La agencia planea usar los guantes eléctricos en arrestos, traslados de detenidos agresivos y respuesta a disturbios civiles
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó un contrato sin licitación por 16.7 millones de dólares para adquirir 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas dolorosas a personas detenidas.
La agencia planea utilizar estos dispositivos para someter a quienes se resistan durante arrestos, traslados y disturbios en centros de detención.
rel="nofollow"El contrato fue firmado el pasado miércoles y se hizo público este jueves, con una duración de seis meses. El acuerdo se otorgó a Compliant Technologies, empresa con sede en Kentucky, a un costo de 2 mil 495 dólares por cada guante, además de equipo de apoyo y servicios adicionales.
Los dispositivos, denominados GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), funcionan como guantes de patrulla convencionales hasta que el agente activa un mecanismo eléctrico mediante un botón.
Al entrar en contacto directo con la piel de una persona, pueden producir una descarga dolorosa pensada para lograr su obediencia. Este tipo de tecnología ya ha sido utilizada previamente por algunas cárceles locales y departamentos de policía en Estados Unidos.
En los documentos de adquisición, ICE clasificó los guantes como «dispositivos conductores de distracción y desescalada» y los presentó como una alternativa de menor impacto frente al uso de armas de fuego u otros medios de fuerza.
Según la agencia, los oficiales podrían emplearlos en entornos de alta tensión, incluyendo arrestos, el transporte de detenidos agresivos y la respuesta a disturbios civiles fuera de los centros de detención, cuando una persona ofrezca resistencia activa o pasiva y se requiera tomar el control con rapidez para evitar lesiones a ambas partes.
ICE argumentó además que las descargas ayudarían a mantener el control sobre los reclusos, prevenir agresiones o intentos de fuga, esposar a personas que ocultan sus manos y apoyar el control de multitudes, todo con el objetivo de evitar recurrir a formas de fuerza más severas, incluidas las armas de fuego.
Los documentos señalaron que los guantes se utilizarían conforme a políticas, capacitación y normas de rendición de cuentas aprobadas por la agencia, aunque no se detallaron esas salvaguardas ni los procedimientos específicos de supervisión.
Exigen cancelar la compra de guantes eléctricos
La adquisición generó críticas de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes cuestionaron el uso de un dispositivo capaz de provocar dolor mediante descargas eléctricas durante detenciones civiles por motivos migratorios.
La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, encabezó una carta firmada junto con otros 15 senadores demócratas dirigida al director interino de ICE, en la que pidieron cancelar la adquisición.
Los legisladores advirtieron sobre riesgos relacionados con la proporcionalidad del uso de la fuerza, la seguridad médica de los detenidos, sus derechos constitucionales y la falta de supervisión sobre los agentes que utilizarían los dispositivos.
Los senadores señalaron que el dispositivo representa riesgos sustanciales si se emplea durante detenciones civiles, especialmente si se usa sin límites claros, sin capacitación adecuada y sin una supervisión integral.
Exigieron que ICE haga públicos los detalles sobre cómo capacitará a sus agentes y cómo documentará y revisará internamente cada uso de los guantes para prevenir un empleo indebido.
Defensores de los derechos civiles señalaron además que los oficiales de ICE ya enfrentan críticas por su uso de la fuerza con escasa supervisión o rendición de cuentas, en el marco de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia matriz de ICE, defendió la adquisición y respondió de manera desafiante a las críticas.
Un portavoz acusó a los detractores de intentar privar a los agentes federales de herramientas para protegerse, y sostuvo que la agencia evalúa de manera constante las necesidades de su personal y que cualquier tecnología utilizada debe cumplir con las políticas y normas policiales aplicables.
