Impuesto, tributo, contribución, gravamen, tasa, arbitrio, alcabala, gabela, peaje, portazgo, diezmo, derrama, exacción, arancel y derecho son algunos de los distintos nombres que, a lo largo de la historia, ha recibido aquello que debemos entregar al poder público como consecuencia de nuestros ingresos, propiedades, consumos, intercambios y actividades.
Cada uno de esos términos tiene un significado particular, pertenece a una época y responde a una forma distinta de organización política y económica. Sin embargo, todos convergen en un mismo acto: pagar.
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Pagar por poseer. Pagar por comprar. Pagar por vender. Pagar por producir. Pagar por importar. Pagar por circular. Pagar, incluso, por morir y dejar nuestros bienes a quienes nos sobreviven.
El nombre ha cambiado muchas veces. La obligación de pagar, no.
No hubo, hasta donde sabemos, un individuo identificable que un día “inventara” los impuestos. El fenómeno apareció gradualmente cuando las primeras sociedades agrícolas produjeron excedentes y surgieron Estados capaces de exigir una parte de ellos.
Uno de los testimonios más antiguos nos lleva a Mesopotamia, particularmente a las ciudades sumerias del IV y III milenio a. C. Allí, mucho antes de que existiera el dinero como hoy lo entendemos, los habitantes entregaban al templo o al palacio cereal, ganado, aceite, tejidos y jornadas de trabajo. En otras palabras, el primer recaudador no esperaba monedas: esperaba cebada.
La escritura y los impuestos tienen historias entrelazadas. Muchas de las primeras tablillas mesopotámicas no contienen poemas ni grandes relatos, sino registros administrativos: cantidades de cereal, animales, trabajadores, propiedades y entregas. La necesidad de administrar excedentes y obligaciones contribuyó al desarrollo de sistemas de contabilidad y escritura.
Después vendría Egipto, donde el sistema fiscal alcanzó una organización formidable. Los escribas registraban tierras y cosechas y el poder del faraón podía exigir productos y trabajo. Siglos más tarde aparecerían los tributos griegos y romanos, los diezmos y derechos medievales, las alcabalas de las monarquías hispánicas y, finalmente, los sistemas fiscales de los Estados modernos.
En el México moderno, prácticamente cada gobierno ha creado, modificado o aumentado algún impuesto, “para lo que fuera” o “por lo que fuera”. Sin embargo, pocas veces la palabra impuesto había circulado tanto en la conversación cotidiana como ahora, a propósito de los recursos destinados a los adultos mayores mediante los programas del Bienestar.
Desde algunos sectores de la oposición se cuestionan estos apoyos con argumentos que van desde considerarlos una entrega indiscriminada de dinero hasta afirmar, en términos mucho más despectivos, que se reparte dinero “a los huevones” o que regalarlo no constituye una política pública creativa.
Vicente Fox ha sido una de las figuras políticas que con mayor frecuencia ha recurrido a este tipo de argumentos.
Pero la discusión permite formular una pregunta distinta: ¿quién produce realmente la riqueza de la que dispone el Estado?
Porque antes de que un político decida cómo gastar un peso, alguien tuvo que producirlo y alguien tuvo que pagarlo en forma de impuesto.
De allí surge una pregunta todavía más incómoda: frente a la inmensa riqueza que la sociedad genera y el Estado recauda, ¿los políticos son sus administradores o sus parásitos?
En la vida cotidiana, muchos altos funcionarios disponen de vehículos oficiales, gasolina, choferes, personal de apoyo, seguridad y viáticos. Viajan, se trasladan y realizan buena parte de sus actividades con recursos provenientes del erario, es decir, del dinero que la sociedad entrega mediante impuestos.
Su función, ciertamente, es administrar, legislar o gobernar, y por ello reciben un salario. Pero cabe preguntarse: ¿qué riqueza material producen directamente? ¿De dónde provienen los recursos que sostienen el aparato político y administrativo del Estado?
Provienen, fundamentalmente, de una sociedad que trabaja, produce, compra, vende y paga impuestos.
Entonces la pregunta resulta inevitable: si se acusa de improductivos a quienes reciben una ayuda del Estado, ¿con qué criterio debemos juzgar a quienes viven profesionalmente de administrar el dinero producido y aportado por los demás?
¿Es esa una vida creativa y generadora de riqueza? ¿O estamos ante una paradoja en la que quienes viven del impuesto llaman improductivos a quienes reciben una pequeña parte de lo recaudado?
Y llevada la pregunta hasta sus últimas consecuencias: ¿quién es realmente el parásito?
