La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuatro empresas habrían sido utilizadas como la estructura financiera de una presunta organización dedicada al contrabando de combustibles y operaciones con recursos de procedencia ilícita, investigación en la que figura como imputado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia judicial, las compañías habrían servido para canalizar recursos mediante una compleja red de transferencias bancarias, movimientos internacionales y operaciones cambiarias que, según la acusación, permitían ocultar el origen y destino del dinero obtenido por las actividades ilícitas.
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La indagatoria federal establece que alrededor de esta estructura participaron al menos 25 personas, entre accionistas, representantes legales, administradores, apoderados y presuntos beneficiarios finales de las sociedades mercantiles investigadas, quienes presuntamente desempeñaban funciones específicas para mantener en operación el esquema financiero.
Como parte de la investigación patrimonial, la FGR detectó movimientos por más de 3 mil millones de pesos en el sistema bancario nacional, además de operaciones en moneda extranjera que superan los mil 386 millones de dólares, cifras que forman parte de los elementos de prueba presentados ante el juez de control.
Las autoridades federales consideran que el flujo constante de recursos entre las empresas investigadas permitió construir una red de operaciones que presuntamente facilitó el traslado y la administración del dinero relacionado con el llamado “huachicol fiscal”, mediante mecanismos destinados a dificultar el rastreo de los recursos.
La causa penal continúa en etapa inicial, reanudándose la actividad la tarde de este martes 21 de julio, dentro del término constitucional ampliado con rumbo hacia la audiencia de vinculación, donde la defensa de Ruffo Appel dará contestación a la evidencia presentada por el Ministerio Público Federal en centenares de documentos fiscales y contratos. Lo mismo ocurrirá contestación a los abogados de los coimputados.
Mientras tanto, la FGR sostiene que las cuatro empresas representan el núcleo financiero de la presunta organización criminal que investiga por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos vinculados con el contrabando de combustibles.
Con información de Zeta Tijuana
