12 de junio/ Cancún, Q. Roo.- Empresas concesionadas y autorizadas para prestar servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de Cancún solicitaron a las autoridades federales investigar la expedición de permisos, placas y tarjetas de circulación otorgadas bajo la modalidad de “Puertos y Aeropuertos”, al considerar necesario esclarecer si dichos documentos fueron emitidos cumpliendo todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normatividad vigente.
Entre las empresas que impulsan esta solicitud se encuentra Xelbor Transfer, una de las 16 compañías concesionarias oficiales que cuentan con autorización para operar dentro de las terminales aeroportuarias de Cancún.
rel="nofollow"La petición está dirigida a determinar quién autorizó la expedición de permisos federales a empresas que, de acuerdo con los transportistas concesionados, durante años operaron sin autorización aeroportuaria y posteriormente obtuvieron documentación federal que les permitió aparecer como prestadores de servicios regulados.
Josué Robles, representante legal de Xelbor Transfer, ofreció una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la ciudad para informar que interpondrán denuncias ante la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a las autoridades que aprobaron dichos permisos, la documentación presentada por las empresas beneficiadas y los fundamentos jurídicos utilizados para su autorización.
Conforme a lo que expuso, la obtención de placas federales para el servicio de autotransporte de pasajeros en aeropuertos requiere, además de autorización de la SICT, permisos del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), empresa responsable de otorgar los contratos que permiten a determinadas compañías prestar servicios de transporte terrestre dentro de las terminales.
Los contratos emitidos por ASUR establecen las condiciones específicas de operación de cada empresa, incluyendo las terminales donde pueden prestar servicio, las áreas asignadas para sus actividades y el número de unidades autorizadas para operar dentro del aeropuerto.
Por ello, consideró necesario verificar si las compañías que obtuvieron permisos federales acreditaron la existencia de contratos aeroportuarios vigentes, autorizaciones operativas y la cantidad de vehículos permitidos para prestar el servicio.
Las pérdidas de las 16 empresas por el trabajo de los prestadores de servicio de transporte “pirata”, van del 30 al 40 por ciento, dijo.
“Hemos tenido afectación con respecto al pirataje. El porcentaje nos ha mermado un 30 por ciento cpn respecto a las ventas; es impresionante cómo ha crecido el tema informal, pero formal. Estas empresas trabajan con placas de pasaje oficiales, que no sabemos cómo las obtuvieron.
“Esto se va a denunciar ante la Fiscalía General de la República, porque es un delito falsificar documentación oficial federal y también vamos ante la SCT para que se llegue al responsable de quién emitió estas placas y estas tarjetas de circulación sin contrato con ASUR. Somos 16 compañías y, por el momento, solo nosotros daremos inicio a las demandas”, expresó.
Como parte de la solicitud, Robles pidió se revisen los expedientes administrativos completos relacionados con dichas autorizaciones, incluyendo solicitudes, dictámenes técnicos, contratos, renovaciones, validaciones y cualquier documento utilizado como fundamento para la emisión de los permisos actualmente vigentes.
También se busca identificar a los funcionarios públicos que participaron en los procesos de autorización, expedición, validación o renovación de estos documentos, con el objetivo de determinar si existieron omisiones, incumplimientos normativos o posibles irregularidades administrativas.
En caso de acreditarse que alguna autorización fue emitida sin acatar los procedimientos de ley, las autoridades tendrán que proceder, dijo Robles.
El representante legal aclaró que la solicitud de investigación no tiene como objetivo afectar la operación turística del destino ni la movilidad de los pasajeros que utilizan el aeropuerto, sino verificar que todos los prestadores de servicios compitan bajo las mismas condiciones regulatorias.
En ese sentido reconoció la coordinación que mantienen actualmente la Guardia Nacional, la SICT y el propio ASUR en las labores de supervisión y control de las operaciones de transporte terrestre dentro de las instalaciones aeroportuarias.
Rechazó que las autoridades federales soliciten pagos por unidad, cuotas semanales o aportaciones económicas para permitir la operación de las empresas reguladas, como se ha especulado y subrayó que ninguna de las compañías autorizadas realiza pagos extraordinarios a autoridades federales, aeroportuarias o de seguridad para poder prestar sus servicios.
