La regulación del uso de celulares y cualquier dispositivo electrónico e inteligente en las aulas de todos los niveles educativos del país no cancelará la alfabetización digital, establece la reforma legal aprobada este lunes por comisiones unidas del Senado para prohibir el uso de esos aparatos en la enseñanza básica, ordenar asambleas para decidir sus limitantes en el bachillerato e instar al uso responsable a nivel universitario.
Incluye en el listado de los objetivos de la educación en el país “la alfabetización digital, mediática e informacional, que permita a las personas educandas comprender los entornos digitales y la inteligencia artificial, evaluar críticamente la información, proteger su privacidad y ejercer una ciudadanía digital ética, segura y responsable”; es decir, la misma reforma obliga a no frenar el conocimiento de las herramientas del mundo digital.
rel="nofollow"Ayer, con el voto unánime de 27 legisladores federales de todas las fuerzas políticas, las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos Primera del Senado avalaron la reforma para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes y electrónicos en todo los niveles educativos, con prohibición en las aulas de la enseñanza básica, asambleas en el bachillerato para decidir su limitación y el uso responsable a nivel universitario.
La priista Carolina Viggiano, la panista Guadalupe Murguía, el emecista Luis Donaldo Colosio, el petista Alberto Anaya y los morenistas Omero Davis y Alfonso Cepeda expresaron su respaldo, aunque la priista y el emecista anunciaron que en el pleno presentarán propuestas de cambio en algunos puntos de la reforma.
Viggiano precisó que serán tres reservas. Una para que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados en la elaboración de las reglas que les afecta. Otra para que los planes de estudio incorporen el uso adecuado y seguro de las tecnologías, de la Inteligencia Artificial y de los contenidos digitales, dentro y fuera de la escuela y el tercero para que la Secretaría de Educación Pública evalúe si esas medidas mejoran el aprendizaje y rinda un informe al Congreso de la Unión para que se puedan evaluar las medidas.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, habló de vacíos en la reforma, como la atención del estado socioemocional del alumnado y la medición de los resultados de medidas como el restringir el uso del celular y anunció que presentará reservas sobre esos temas.
La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación ordena que “para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, sin menoscabo de lo establecido dentro de la fracción VII del artículo 113 de esta Ley, las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con pleno respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria, administrativa y académica, deberán establecer (…) disposiciones mínimas”.
En la educación básica se prohibirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales para las niñas, niños y adolescentes estudiantes, durante toda la jornada escolar. Sólo podrán utilizarse en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades.
En el nivel bachillerato se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución; “se llevará a cabo una asamblea previamente programada en la que se establecerán las condiciones y prácticas específicas para cada escuela, orientadas a ser pedagógicamente pertinentes, éticamente responsables, inclusivas, seguras y centradas en las personas”, ordena.
Y para la educación superior dice que “se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa en términos de las disposiciones de las autoridades educativas competentes y las instituciones de educación superior”.
