29 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho Ribeiro solicitaron imponer la pena máxima al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de la autora de Los Demonios del Edén, mientras la defensa del ex mandatario estatal pidió absolverlo y liberarlo, al argumentar que no existen pruebas suficientes de que haya ordenado o ejecutado las agresiones.
Las posiciones fueron expuestas hoy durante la audiencia pública de alegatos finales, celebrada por videoconferencia ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, a cargo de la jueza María José Pech Sáenz.
rel="nofollow"El ministerio público federal afirmó que Marín Torres utilizó la estructura de poder del gobierno de Puebla para castigar a la periodista y enunció las agresiones físicas y psicológicas que Cacho habría sufrido durante las aproximadamente 20 horas de traslado de Cancún a Puebla, el 16 de diciembre de 2005.
La Fiscalía pidió considerar la condición de mujer y periodista de la víctima, las afectaciones a sus derechos humanos y el pronunciamiento del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de 2018. También solicitó que, en caso de condena, se ordene la reparación integral del daño.
La defensa particular, encabezada por Pamela de Jesús Ramírez Cruz, rechazó que se haya acreditado la intervención de Marín. Sostuvo que la Fiscalía “confunde la responsabilidad política derivada de su cargo como gobernador con la responsabilidad penal individual”.
La abogada cuestionó la validez de testimonios de referencia, diligencias ministeriales que no fueron sometidas a contradicción judicial, dictámenes periciales que no se ratificaron ante el juzgado y grabaciones telefónicas cuya obtención calificó de ilícita.
También afirmó que las conversaciones entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, difundidas en 2006, no demuestran que el propósito de las llamadas fuera castigar a Cacho por su libro.
Marín Torres, quien participó desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, negó haber ordenado la tortura y aseguró que, por el contrario, solicitó que se reforzara la custodia de la periodista, incluso con mujeres policías durante parte del traslado.
En contraste, Araceli Andrade Tolama, asesora victimal de Cacho, sostuvo que la responsabilidad del exgobernador puede acreditarse mediante el análisis del contexto y de la estructura de poder que encabezaba el exmandatario.
Consideró “rayar en la ingenuidad”, el pretender que exista una orden escrita por Marín Torres, para torturar a la también defensora de los derechos humanos y defendió la validez de las grabaciones telefónicas y de los elementos periciales incorporados al expediente.
El abogado Víctor Alonso del Pozo Rodríguez, también asesor victimal de Cacho, pidió una sentencia condenatoria en contra del exgobernador.
Argumentó que la prohibición de la tortura obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar estos hechos, y defendió que la responsabilidad puede atribuirse a quien utiliza una estructura jerárquica para que otras personas ejecuten las agresiones.
Durante su intervención, Lydia Cacho pidió la pena máxima y la reparación integral del daño, incluida una disculpa pública de Marín, hacia las víctimas y hacia ella.
Le recordó que lleva 21 años enfrentando el proceso y sostuvo que fue castigada por investigar redes de explotación sexual infantil y defender los derechos de la niñez.
“Yo soy Lydia Cacho porque dije la verdad y el aparato del Estado me castigó por eso”, expresó ante la jueza.
Concluidos los alegatos, María José Pech Sáenz informó que estudiará los argumentos de las partes y los 66 tomos que integran la causa penal.
Indicó que emitirá la resolución de fondo “a la brevedad posible, de acuerdo con las cargas de trabajo” y dio por concluida la diligencia a las 14:29 horas, sin que se dictara sentencia sobre la responsabilidad penal del exgobernador.
