27 de julio/ Cancún, Q. Roo.- A seis años de la desaparición y feminicidio de la joven Francisca Mariner, en una vivienda de Cancún, la exfiscal Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de Quintana Roo, Rosa María Hernández, ofreció una disculpa pública a María Dolores Patrón Pat, madre de la víctima, por las omisiones y negligencias que cometió en el caso.
La medida se logró como parte de un proceso abreviado, que incluye cumplir una serie de condiciones durante un año, a fin de concluir de forma anticipada el procedimiento penal iniciado en contra de la exservidora pública.
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La ceremonia de disculpas públicas se celebró este lunes a las 17 horas, al pie de las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), luego de que el acuerdo fuera aprobado durante la audiencia intermedia celebrada el pasado 22 julio, en un Juzgado Penal.
“Ofrezco mis más sinceras disculpas frente a las omisiones que llevaron a una identificación tardía del paradero de la víctima. Esta disculpa pública busca hacer frente a la verdad, reconocer el impacto de las fallas institucionales en la procuración de justicia y dignificar su lucha por la memoria de Francisca Mariner Flores Patrón”, dijo la ex fiscal especial, Rosa María Hernández, al reconocer las omisiones y negligencias atribuidas a su actuación cuando estuvo al frente de esa área y le tocó llevar el caso Francisca Mariner, reportada como desaparecida el 22 de junio del 2020.
En su mensaje, admitió que la institución incumplió con su obligación de actuar con la máxima diligencia y aceptó que existieron fallas en la supervisión de la investigación, en la coordinación entre las áreas involucradas y en el seguimiento que debía realizarse sobre el trabajo de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos encargados del expediente.
Tampoco existió una supervisión técnica e institucional suficiente sobre las actuaciones del personal responsable del caso, lo cual ocasionó “omisiones, ineficiencias y dilaciones” que retrasaron la localización e identificación de Francisca Mariner.
Ahí, las hermanas de Francisca, “MariPat” y la asesora jurídica de la familia, Ariadne Song, escucharon que las deficiencias procedimentales y los retrasos burocráticos cometidos, obstaculizaron el derecho de la familia a acceder de manera pronta a la verdad y a la justicia e incrementaron el sufrimiento por la desaparición de la joven.
Por tanto, la exfiscal especial señaló que la disculpa pública representa una medida de reparación, satisfacción y garantía de no repetición.
En entrevista, “Maripat” explicó que además de la disculpa pública, Rosa María Hernández deberá cumplir alrededor de 10 condiciones impuestas por el juez durante un periodo de un año. Si las cumple en tiempo y forma, el proceso podrá darse por concluido; de lo contrario, el procedimiento penal continuará desde la etapa en la que fue suspendido.
Patrón Pat precisó que, como consecuencia del acuerdo, quedaron sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre la ex funcionaria, entre ellas la prohibición de salir de Quintana Roo, la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad y la restricción de acercarse a las víctimas.
No obstante, como parte de los compromisos asumidos, deberá mantener distancia de las víctimas, abstenerse de cualquier acto de intimidación o señalamiento y entregar al juez la evidencia del cumplimiento de la disculpa pública que, en principio, pidió se realizara durante la audiencia judicial o en un salón de la FGE, pero las víctimas solicitaron que el acto se realizara de manera pública, petición que finalmente fue aceptada.
La presidenta del colectivo ”Madres Buscadoras de Quintana Roo”, dijo que, hasta el momento, Rosa María Hernández es la única de los cuatro servidores públicos vinculados a proceso que ha reconocido las negligencias y omisiones que le fueron atribuidas.
Los otros tres continúan sujetos al proceso penal y mantienen las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
Patrón Pat consideró que las disculpas públicas representan un paso para las víctimas, al considerar que permiten avanzar en un proceso de reparación y reconocimiento de las omisiones cometidas por servidores públicos durante la atención de casos de personas desaparecidas.
También afirmó que este resultado demuestra que las víctimas pueden recurrir a mecanismos legales para exigir responsabilidades a funcionarios públicos y acceder a la justicia y a la verdad cuando consideran que existieron actuaciones negligentes en el ejercicio de sus funciones.
