Opiniones

Inccopy cometió una torpeza jurídica

            El aparato gubernamental morenista de Yucatán considera a la “ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, como una “obra estratégica”. Hay otras dos, así calificadas: “Tren Maya de carga” y “Polos de Desarrollo” (ver “Inversión estatal en Proyectos estratégicos”, EstamosAquí.mx, 13 de abril de 2026).

            El gobierno del estado ha pagado por la primera obra, la cantidad de 1 mil 630 millones de pesos, según el discurso gubernamental. El recurso proviene del crédito solicitado por la administración del gobernador amonestado públicamente, Mauricio Vila Dosal, de “hasta 3 mil 063 millones de pesos”, que pagarán los contribuyentes yucatecos, desde ahora y hasta el 2 de octubre de 2043.

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            El costo total de la obra, de acuerdo con la información del gobierno federal, asciende a la cantidad de 7 mil 225 millones de pesos. Es promovida además por la empresa «Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, SA de CV”, de la Secretaría de Marina.

            En un boletín oficial de prensa, del pasado viernes 19 de junio enero último, se informó “la conclusión de la primera fase de dragado y el inicio de la segunda etapa”, que tendría una inversión “privada de 948 millones de pesos”, a cargo de la empresa “SSA Marine México”. Se dijo también que ésta incluiría “el dragado para aumentar la profundidad del canal a 13.3 metros y la ampliación del atraque a 450 metros de longitud”.

            Información reservada

            Es probable que lo anterior sea lo último que se sepa públicamente de dicha “obra estratégica”, ya que el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy), la clasificó, de acuerdo con reportes periodísticos, como “información reservada”.

            El Inccopy “argumentó” que proporcionar información de la obra “podría comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social o facilitar actos de sabotaje”, y la “reservó” por un plazo de cinco años, “prorrogable” a otros cinco.

            La información de la ampliación del Puerto de Altura estará sometida a la que quiera proporcionar la administración gubernamental morenista. Ha sido vedada a cualquier persona que la solicite vía la plataforma de transparencia. No habrá acceso a la información pública, por determinación del Inccopy.

            El documento de reserva de la información de la “obra estratégica” morenista, no ha sido ampliamente difundido, para su análisis, a conveniencia del Inccopy. No está disponible públicamente, así que no hay certeza de cómo podría “comprometer” la seguridad nacional y cómo “facilitaría actos de sabotaje”. No basta enunciarlo, hay que argumentarlo y fundamentarlo.

            El Inccopy no consideró en su reserva de información, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el motivo de seguridad nacional, no puede ser invocado por las entidades federativas ya que esa facultad corresponde exclusivamente a la federación.

            Si esto es así, el Inccopy se arrogó, infundadamente, atribuciones que no le corresponden. Surge, entonces, un conflicto de competencias entre la federación y el estado de Yucatán, por conducto del Inccopy.

            La reserva de información del Inccopy podría devenir en inconstitucional.

            El Inccopy cometió una torpeza jurídica, por decir lo menos.

            Principio derrotado

            El Inccopy hizo nugatorio el derecho humano de acceso a la información, que “comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”, previsto en la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Yucatán”.

            El Inccopy no promueve, con su resolución reservativa, la transparencia y rendición de cuentas. El principio de máxima publicidad fue derrotado por el Inccopy.

            Recursos

            El Inccopy tiene recursos presupuestales para el año 2026, al cierre de marzo último, por la cantidad de 1 mil 880 millones 125 mil 726.66 pesos.

            El presupuesto aprobado por el Congreso era de 716 millones 690 mil 292 pesos, pero la Secretaría de Administración y Finanzas lo amplió, sin explicación alguna, en 1 mil 163 millones 435 mil 435.66 pesos, durante el primer trimestre del año.

            Registra pasivos por 579 millones 842 mil 255.15 pesos.

            Entre su proyectos de inversión, cuenta con la cantidad de 65 millones de pesos, para “obras complementarias” de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, que solo el Inccopy sabe cuáles son, ya que su reporte financiero no las informa.

            Políticas idénticas

            Un portal noticioso capitalino da cuenta de políticas idénticas en el morenismo gubernamental:

            – “La reserva de expedientes se ha convertido en una constante dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, investigaciones por corrupción, megaobras de infraestructura y reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses permanecen fuera del escrutinio público mediante mecanismos legales que impiden conocer su contenido”.     

            Teatro Peón Contreras

            Sigue cerrado, por evidente incompetencia del área cultural del morenismo gubernamental yucateco. El Inccopy no ha rendido cuentas, hasta donde se tiene noticia, del ejercicio del recurso asignado en 2025, por la cantidad de 12 millones 500 mil pesos, para ”Mantenimiento y conservación del teatro José Peón Contreras en la localidad y municipio de Mérida”.

            ¿Será también información reservada, para prevenir “actos de sabotaje”?

            “Renacimiento de Mérida”

            En los foros organizados por el Ejecutivo estatal, han surgido dos temas que al parecer no están considerados dentro del proyecto “Renacimiento de Mérida”, que pretende, al decir del morenismo gubernamental, obras para la “mejora del servicio de agua potable, sobre las vialidades de la ciudad y zona metropolitana y acerca de un reforzamiento de la seguridad”: 1. drenaje pluvial y 2. drenaje sanitario.

            El drenaje es responsabilidad exclusiva del municipio de Mérida. El ayuntamiento de Mérida del PAN se ha declarado, en los hechos, incompetente para dotarlo a los meridanos, y por ello, pide ayuda al Ejecutivo estatal.

            1. Drenaje pluvial

            En la búsqueda de la aprobación legislativa de un crédito por 1 mil 500 millones de pesos, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión dominguera con la primera regidora de Mérida,  Cecilia Anunciación Patrón Laviada.

            Anunciación expuso la “pertinencia de considerar infraestructura de drenaje pluvial en los planes para Mérida, para mitigar los efectos de las  lluvias torrenciales a causa del fenómeno de El Niño”, que  ninguno de los ayuntamiento panistas de los últimos años ha incluido en sus agendas político-administrativas para el desarrollo meridano.

            La tarea desarrollada por las comunas del PAN ha sido, básicamente, la construcción y desazolve de pozos de absorción en colonias meridanas, como lo apunta en su “Plan Municipal de Desarrollo”, que contempla, principalmente, “programar limpiezas y desazolves periódicos” y “realizar inspecciones exhaustivas y de mapeos de las alcantarillas en zonas críticas”.

            Hace poco, Anunciación anunció unos “jardines de lluvia”, para disminuir los encharcamientos causados por las lluvias.

            “Paliativos”, que no constituyen, ni de cerca, una aproximación a un drenaje pluvial que requeriría la capital del estado, para evitar daños a la infraestructura urbana de Mérida

            2. Drenaje sanitario

            En uno de los foros de consulta para la elaboración del “Renacimiento de Mérida”, la directora de la Agencia para el Desarrollo, Mary Angélica Pérez López, miró de reojo el tema del drenaje sanitario:

            – “Únicamente 24 por ciento de la población metropolitana cuenta con drenaje sanitario. El 76 por ciento restante descarga sus aguas residuales directamente al subsuelo sin el tratamiento adecuado, situación que compromete la calidad y sustentabilidad del manto freático que abastece a la región”.

            Anunciación no se refirió a este delicado asunto. Ella habló de un drenaje pluvial.

            Hace casi 50 años, hubo un intento serie para dotar de drenaje sanitario a los meridanos, durante la administración del gobernador Dr. Francisco Luna Kan (1976-1982). En 1981 inició la primera etapa de construcción de un “Sistema de Alcantarillado Sanitario”, cuya inversión se estimó en 3 mil 750 millones de pesos.

            Luego, ni el gobernador constitucional Graciliano Alpuche Pinzón (1982-1984) ni el gobernador interino Víctor Cervera Pacheco (1984-1988), entendieron la trascendencia social del drenaje sanitario. Abandonaron la obra. Ambos estaban distraídos en asuntos de naturaleza política, no les interesaban los temas de salud pública.

            Y después tampoco las otras administraciones estatales del PRI y del PAN y ahora de Morena, de 1988 a 2026, han abordado el drenaje sanitario, como una política de salud pública, que en palabras del gobernador Dr. Luna Kan, “es una necesidad social y una tarea fundamental de todo gobierno al servicio del pueblo”.

            Sal

            En la novela “Culpable por definición”, de la escritora inglesa Susie Dent:

            – “En otros tiempos se creía que la sal prevenía el mal de ojo, curaba a los hechizados por las hadas y protegía de la brujería, los demonios y las apariciones. Las brujas y sus animales no podían comer nada con sal”.

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