Markle, quien fue detenido por tener material de abuso sexual infantil en almacenes de California, quedó bajo custodia poco después de quitarse el monitor, según informaron las autoridades.
Los fiscales federales le han pedido a un juez que revoque la libertad de Thomas Markle, el padre de Meghan, la duquesa de Sussex, con quien no mantiene relación, después de que el hombre de 82 años supuestamente se quitara un monitor electrónico del tobillo mientras esperaba su juicio por posesión de material de abuso sexual infantil.
Markle fue arrestado el pasado viernes después de que las autoridades encontraran imágenes de abuso sexual infantil en unidades de almacenamiento que le pertenecían en California, incluidas fotografías sexualmente explícitas de él mismo con menores, informó el Departamento de Justicia. Fue detenido en Tampa, Florida, donde quedó en libertad bajo arresto domiciliario.
rel="nofollow"Presuntamente se quitó su monitor de tobillo a la 1:45 am del martes, afirmó ese mismo día el fiscal federal Bill Essayli.
“Le estamos solicitando a la corte que revoque su libertad y lo mantenga detenido en espera del juicio, y continuaremos procesando este caso con todo el peso de la ley”, afirmó Essayli.
Los investigadores del FBI encontraron diapositivas, negativos de películas y libros que contenían “presunta pornografía infantil” en dos unidades de almacenamiento alquiladas por Markle en Los Ángeles, según documentos judiciales. Los negativos de película incluían imágenes de niñas “prepúberes” desnudas con un hombre adulto, a quien un testigo identificó como Markle, informó el FBI.
En uno de los trasteros se encontró correspondencia a nombre de Thomas Markle y un permiso internacional de conducir con su nombre, fecha de nacimiento y una foto que parecía ser de él, según una denuncia penal. El alquiler de los trasteros por parte de Markle se remonta al verano de 2008, según la denuncia.
La incautación de la semana pasada se produjo semanas después de que se diera a conocer que había sido abierta una investigación contra Markle en Filipinas por acusaciones de que guardaba imágenes similares en su casa mientras vivía allí. Fueron recuperadas miles de fotos en las que aparecían “hombres y mujeres menores de edad”, indicaron las autoridades.
Markle ha estado viviendo en un centro de atención para personas mayores en Florida, según The Associated Press. Se ha informado que se vio obligado a regresar a Estados Unidos después de vivir en Filipinas, tras sufrir un derrame cerebral y que le amputaran una pierna.
Un juez ordenó una evaluación psicológica independiente para determinar si Markle estaba en condiciones de ser juzgado. La orden señaló que el estado de salud de Markle, su edad y su falta de memoria constituían motivos razonables para creer que podría padecer alguna “enfermedad o defecto” mental que lo haría mentalmente incompetente.
Markle ha negado las acusaciones, y las ha calificado de “mentiras enfermizas”. Un abogado de Markle, según consta en los expedientes judiciales, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News este martes.
Un portavoz del príncipe Harry y Meghan se negó a comentar sobre el arresto de la semana pasada.
El mes pasado, Meghan reveló que se le había informado de las acusaciones contra su padre hace años. En un comunicado, afirmó que estaba “profundamente consternada” por las acusaciones y que su relación con él había sido limitada a lo largo de los años.
Markle no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry en 2018, lo cual fue objeto de un amplio escrutinio mediático.
Meghan señaló que también ha decidido mantener a sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, alejados de su padre para protegerlos.
“La magnitud de lo que ahora se ha revelado es más repugnante de lo que uno podría imaginar”, comentó.
La policía británica confirmó que en enero de 2019 se le entregó a Meghan una carta que contenía “una serie de denuncias sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido”. La Policía Metropolitana de Londres remitió el caso al organismo de supervisión policial del país en relación con el manejo de las acusaciones, y señaló que no había informado a otras agencias de seguridad pública sobre las mismas.
