
05 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- A cinco años de la represión armada del 9 de noviembre, cuando policías municipales abrieron fuego contra ciudadanos que se manifestaban frente al Palacio Municipal de Cancún por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, víctimas de aquel ataque convocaron a la ceremonia de disculpas públicas que ofrecerá el gobierno municipal como parte de las medidas de reparación y garantías de no repetición, el próximo domingo.
Las víctimas, integrantes del Comité 9N, reconocieron que llegan a este acto, inconformes y a disgusto por los términos en que se concretará la reparación, pero con la decisión de cerrar un proceso que les ha tomado cinco años y que buscan concluir para alcanzar paz mental.
María Oronzor y Julián Ramírez, miembros del comité, explicaron que la disculpa que se ofrecerá el próximo domingo no estará a cargo de la actual presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, sino del secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.
Si bien los hechos ocurrieron durante el mandato de la entonces presidenta municipal, “Mara” Lezama –actual gobernadora de Quintana Roo– ésta se negó a ofrecer las disculpas públicas y el Comité esperaba que lo hiciera la actual munícipe, como representante de una institución que aquella noche, falló y agredió, mas no por una responsabilidad personal directa.
Memorial de “temu”

Tampoco se cumplió con la propuesta original del memorial, que las autoridades municipales ofrecieron sería una vela de cuatro metros con una llama encendida permanentemente en homenaje a la libertad de expresión y de protesta.
En su lugar, se montó una suerte de losa vertical, austera, de apenas dos metros de altura, que los propios afectados consideran que “nada tiene que ver con un memorial”.
María, víctima de tortura sexual, citó las palabras de Wendy Galarza –otra de las víctimas principales de la agresión– al señalar que les ofrecieron un memorial digno pero “les llegó uno que parece comprado en Temu”, refiriéndose a una aplicación de compra venta de artículos a bajo costo.
“Es una mini-mini-mini suavicrema”, bromeó la joven, comparando la ínfima estructura, localizada en una parte poco visible, prácticamente escondida, con la Estela de Luz, construida en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México para conmemorar el bicentenario de la Independencia.
Los jóvenes se dijeron nuevamente engañados por las autoridades, pero ya desgastados emocionalmente para continuar enfrentando al poder, exigir sus derechos, el castigo para funcionarios impunes e indiferencia social.
“Lo que necesitamos es paz mental”, dijo Julián, mientras que María subrayó que se mantendrán alzando la batalla, pero desde otras formas.
Ambos activistas indicaron que para efectos del evento, el gobierno municipal se comprometió a instalar un templete, toldos, sillas, equipo de audio y el espacio para la develación del monumento.
Sin embargo, comentaron que tendrán que convocar a las dependencias involucradas, porque existen, aún, resistencias.
El acto incluirá la presentación del “Protocolo de Atención a Protestas”, uno de los puntos que el colectivo ha exigido como parte de las garantías de no repetición.

Oronzor y Ramírez explicaron que el protocolo se elaboró tras un año de trabajo conjunto con autoridades municipales, con el objetivo de evitar que se repitan hechos como los del 9N.
Recordaron que la falta de protocolos adecuados fue una de las razones por las que el Ayuntamiento fue considerado responsable de la represión, ya que los policías no contaban con equipo antimotines ni gas lacrimógeno, y se encontraban armados dentro del Palacio Municipal.
“Nosotros dijimos que si ellos no hacían su trabajo, los íbamos a supervisar hasta que lo hicieran”, señalaron. Como resultado de ese seguimiento, informaron que actualmente algunos policías ya portan cámaras corporales (bodycams), lo que consideran un avance derivado de la exigencia del movimiento.
Sin embargo, subrayaron que la mayoría de los policías implicados fueron liberados por falta de pruebas o por reclasificación de delitos.
De los 13 elementos acusados de disparar y agredir a manifestantes, solo dos continúan bajo proceso, ambos por el robo de un teléfono celular. El resto fue exonerado o liberado mediante el pago de multas menores.
Uno de los policías fue asesinado posteriormente en una fiesta vinculada con narcotraficantes y otro permanece prófugo.
Las víctimas lamentaron que la justicia haya reducido los hechos a simples abusos de autoridad, ignorando la tortura, las agresiones y los intentos de homicidio.
Afirmaron que, a pesar de todo, buscan un cierre simbólico, conscientes de que el proceso judicial difícilmente avanzará debido a las reformas que han limitado las vías legales para las víctimas.
María Oronzor recordó que existe un Día Municipal de la Libertad de Expresión y Libre Manifestación, instaurado tras los hechos del 9N, aunque nunca se ha conmemorado.
Consideran que este año, con el acto de disculpas públicas, se concreta parcialmente el reconocimiento de ese día. “Vamos a seguir viniendo cada año, porque la memoria no se puede borrar”, dijo.
La activista señaló que, aunque las medidas son insuficientes, el proceso de reparación representa un esfuerzo por recuperar la salud emocional y la dignidad colectiva.
“A pesar de que es una justicia a medias, el mayor logro es estar vivas, estar de pie y poder cerrar un ciclo”, expresó.
El comité enfatizó que este cierre no implica la disolución del grupo. Continuarán colaborando con otros movimientos sociales, como el de las madres buscadoras, y acompañando causas de derechos humanos.
Sobre las denuncias por tortura y tortura sexual, Oronzor informó que existe una carpeta de investigación en la que están integradas ella, Wendy y Galarza, pero permanece “congelada”.
Explicó que no se han judicializado los casos ni se ha imputado a los responsables, pese a que las víctimas identificaron a sus agresores y que existían grabaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos, las cuales desaparecieron.
“El video donde yo señalé a mi agresor nunca volvió a aparecer”, relató, y afirmó que las víctimas seguirán insistiendo en la búsqueda de verdad y memoria.
El comité convocó por cuenta propia a las dependencias que consideran deben estar presentes en la ceremonia: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado, este último por haber mantenido el mando único policial durante los hechos.
A pesar de las dudas sobre la asistencia de algunas instituciones, las víctimas esperan que el acto sirva para marcar un precedente.
“Hay puntos que nunca se van a poder reparar, como el trauma o la fractura del tejido social, pero decidimos dar la mano a la posibilidad de que esto suceda y cerrar un ciclo”, señaló Julián Ramírez.
Ambos representantes del Comité de Víctimas del 9N reconocieron que, tras la represión, la protesta social en Cancún se debilitó por el miedo y la desconfianza.
Les tomó año y medio volver a reunir a personas en las calles. Aun así, mantienen su compromiso de exigir memoria y garantías de no repetición.
“Seguimos aquí, seguimos de pie, seguimos resistiendo”, afirmaron, al convocar a la ciudadanía y a las autoridades a asistir a la ceremonia de disculpas públicas a realizarse este domingo, en el quinto aniversario del 9N.



