La presidenta del organismo electoral reconoció que personas señaladas en investigaciones periodísticas trabajaron en el Instituto; negó que uno de ellos fuera su chofer y dejó en manos del Órgano Interno de Control la revisión de posibles omisiones.
rel="nofollow"La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que personas señaladas por presuntos vínculos con empresas proveedoras del organismo sí trabajaron en el Instituto, aunque aseguró que actualmente ya no forman parte de su personal y rechazó la existencia de irregularidades en las contrataciones cuestionadas.
En respuesta a las investigaciones publicadas por REFORMA, la consejera presidenta negó que existan empresas favorecidas por su administración y acusó un intento de desestabilizar al INE, al tiempo que sostuvo que corresponderá al Órgano Interno de Control determinar si hubo omisiones o información falsa en las declaraciones patrimoniales de los involucrados.
Uno de los principales señalamientos corresponde a Jonathan Navarrete, identificado como apoderado de Corporativo Zag, empresa proveedora del organismo electoral, quien también fue señalado como chofer de Taddei.
La funcionaria rechazó que Navarrete se desempeñara como su conductor y explicó que estaba adscrito administrativamente a la Presidencia del INE, sin reconocer que realizara las funciones atribuidas en las publicaciones periodísticas.
También se refirió a su colaborador Luis Alberto Bustamante, originario de Sonora, cuya función prefirió describir como la de un “asistente especializado”.
De acuerdo con información difundida por REFORMA, Bustamante aparece contratado como líder de proyecto, con una remuneración mensual cercana a los 70 mil pesos, pese a los señalamientos sobre sus actividades como conductor de la presidenta del organismo.
Durante la conferencia, Taddei mostró supuestos expedientes administrativos y declaraciones patrimoniales de trabajadores, aunque no identificó públicamente a las personas a quienes correspondían los documentos exhibidos.
Según explicó, en esas declaraciones los empleados manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que no tenían participación en empresas, sociedades o asociaciones.
Sin embargo, ante los señalamientos sobre posibles vínculos empresariales, reconoció que el Órgano Interno de Control deberá revisar si la información presentada coincide con las actividades e intereses reales de los involucrados.
La presidenta argumentó que el INE recibió las declaraciones conforme a los procedimientos administrativos establecidos y que cada trabajador asumió la responsabilidad sobre la veracidad de los datos proporcionados.
Respecto a los contratos cuestionados, Taddei rechazó que su administración mantenga proveedores favoritos y aseguró que algunas de las empresas señaladas tienen antecedentes comerciales con el Instituto desde antes de que ella asumiera la Presidencia.
Como ejemplo, mencionó los procedimientos de adquisición de urnas, mamparas, bolsas, marcadores y otros materiales electorales, en los que participan compañías especializadas desde 2019.
La funcionaria sostuvo que no deben atribuirse exclusivamente a su gestión decisiones de contratación que tienen antecedentes en administraciones anteriores.
Sobre la adquisición de materiales utilizados durante la elección judicial de 2025, explicó que inicialmente se realizó una licitación que terminó declarándose desierta porque las empresas participantes no cumplieron con los requisitos técnicos o económicos.
Posteriormente, el organismo recurrió a una adjudicación directa sustentada en una investigación de mercado, procedimiento que, según Taddei, quedó documentado en los expedientes correspondientes.
La consejera presidenta aseguró que los archivos institucionales contienen las fechas, justificaciones y procedimientos aplicados en cada contratación, por lo que pidió que los casos sean examinados individualmente.
No obstante, reconoció que el hecho de que una empresa haya obtenido contratos anteriormente no significa que los nuevos procedimientos estén automáticamente libres de irregularidades.
“Para eso están los órganos de fiscalización y de control”, afirmó.
Taddei insistió en que las revisiones deberán determinar si las contrataciones y declaraciones patrimoniales cumplieron con las disposiciones correspondientes, sin adelantar resultados sobre las posibles responsabilidades.
Finalmente, la presidenta aseguró que el INE continuará con sus actividades institucionales y los preparativos de los próximos procesos electorales, mientras las instancias de fiscalización realizan las revisiones que correspondan.
Con información de Sonora Presente
