La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que el constructor del “primer piso” de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se “jubiló” con una pensión de “cerca de 28 mil pesos mensuales”; y que ella recibiría, al retirarse, una pensión que “rondaría los 30 mil pesos al mes”.
Para efectos de esta columna, la revelación presidencial no tiene la menor importancia.
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Lo relevante es la insistente demanda de un grupo numeroso de maestros, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que se abrogue la coloquialmente denominada Ley del Issste, promulgada en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que “transformó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado de un modelo solidario a uno de Cuentas Individuales administradas por Afores”.
(Los trabajadores de la educación, que integran la CNTE piden, además de la abrogación de la Ley del Issste de Calderón, de acuerdo con reportes de prensa: La abrogación de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; La reanudación del diálogo directo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Única de Negociación de la CNTE; Regreso al sistema de pensiones sin Afores; Incremento salarial del 100 % al sueldo base y mejores condiciones laborales; Seguridad para la comunidad escolar y mayor presupuesto a los rubros de educación, salud y seguridad social; Alto a los descuentos salariales aplicados a los trabajadores que han participado en movilizaciones; y, Cumplimiento del acuerdo de no represión contra su movimiento).
Promesa de campaña
En campaña, Sheinbaum Pardo se comprometió a abrogar la Ley del Issste de 2007. Enérgica, exclamó: “Vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones de 1997 y de 2007, que condenaron a los trabajadores del Estado a pensiones de miseria”.
La CNTE le exige que cumpla con su promesa de campaña. El gobierno federal no cumple con el ofrecimiento presidencial. Aún no abroga la Ley del Issste.
Por el contrario, ahora afirma que “regresar a 2007, representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”. Agregó que “pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público”.
Según el director del Issste, Martí Batres Guadarrama, dice que “abrogar la reforma de pensiones de 2007 requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del producto interno bruto” -unos “7 billones de pesos”, dice. Reconoció que la medida de 2007 fue “injusta”, pero no apoya a los trabajadores en sus pretensiones de abrogar la Ley del Issste.
Así, la respuesta a la CNTE es conservar y sostener la Ley del Issste del panista Calderón Hinojosa, y someter a los trabajadores a recibir y seguir recibiendo, “pensiones de miseria”.
Son los vaivenes de la política mexicana.
La situación en Yucatán
En 1992, se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, por el que la federación transfirió a las entidades federativas la responsabilidad de los servicios educativos de educación básica que tenía a su cargo, con la finalidad, se afirmó, de “corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo”.
De esta manera, el gobierno estatal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmaron un convenio para el “cabal cumplimiento del Acuerdo”. Un punto destacado del convenio en cuanto a los trabajadores de la educación, que en adelante se denominaría “transferidos”: que el estado de Yucatán sustituía al titular de la SEP en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles que administraba la federación.
Luego, en otro pacto entre el gobierno estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se convino que el SNTE reconoció que el estado de Yucatán sustituía a la SEP en la titularidad de las relaciones jurídicas con los trabajadores de base.
Es decir, todos estaban de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo. El nuevo “patrón” de los trabajadores de la educación era (y es) el estado de Yucatán.
La “contrarreforma” de Mauricio Vila Dosal
El gobernador amonestado públicamente por el Congreso estatal, Mauricio Vila Dosal, pretendió condenar a los trabajadores de la educación de Yucatán a percibir “pensiones de miseria” con su nueva Ley de Seguridad Social de la entidad.
No lo logró. En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de dicha ley, que Vila estableció en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado. La LXIV Legislatura cambió los preceptos negativos para los trabajadores.
Ahora, los trabajadores estatales se pueden jubilar voluntariamente cuando hayan alcanzado 30 años de cotización, en el caso de los hombres, o 28 años de cotización, en el caso de las mujeres, y “sin límite de edad”.
Reciben como pensión el total o parte de su “último salario”, que es, conforme a la ley, “el promedio mensual de todos los salarios de cotización de la persona servidora pública, correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba”.
Regla aplicable
Si a partir de la vigencia del Acuerdo y los convenios relacionados anteriormente, el estado de Yucatán es el “patrón” de todos los trabajadores transferidos de la educación que prestan sus servicios en educación básica en la entidad, entonces, ¿serían aplicables a ellos las disposiciones de la yucateca Ley de Seguridad Social en lo que se refiere a las jubilaciones y pensiones?
Podría ser discutible el asunto.
Los trabajadores transferidos sostendrían que su aplicación sería en beneficio de ellos y que podrían jubilarse en los términos de la legislación estatal, y no en los de la Ley del Issste, que la CNTE sigue impugnando políticamente, sin resultados positivos para sus agremiados.
El poder público morenista no estaría de acuerdo, podría esgrimir como lo hace la federación, que no tendría dinero para jubilar a los trabajadores transferidos, que “quebrarían” las finanzas públicas y que el presupuesto de egresos no alcanzaría para otorgarlas bajo el amparo de la Ley del Isstey.
Lo importante y trascendente es que los trabajadores acudieran a los tribunales para dirimir el cuestionamiento. No hacer caso a las opiniones de ellos ni del aparato gubernamental morenista, sino atender únicamente a los criterios jurídicos y de Derecho de los tribunales.
De esta manera, los trabajadores transferidos de la educación del estado de Yucatán ya no recibirían “pensiones de miseria”, como las calificó, en campaña proselitista, la presidenta Sheinbaum.
Presupuesto yucateco 2026
A). Isstey
Para el pago de las jubilaciones y pensiones, el presupuesto de egresos 2026 asignó al Isstey la cantidad de 2 mil 058 millones 207 mil 561 pesos, o sea, el 60.85 por ciento del total de su gasto, que asciende a la suma de 3 mil 381 millones 972 mil 545 pesos.
El Isstey asegura que en el primer trimestre de 2026 ya pagó por el concepto de jubilaciones y pensiones, la cantidad de 552 millones 403 mil 356.21 pesos.
Y que tiene “pasivos”, al 31 de marzo último, por 923 millones 521 mil 134.66 pesos.
B). Ejecutivo estatal
Cuenta con recursos por 1 mil 104 millones 447 mil 300 pesos, para el pago de jubilaciones y pensiones, clasificados de la siguiente manera:
1). Jubilaciones, 847 millones 447 mil 612: a). Jubilados de educación, 738 millones 689 mil 251 pesos; b). Jubilados burócratas, 105 millones 899 mil 248 pesos.
2). Apoyo a jubilados y viudas de henequeneros, 2 millones 859 mil 113 pesos; Pago de sumas aseguradas, 18 millones 571 mil 128 pesos; y “Funerales y pagos de defunción”, 5 millones 370 mil pesos.
En el informe financiero del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, consta que el Ejecutivo redujo su gasto en el concepto de jubilaciones y pensiones, en 7 mil 215 pesos, para quedar su presupuesto en 1 mil 104 millones 440 mil 085 pesos.
“Ni los oigo, ni los veo”
La presidenta Sheinbaum advirtió, según notas de prensa, que “su gobierno ya no consultará a las cúpulas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o cualquier sindicato, para construir las soluciones a las demandas del magisterio disidente”.
Que ahora “se consultará directamente a las bases magisteriales, y ya no a las cúpulas sindicales”. Pero la consulta se limitará a la “desaparición” de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic).
Coleccionista
En el libro “Cuando Moctezuma conoció a Cortés”, del etnohistoriador británico, Matthew Restall:
– “Montezuma también era coleccionista de libros. Su biblioteca debe haber tenido cientos de pergaminos de colores y manuscritos que casi fueron destruidos en la guerra y durante los siglos posteriores de dominio español”.
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