05 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- Una playa artificial en 11 mil metros cuadrados de superficie, en terrenos no costeros de Playa del Carmen; una serie de lagos inducidos continuos que recorren longitudinalmente una superficie de 424.85 hectáreas, además de un hotel de 280 habitaciones, viviendas y comercios, forman parte de Hazul, un proyecto que pretende desarrollar la empresa Arquitectoma Playa y para lo cual ha solicitado autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
La compañía ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la dependencia federal, el pasado 24 de septiembre, para que sea sujeto al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) y activistas como Sélvame del Tren, enfocados en la defensa del derecho a un medio ambiente sano y a la protección de ecosistemas de alto valor han desaprobado ya el proyecto.
rel="nofollow"“Lagos inducidos es igual a dinamitar el suelo cárstico tal y como lo hizo Calica. Esto no se debe permitir”, indicó la agrupación.
El proyecto inmobiliario comercial contempla lotes para más de 3 mil 200 viviendas horizontal y vertical; 928 townhouses en 464 lotes, de tres niveles y una altura máxima de 12 metros; lotes comerciales en una superficie de 25 mil 142 metros cuadrados, con una altura máxima de 8 metros.
Lotes mixtos en una superficie de 77 mil 261 metros cuadrados, con 619 viviendas en 8 lotes de seis niveles y una altura máxima de 24 metros; y el hotel de 280 habitaciones en una superficie de 69 mil 950 metros cuadrados.
Todo pretende desarrollarse en nueve etapas en el predio “San Francisco”, localizado a la altura del kilómetro 300, adyacente a la carretera federal 307 que va a Tulum, a 9 kilómetros de la ciudad de Playa del Carmen.
Para ello requerirá explotar la roca caliza a fin de provocar que aflore el acuífero y se induzca la presencia de lagos en una superficie de 908 mil 217 metros cuadrados, además de incluir una playa artificial –pública– áreas verdes y de vegetación, razón por la cual la empresa solicita a la Semarnat el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 251.1051 hectáreas de selva mediana.
“El predio cuenta con autorizaciones estatales previas de impacto ambiental”, se indica en la MIA consultada por EstamosAqui.mx.
Los permisos estatales se expidieron el 26 de octubre del 2023 por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, para las obras de urbanización, de acuerdo con la autorización SEMA/ DS/ SGPA/ DIRA/ 2432/ 2023, resultado de una serie de “relocalizaciones” de los usos de suelo originales, promovidas por la empresa y aprobadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y su Dirección de Desarrollo Urbano, del entonces municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.
Además, el predio también ha sido sujeto a aprovechamiento de roca caliza, de acuerdo con las autorizaciones en materia de impacto ambiental estatal SEMA/ DS/ 1192/ 2019 de fecha 11 de abril del 2019; SEMA/ DS/ 3157/ 2019, del 23 de septiembre de ese mismo año y 04/SGA/ 1195/ 2021 DEL 17 DE MAYO DEL 2021.
Un dato no menor es que el predio San Francisco cuenta con una condición particular:
“La explotación previa como banco de materiales que alcanzó el manto freático, el cual aflora actualmente en los cuerpos de agua existentes, elementos claves en el diseño de Hazul”, se menciona, al aclarar que “no se utilizarán explosivos en ninguna de las actividades del proyecto”.
El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales se ejecutará en las nueve etapas y cada una tiene un plazo estimado de 5 años, considerando un año previo para la gestión de permisos adicionales, con un horizonte total de 46 años.
“Las etapas no se ejecutarán necesariamente en orden consecutivo; su programación dependerá de factores técnicos, financieros y de mercado.
“Las actividades por etapa son: delimitación topográfica y física; rescate de vegetación y ahuyentamiento o rescate de fauna; desmonte y despalme; rescate de capa fértil; selección y acopio de material vegetal aprovechable; y triturado del material vegetal restante”, se lee en el documento.
Si bien la consultora encargada de la elaboración de la MIA y sus estudios para medir y proponer medidas de mitigación, reconoce que los impactos del proyecto “son adversos, de extensión puntual, de manifestación inmediata”, señala que “en su mayoría, de importancia compatible o irrelevante”.
Dos impactos se calificaron como moderados –el retiro de vegetación asociado al almacenamiento de carbono y las emisiones de CO2– y “no se identificaron impactos severos ni críticos”.
Los factores afectados son: suelo (erosión local y pérdida de capa fértil); agua (reducción de infiltración y riesgo de aportes al manto freático); aire (polvos y gases de combustión); vegetación (reducción de abundancia en la huella de CUSTF y posible establecimiento de especies exóticas); fauna (desplazamiento, riesgo para fauna de lento movimiento y pérdida temporal de hábitat); salud (ruido); y tráfico local (circulación de vehículos y maquinaria)”, se admite.
El especialista en el estudio del agua, Guillermo D’Christy, expresó desde sus redes sociales que este desarrollo inmobiliario es cuatro veces más grande que la colonia Colosio en Playa del Carmen y que quien pretende desarrollarlo “pretende engañar a la autoridad y a la opinión pública diciendo que aprovecharán el desmonte previo de selva y la explotación de caliza”.
“Las minas de caliza normalmente se explotan por cuadrantes, no en figuras caprichosas (convenientemente pensadas) para la construcción de proyectos arquitectónicos.
“La capacidad de carga de las áreas urbanas del norte de Quintana Roo está rebasada por mucho. Los pasivos ambientales se acumulan y la autoridad sigue destruyendo selva. Se sigue destruyendo selva y en consecuencia el hábitat de especies protegidas. Se sigue explotando agua sin exigir (al menos) el cumplimiento de la norma de descarga de aguas residuales. Dicen que no tendrán drenaje y que los desechos orgánicos se sacarán en pipas. ¿Quién procesará esa agua?”, cuestionó.
El activista advirtió que los promotores de “inversiones” venden los proyectos, cobran sus ganancias y no se preocupan por las afectaciones, porque “no les interesa el bienestar general”.
