
Escritores asistentes al Desayuno del Día del Escritor.
[Fuente de la imagen: sitio de Facebook de la Secretaría de la Cultura y las Artes].
El Desayuno del Día del Escritor o “Encuentro con la palabra”, efectuado el pasado viernes 20 de diciembre por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y que incluyó la entrega de la Medalla Oswaldo Baqueiro López de Periodismo Cultural, fue un compendio de errores de todo tipo.
Una grabación del evento podría servir didácticamente para mostrar lo que no se debe hacer en materia de promoción cultural institucional. También se vertieron expresiones que en algunos casos generaron dudas y en otros resultaron desafortunadas. Comentaremos algo de todo ello.
1.- El desayuno fue iniciativa de la sociedad civil en 1981, a la que al poco tiempo se sumó el gobierno estatal, y se había venido celebrando bajo el cobijo institucional, manteniendo la denominación de tradicional.
Los escritores de Yucatán apoyan de distintas maneras la tarea cultural, social y educativa en la entidad y el desayuno de cada 20 de diciembre es una forma de retribuirles en conjunto.
A su vez, para una institución cultural es un modo de vincularse con todos ellos como gremio.
2.- La responsabilidad de las invitaciones y de la organización del desayuno recae en quien ejerce la titularidad de la Sedeculta y en los mandos medios, es decir, en los dos niveles jerárquicos siguientes (dirección y jefatura de departamento) vinculados directamente con el evento.
Los empleados de los niveles siguientes están sujetos a las indicaciones de sus superiores y su responsabilidad -cuando la tienen- es mínima.
3.- La impresión general de los asistentes es de que el trato a los escritores yucatecos en este desayuno fue despectivo. Desde la restricción de las invitaciones hasta el hecho de echarles en cara que con este evento se estaban desperdiciando los recursos públicos que debían ser destinados hacia otros sectores de la población.
Sólo como comparación, no concibo que la Secretaría de Desarrollo Rural ofenda a los agricultores, ganaderos y apicultores o que la Secretaría de Pesca trate mal a los pescadores, en ambos casos la parte ejecutiva de su población objetivo, por lo que sería absurdo hacerles una crítica en bloque.
Para la Secretaría de la Cultura y las Artes los escritores forman una de las partes ejecutivas de su población objetivo.
También realizan un trabajo que, por lo común, a diferencia del de los agricultores y pescadores, no es retribuido económicamente y en cambio sí hacen gastos no recuperables para ejercer su actividad, por lo cual no se les debe estar haciendo exigencias de que destinen su tiempo y sus recursos para acciones que competen ante todo a los tres órdenes de gobierno.
4.- No fue una buena idea mezclar dos eventos que implicaban públicos distintos. A la merecida recipiendaria de la Medalla Oswaldo Baqueiro López se le restringió la posibilidad de invitar de manera abierta a sus familiares y amistades, además de los colegas de la prensa.
A la vez, se limitó mucho el número de escritores invitados y ello dio lugar a un buen número de mesas vacías mayor que en las celebraciones anteriores.
5.- ¿Tiene algún sentido que se dé a conocer la semblanza curricular de un funcionario público antes de que éste hable ante la concurrencia? Es la primera vez en mi vida que presencio algo así, como ocurrió en este acto oficial.
6.- ¿Qué significa la propuesta hecha de subirle el salario a las escritoras? ¿A qué escritoras y en qué dependencias? ¿O la Sedeculta va a contratar a escritoras con buenos salarios? Pregunté a varias personas qué es lo que habían entendido de esa propuesta y la respuesta fue que absolutamente nada.
7- Es absurdo que se haya pedido al representante del jurado que leyera todo el expediente relativo a la convocatoria y entrega de la Medalla Oswaldo Baqueiro López.
En materia de certámenes y concursos culturales un laudo es un documento muy concreto expedido por el jurado respectivo; concretamente, es un dictamen sintético.
No es lo mismo que la resolución definitiva de un proceso como lo es un laudo laboral, ni tampoco un laudo arbitral para dirimir un conflicto, los cuales como documentos implican una extensa exposición de motivos, hechos y referencias jurídicas.
En una ceremonia de premiación la lectura de un laudo debe limitarse al documento expedido por el jurado, por lo normal consistente en una o dos páginas.
8.- Se echó en cara que gastar en un desayuno como éste significa restar recursos para remediar el mal estado en que se encuentran, según se expresó, todas las bibliotecas públicas municipales existentes más allá de Mérida en los otros 105 municipios y se habló de que se está haciendo un diagnóstico para rehabilitarlas.
La responsabilidad de atender las bibliotecas públicas municipales recae de manera coordinada en los gobiernos federal, estatal y de los municipios.
Los dos primeros apoyan con capacitación, asesoría, supervisión, dotación de acervos, catalogación y gestiones diversas. A los municipios les corresponde la mayor inversión: la conservación e integridad de las instalaciones, la adquisición y mantenimiento del mobiliario y -si lo hay- del equipo de cómputo y de otras tecnologías, el pago de salarios a los empleados y la cobertura de los gastos fijos.
Es decir, que la responsabilidad presupuestal mayor y permanente recae en las administraciones municipales.
Por lo tanto, una limitación severa que se tiene en relación al mejoramiento bibliotecario es que pertenecen a los municipios y éstos son libres (autónomos), tal como lo indican el Artículo 115 de la Constitución federal y los artículos del 76 al 85 Ter de la Constitución Política de Yucatán.
Desde siempre ese ha sido el problema irresoluble: un alcalde apoya decididamente el buen funcionamiento de sus bibliotecas públicas y quien lo sucede tres años después se desentiende de ellas.
La Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales queda atada de manos y sólo le queda hacer los respectivos reportes y recomendaciones.
El ejemplo dado por el orador de que en una biblioteca pública municipal habían encontrado varias cajas de libros sin abrir, con el contenido ya deteriorado e inservible, es prueba de que en los órdenes federal y estatal se cumplía con la dotación de acervo, pero que había desidia y simulación en los responsables de aquella biblioteca y en las autoridades de ese municipio, o bien, problemas y carencias no reportados.
Es loable querer mejorar las bibliotecas públicas municipales y es una disposición legal, pero se tiene que poner los pies en el suelo porque solamente dos o tres de ellas están bajo el control directo del gobierno estatal y no se puede violar la autonomía municipal.
Tampoco el estado puede hacerse responsable de todo el gasto que implicaría atender el remozamiento o mantenimiento de 160 edificios y el pago de varios centenares de empleados así como de los gastos fijos.
Actualmente está vigente la Ley General de Bibliotecas expedida por el gobierno federal en 2023, que sustituye a la anterior de 1988.
En la década de 1940, sin que pueda precisar la fecha, se expidió en Yucatán una ley estatal de bibliotecas, que ha perdido positividad y posiblemente también vigencia.
Habría que considerar la pertinencia de crear una nueva ley estatal de bibliotecas, que no resolvería los problemas, pero sí podría ser de ayuda al brindar un marco regulatorio con responsabilidades mejor especificadas y la posibilidad de imponer sanciones por la falta de cumplimiento.
De todos modos, los obstáculos mayores siguen siendo la excesiva variabilidad de las decisiones tomadas por las sucesivas autoridades municipales y la inestable disponibilidad presupuestal en los tres órdenes de gobierno.
[Continuará]



