judicial, pero la buena del Poder Judicial terminó hace mucho tiempo”, respondió Castro Trenti.
En cuanto a la exigencia de que Fragozo se separe de sus responsabilidades en el PJE, estimó que el magistrado “tiene acceso directo con la titular del Ejecutivo -gobernadora (Marina del Pilar Ávila)- y con la fiscal (María Elena Andrade)” y aseguró que “está visto que en el sistema de seguridad y justicia en BC no se encargan de investigar para castigar ni de impartir justicia a quien le corresponda”.
Por el contrario, “están para ver por sus propios y particulares intereses. No hay que ir muy lejos: una ojeada en los carros de los agentes del MP, sobre todo de Patrimoniales en Tijuana y verán vehículos de alta gama. ¿De dónde y cómo? Ya no es tema de Asuntos Internos sino de la Fiscalía Anticorrupción”, remató. (Eduardo Andrade Uribe)
Con información de Zeta Tijuana
