

En audiencia privada, donde solo se permitió el acceso a familiares del Comisario ejidal de Santa María Chi, Wilberth A.N.P., a pesar de los argumentos del denunciante exponiendo que si bien había un desacuerdo por el funcionamiento de la empresa a la que representa, para eso están las autoridades responsables y no se debe actuar fuera de la Ley.
Después de varias horas de insistentes debates, entre las partes, la Juez Blanca Góngora Alcocer, ratificó ayer el no ejercicio de la acción penal en favor del comisario ejidal.
En la carpeta de Investigación consta la denuncia presentada en su momento, se expuso que, el 14 de mayo del 2023, alrededor de las 06.00 horas, presuntamente el investigado dirigiendo a un grupo de personas, algunos armados con escopetas, machetes y palos, se consituyeron al acceso principal del Tablaje Catastral número 267 denominado Santa Maria Chi, municipio de Mérida, que es propiedad privada y se encuentra en posesión de la persona moral Pecuaria Peninsular, donde operaba una granja denominada San Gerardo, impidiendo el ingreso y salida del personal, vehículos de la granja y particulares.
Se agrega que bloquearon todos y cada uno de los accesos, amagando con armas a los empleados que terminaban sus labores y pretendian retirarse a sus domicilios, impidiendo que la empresa agraviada disfrute de sus derechos para los fines destinados.
La Fiscalia pretendía formular imputación por los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.
El representante de la empresa, destacó, que si bien existia un desacuerdo o inconformidad con las actividades de la granja, esto no justifica la comisión de delitos.
La violencia no es una herramienta válida para expresar el descontento y por el contrario puede generar un clima de inseguridad y desconfianza que perjudica no solo a su representada, sino a los trabajadores y sus familias y a toda la comunidad, señaló en su momento.



