La Fiscalía General de la República, por conducto de su titular Ernestina Godoy Ramos, emitió un mensaje este miércoles 26 de agosto de 2026 para informar sobre los avances en la investigación penal contra la red de contrabando de combustible por vía férrea, presuntamente encabezada por el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con el reporte oficial de la institución, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada coordinó el cateo de dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, tras obtener la autorización de un Juez de Distrito especializado.
rel="nofollow"En dicho sitio, personal ministerial y peritos de la fiscalía, con apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos comerciales.
Los documentos hallados se encontraban ocultos en las instalaciones y, según la fiscalía, aportan indicios sobre operaciones de comercio exterior que muestran la simulación de transacciones por parte de los integrantes de la organización delictiva.
Este hallazgo se suma a las investigaciones en curso relacionadas con el exmandatario bajacaliforniano, quien fue vinculado a proceso el 23 de julio anterior por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La autoridad ministerial vincula a Ruffo Appel con un total de veinticuatro personas dentro del mismo expediente penal, de las cuales nueve ya han sido detenidas por elementos de seguridad federal.
El origen de las indagatorias se centra en la operación de la empresa Ingemar S.A. de C.V., donde el exmandatario figura como socio fundador y accionista mayoritario con el treinta por ciento del capital social.
La fiscalía sostiene que la empresa utilizó permisos de importación de la Secretaría de Energía obtenidos entre dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro para ingresar gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El daño económico calculado por el Servicio de Administración Tributaria asciende a cuatro mil millones de pesos, derivado del uso de pedimentos de importación donde se declaraba únicamente el diez por ciento del volumen real del combustible o se registraban los hidrocarburos bajo fracciones arancelarias correspondientes a productos exentos, como lubricantes y soluciones químicas.
En su mensaje, la fiscal general del país subrayó que la representación social respeta la presunción de inocencia de los imputados y el debido proceso legal, señalando que cada persona vinculada cuenta con las garantías de ley para presentar sus pruebas de descargo ante el órgano jurisdiccional.
Asimismo, Godoy Ramos aclaró que, hasta el momento de su informe, la Fiscalía General de la República no ha recibido ninguna notificación oficial sobre solicitudes de la defensa de Ernesto Ruffo Appel para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un régimen de prisión domiciliaria.
La funcionaria federal declaró que durante el internamiento del imputado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el Altiplano, se garantizan las condiciones de salud necesarias y el respeto a sus derechos individuales.
Las evidencias recabadas por el Ministerio Público de la Federación incluyen el aseguramiento previo de vagones ferroviarios en Ramos Arizpe, Coahuila, donde se transportaba combustible que tenía como consignatario final a la empresa del exgobernador.
La fiscalía continúa con el análisis de los materiales confiscados en la alcaldía Miguel Hidalgo para identificar el destino de los recursos financieros y la participación de otros agentes aduanales y operadores logísticos que formaban parte de la cadena de distribución.
Este proceso representa una de las acciones de la autoridad federal para la desarticulación de organizaciones delictivas dedicadas a la evasión fiscal en el sector energético, bajo la postura oficial de dar continuidad a las investigaciones en las distintas aduanas marítimas y fronterizas del territorio nacional.
El expediente de la causa penal mantiene bajo análisis la presunta coordinación de los socios y representantes de la compañía con refinerías extranjeras que abastecían los fletes ferroviarios de forma sistemática.
El análisis de las operaciones comerciales de la firma representa el elemento de prueba para deslindar la responsabilidad penal de cada uno de los socios que continúan bajo la investigación de la fiscalía federal por el contrabando de hidrocarburos en todo el territorio nacional.
Con información de Zeta Tijuana
