14 de julio/ Cancún, Q. Roo.- El éxito de Quintana Roo como destino turístico y receptor de inversiones no depende únicamente de sus playas, atractivos naturales o de la infraestructura turística, sino también de la certeza jurídica, el respeto al Estado de derecho y el combate a la corrupción, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Quintana Roo.
La presidenta del organismo, Jovita Portillo, se pronunció así al advertir sobre los efectos que la corrupción tiene en la economía y la competitividad.
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La empresa expuso que la corrupción dejó de ser un problema limitado al ámbito de la ética pública para convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos, al incrementar los costos de operación para empresas y ciudadanos.
Cada acto de corrupción representa un “impuesto ilegal” que terminan pagando la población, las empresas y el desarrollo del país, afirmó.
Como parte de su argumentación, citó cifras correspondientes a 2025, según las cuales 9.4 millones de mexicanas y mexicanos fueron víctimas de al menos un acto de corrupción, con un costo superior a los 17 mil millones de pesos.
Portillo Navarro dijo que cada persona afectada desembolsó en promedio tres mil 865 pesos, monto que representa el registro más alto de la última década.
La empresaria también subrayó que uno de los principales problemas es la falta de denuncia.
De acuerdo con los datos presentados, cerca del 99 por ciento de los actos de corrupción que enfrentan las empresas no son denunciados ni investigados, situación que, afirmó, propicia que estas prácticas dejen de ser hechos aislados y se conviertan en una constante.
En ese contexto, explicó que los trámites innecesarios, los retrasos en la expedición de permisos, los actos discrecionales de la autoridad y las solicitudes indebidas elevan los costos para producir bienes y prestar servicios, desalientan nuevas inversiones y frenan la creación de empleos formales.
Al referirse a Quintana Roo, COPARMEX señaló que la entidad enfrenta esta situación desde una posición estratégica debido a que compite de manera permanente con otros destinos nacionales e internacionales por la llegada de capitales y proyectos de inversión.
Precisó que la decisión de un inversionista de establecer un proyecto en el estado no depende únicamente de las condiciones naturales o del potencial turístico del Caribe Mexicano, sino de la existencia de instituciones que ofrezcan confianza, del cumplimiento de la ley y de la certeza jurídica para desarrollar actividades económicas.
En ese sentido, sostuvo que no puede existir desarrollo económico sostenible cuando la corrupción sustituye al Estado de derecho, ya que la confianza constituye uno de los principales factores que consideran quienes analizan oportunidades de inversión.
Ante ese panorama, COPARMEX Quintana Roo llamó a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción; simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales para reducir espacios de discrecionalidad; combatir la extorsión y consolidar instituciones transparentes que permitan recuperar la confianza tanto de la ciudadanía como del sector productivo.
Además planteó que el combate a la corrupción debe consolidarse como una política permanente de Estado y no limitarse a un discurso gubernamental, al considerar que las consecuencias de la falta de certeza jurídica trascienden a las empresas.
Explicó que cuando una inversión no se concreta debido a la ausencia de condiciones de legalidad, el impacto alcanza también a los trabajadores que dejan de acceder a nuevas fuentes de empleo, a las familias que pierden oportunidades de mejorar sus ingresos y al desarrollo económico del país.
Portillo Navarro reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los distintos sectores involucrados en el fortalecimiento de la legalidad.
Y sostuvo que la corrupción no solo genera pérdidas económicas, sino que también reduce oportunidades, deteriora la confianza y limita las posibilidades de desarrollo, por lo que combatirla constituye una condición para el crecimiento y la competitividad de México.
