
Nuestras calles, avenidas y carreteras no son pistas de carreras. Por ellas transitan nuestros hijos, hermanos, padres y nuestros amigos. Las recorremos para estudiar, trabajar, regresar a casa y encontrarnos con quienes queremos. Poder desplazarnos con seguridad debe ser una condición básica de la vida cotidiana.
Los hechos viales con consecuencias lamentables que motivan nuevamente esta reflexión nos obligan a preguntar: ¿cuántas pérdidas más necesitamos que se acumulen en las estadísticas para actuar con la urgencia que merece la protección de la vida?
La preocupación por la carretera Mérida-Progreso forma parte de un problema que debemos atender en toda nuestra red vial. Las competencias federales, estatales y municipales deben precisarse para determinar quién interviene y con qué atribuciones. Esa distribución de responsabilidades debe servir para coordinar acciones, establecer compromisos y dar seguimiento a sus resultados. Pero los ciudadanos, los habitantes y las madres de familia no podemos esperar a que los distintos niveles de gobierno se pongan de acuerdo, ante algo que requiere un pronunciamiento serio y alta responsabilidad y empatía social.
Como sociedad, necesitamos cuestionar la tolerancia hacia el exceso de velocidad. Tener un automóvil potente o de alta gama no otorga derecho alguno a poner en peligro a otras personas. La capacidad de acelerar tampoco acredita la capacidad de conducir responsablemente. Compartimos el espacio vial con personas que tienen distintas edades, condiciones físicas y formas de desplazarse.
Un vehículo permite trasladarnos, pero su conducción implica una responsabilidad proporcional al daño que puede causar. La libertad de conducir encuentra un límite indispensable en la vida y la integridad de los demás.
Educar y prevenir desde ahora
Necesitamos educación vial en las familias, las escuelas y los procesos de formación de conductores. También necesitamos vigilancia, infraestructura segura y consecuencias efectivas ante las conductas peligrosas. Estas tareas deben desarrollarse al mismo tiempo. Habría que reflexionar cuánto tiempo nos llevará educar y tener conductores responsables u consientes. Y si de verdad podemos esperar a que llegar a ese nivel de conciencia.
Mientras construimos conciencia, las autoridades deben utilizar sus atribuciones para prevenir daños. Los límites de velocidad necesitan señalización clara, supervisión y calles cuyo diseño favorezca su cumplimiento. Los cruces, los accesos, la iluminación y las condiciones para caminar o desplazarse en bicicleta también forman parte de la seguridad vial.
La experiencia de Bilbao ofrece un antecedente para la discusión: en septiembre de 2020 extendió el límite de 30 kilómetros por hora a toda su trama urbana. Esta decisión expresa una prioridad que merece consideración: organizar la circulación alrededor de la protección de las personas.
En México ya existe una referencia normativa que debemos atender. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece máximos de 30 kilómetros por hora en calles secundarias y terciarias, y de 50 en avenidas primarias sin acceso controlado. La velocidad permitida debe corresponder al tipo de vía y a la seguridad de quienes la utilizan.
¿Qué estamos haciendo con las herramientas disponibles?
La revisión del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán permite identificar disposiciones que merecen mayor atención pública.
El artículo 236 califica como muy grave superar en un 30 por ciento las velocidades máximas autorizadas. El artículo 454 contempla la suspensión de la licencia por seis meses ante una primera infracción muy grave y por doce meses ante una segunda. Los artículos 461 y 462 prevén el uso de dispositivos tecnológicos para sancionar infracciones, como es el caso del exceso de velocidad.
Estas disposiciones plantean preguntas que las autoridades deben responder: ¿cómo se detectan y tramitan estas conductas?, ¿cuántas suspensiones se determinan por exceso de velocidad?, ¿cómo se verifica su cumplimiento?, ¿qué dificultades impiden hacerlas efectivas?
No corresponde afirmar, sin información, que las sanciones nunca se aplican. Sí corresponde exigir datos públicos para conocer su funcionamiento y evaluar si protegen efectivamente a la población.
Las cámaras y los sensores deben servir para prevenir, detectar y sustentar actuaciones de la autoridad. Su utilidad debe evaluarse por su contribución a reducir las conductas peligrosas y los daños. Para ello se requieren mediciones confiables, procedimientos claros, notificaciones oportunas y posibilidades de defensa. Cuando la consecuencia afecte la licencia, también debe acreditarse quién conducía.
Los hechos lamentables de los que somos testigos cada semana obligan a preguntarnos si existieron oportunidades previas para intervenir. Las grabaciones que han circulado en redes sociales, en las que presuntamente aparecen los vehículos involucrados realizando prácticas de riesgo, deben ser verificadas para determinar si permitían identificar a sus conductores, acreditar infracciones y aplicar las sanciones correspondientes antes de que ocurrieran estas tragedias.
El reglamento estatal califica como muy grave superar en un 30 por ciento la velocidad máxima autorizada. Ese umbral no constituye una tolerancia ni permite circular por encima del límite: cualquier exceso es una infracción.
Según en Artículo 236, inciso I. En carreteras estatales: “Velocidad máxima, 80 kilómetros por hora máxima y mínima, 60 kilómetros por hora, excepto en el tramo Chicxulub-Uaymitún, en donde la velocidad máxima será de 90 kilómetros por hora y la mínima, de 70 kilómetros por hora”.
Pero ¿qué pasa en la carretera Mérida-Progreso? Está considerada como parte del sistema de carreteras federales libres MEX-261 y si el límite aplicable en la carretera Mérida-Progreso es de 110 km/h, un incremento del 30 por ciento equivaldría a 143 km/h; sin embargo, antes de aplicar este cálculo a los casos referidos, es indispensable precisar el límite vigente en cada tramo y la normativa correspondiente a su jurisdicción.
También es necesario conocer los peritajes de los hechos en los que estuvieron involucrados la Hummer negra y el Mazda rojo, para establecer sus velocidades, la mecánica de las colisiones y las responsabilidades respectivas. Las pérdidas humanas son irreparables. Precisamente por ello, debemos exigir que se investiguen las oportunidades de prevención y se actúe oportunamente frente a las conductas que ponen vidas en peligro.
Una propuesta para proteger la vida
Propongo impulsar una revisión integral del marco jurídico y de su aplicación. Debemos armonizar los límites de velocidad, revisar la proporcionalidad de las multas y asegurar que las suspensiones de licencia previstas se tramiten y cumplan conforme a derecho.
Por tanto, es necesario revisar tanto el umbral del 30 por ciento utilizado para clasificar el exceso de velocidad como infracción muy grave (artículo 447. VIII), como las sanciones correspondientes. Ese porcentaje no debe entenderse como un margen de tolerancia: el límite máximo debe respetarse desde el primer momento. La revisión debe considerar cuánto se excede la velocidad permitida, el riesgo del entorno y la reincidencia, con multas proporcionales, suspensión efectiva de la licencia y trabajo en favor de la comunidad cuando exista fundamento legal. Proteger la vida exige consecuencias oportunas y efectivas, antes de que ocurra una tragedia.
También debemos estudiar la incorporación o el fortalecimiento del trabajo en favor de la comunidad, con fundamento legal, supervisión y objetivos formativos. Las medidas deben guardar relación con la gravedad de la conducta y la reincidencia. Su diseño necesita evitar que pagar una multa se convierta en una forma de asumir el riesgo de seguir conduciendo peligrosamente.
Esta revisión debe acompañarse de un programa de intervención en puntos de riesgo, coordinación entre autoridades y publicación periódica de resultados. Necesitamos conocer qué se hace, dónde, con qué recursos y qué cambios produce.
La responsabilidad también nos alcanza como madres y padres, docentes, vecinos y conductores. Debemos dejar de celebrar la velocidad como demostración de habilidad o prestigio y asumir que cada decisión al volante afecta a otras personas.
La omisión frente a riesgos conocidos tiene un costo humano que ninguna familia debería experimentar. Determinar responsabilidades jurídicas exige analizar cada caso; exigir prevención es una responsabilidad pública que podemos asumir desde ahora.
Todos merecemos regresar a casa. Nuestras calles no son pistas de carreras. Son espacios compartidos donde la vida debe tener prioridad.



