CIUDAD DE MÉXICO.- Una red de empresas vinculadas al llamado “clan Taddei” recibió contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados de México desde 2014, mediante procedimientos de contratación en los que, presuntamente, participaron compañías relacionadas entre sí para aparentar competencia. Una investigación identificó además a cinco funcionarios con vínculos personales, profesionales o institucionales con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), que ocuparon cargos en organismos electorales cuando se adjudicaron algunos de estos contratos. Los hallazgos plantean dudas sobre el uso de recursos públicos destinados a organizar elecciones, aunque la existencia de las contrataciones y de esas relaciones no demuestra por sí sola actos de corrupción ni responsabilidades individuales.
El reportaje documenta operaciones en Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo, donde se identificaron funcionarios relacionados con Taddei. También señala procedimientos con características similares en otros ocho estados. Entre los contratos mencionados destacan adjudicaciones por 113.7 millones de pesos en Veracruz, 57.3 millones en el Estado de México y 34.7 millones en Quintana Roo. Algunos procedimientos fueron relacionados con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque no se cuenta con una resolución definitiva que acredite todas las irregularidades denunciadas.
rel="nofollow"Las revelaciones forman parte de los señalamientos sobre las contrataciones electorales durante la gestión de Guadalupe Taddei y su posterior salida de la presidencia del INE. El caso también abre una discusión sobre cómo se eligen a los proveedores de materiales electorales, quién supervisa esas adquisiciones y qué mecanismos existen para detectar conflictos de interés.
¿Cómo habría operado la red de empresas vinculadas al clan Taddei?
Según la investigación, el esquema consistía en presentar a distintas empresas del mismo grupo empresarial como participantes de una licitación pública.
En una licitación, varias compañías deben presentar propuestas para que la autoridad compare precios, condiciones y cumplimiento de requisitos antes de elegir al proveedor.
Sin embargo, el reportaje sostiene que en determinados concursos las compañías que aparentaban competir tenían vínculos con los hermanos Hernández Casillas, lo que habría permitido mantener los contratos dentro del conglomerado.
Entre las empresas mencionadas se encuentran:
- Litho Formas, beneficiaria de contratos para suministros electorales.
- Cajas Graf, participante en procedimientos de contratación y proveedora de materiales.
- Gráficas Corona, señalada como integrante del grupo empresarial.
- Formas Finas y Materiales, identificada entre las compañías que concursaron.
- Formas Inteligentes, participante en una contratación del Estado de México.
- Comercializadora JVLY, relacionada con adquisiciones electorales.
- Corporativo Zeg, beneficiaria de contrataciones en Oaxaca.
La posible irregularidad no radica únicamente en que varias empresas relacionadas participen en un concurso, sino en que pudiera existir una coordinación para simular ofertas independientes y limitar la competencia.
Para demostrarlo sería necesario revisar los vínculos empresariales, las propuestas presentadas, las decisiones de los comités de adquisición y la existencia de posibles acuerdos entre participantes.
¿Cuáles son los 13 estados donde se identificaron contrataciones?
La investigación distingue cinco entidades donde, además de contratos, se identificaron relaciones entre funcionarios electorales y Guadalupe Taddei, y otras ocho donde se reportaron procedimientos con un esquema similar.
| Estados con funcionarios señalados | Otros estados con contrataciones reportadas |
|---|---|
| Sonora | Jalisco |
| Oaxaca | Chihuahua |
| Veracruz | Sinaloa |
| Estado de México | Hidalgo |
| Quintana Roo | Campeche |
| Aguascalientes | |
| Querétaro | |
| Zacatecas |
El monto superior a mil millones de pesos corresponde al conjunto de contrataciones reportadas desde 2014, no a una cantidad que haya sido declarada como desvío de recursos públicos.
Tampoco significa que todas las adquisiciones de esos organismos electorales se hayan realizado de manera irregular.
¿Quiénes son los funcionarios relacionados con Guadalupe Taddei que aparecen en la investigación?
El reportaje identifica vínculos de funcionarios de cinco organismos electorales estatales con Guadalupe Taddei. Los casos incluyen relaciones laborales de años anteriores, nombramientos realizados durante su presidencia y señalamientos sobre decisiones de contratación.
Sonora: Nery Ruiz Arvizu y el contrato por casi 30 millones de pesos
En Sonora, la investigación señala a Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora).
Ruiz Arvizu mantiene una relación profesional con Guadalupe Taddei desde 2014, cuando ella encabezaba el organismo electoral sonorense.
En una ocasión, el funcionario reconoció esa relación con la frase:
Siempre ha sido mi jefa”.
Aunque Comercializadora JVLY dejó de recibir contratos del instituto estatal en 2019, otras empresas mencionadas en la investigación continuaron participando en adquisiciones.
Uno de los casos corresponde a Cajas Graf, que obtuvo en 2025 un contrato por 29 millones 996 mil pesos para suministrar material de la elección judicial.
Por su parte, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que la Fiscalía estatal no había recibido denuncias relacionadas con las presuntas irregularidades.
Esto significa que, de acuerdo con esa declaración, los señalamientos públicos no se habían traducido en una denuncia presentada ante la dependencia estatal.
Oaxaca: Iliana Araceli Hernández Gómez y contratos por 68 millones de pesos
En Oaxaca, el reportaje identifica dos contrataciones otorgadas a Corporativo Zeg durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria ejecutiva del organismo electoral local.
Los contratos mencionados fueron de:
- 32 millones de pesos en una contratación.
- 36 millones de pesos en otra adquisición.
Ambos suman 68 millones de pesos.
Hernández Gómez posteriormente fue nombrada por Guadalupe Taddei como directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
De acuerdo con la investigación, presentó su renuncia el 27 de octubre, a petición de las diez consejerías que permanecieron en el instituto.
El reportaje también señala que aparece en fotografías y videos de reuniones organizadas por los empresarios investigados.
Sin embargo, la asistencia a reuniones o la existencia de una relación profesional no acreditan por sí solas que haya intervenido de manera irregular en alguna contratación.
Quintana Roo: contratos durante dos administraciones electorales
En Quintana Roo, las adquisiciones señaladas abarcan dos periodos distintos.
En 2022, cuando Mayra San Román Carrillo Medina presidía el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), se otorgó el contrato IEQROO/LPN/07/2022, por 29 millones 802 mil pesos.
Ese procedimiento figura entre los revisados por la ASF.
Posteriormente, en 2025, durante la presidencia de Rubí Pacheco Pérez, se adjudicó a Litho Formas el contrato IEQROO/LPN/16/2025 por 34 millones 798 mil pesos.
En ese concurso participaron también Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, compañías identificadas por el reportaje como vinculadas al conglomerado de los Hernández Casillas.
La investigación añade que en noviembre de 2025 el INE nombró consejera a Patricia del Rocío Cortés Pastrana, quien había trabajado como secretaria particular de Mayra San Román.
También menciona señalamientos sobre la cercanía entre Rubí Pacheco y el consejero nacional Jorge Montaño, relacionado profesionalmente con Taddei.
Estas relaciones forman parte del contexto expuesto por el medio, pero no constituyen una prueba de que las personas mencionadas hayan acordado o manipulado los resultados de las licitaciones.
¿Qué ocurrió con el contrato de 57.3 millones de pesos en el Estado de México?
En el Estado de México, la investigación señala contrataciones autorizadas durante la gestión de Francisco Javier López Corral, quien llevaba más de 13 años como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Uno de los procedimientos corresponde a las elecciones de gubernatura de 2023.
Ese año se adjudicó un contrato por 57 millones 325 mil pesos a una propuesta conjunta de Gráficas Corona, Formas Inteligentes y Litho Formas.
Las tres compañías fueron relacionadas con el grupo de los hermanos Hernández Casillas.
Ante estos señalamientos, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, defendió los procedimientos de adquisición.
Cada uno de los procedimientos de adquisición —y en especial los que corresponden al de material y documentación electoral— se realizan de manera transparente y apegados a la norma”, sostuvo.
También explicó que la contratación se realizó por adjudicación directa debido al tiempo disponible para preparar la elección.
“Ese año no se pudo realizar una licitación pública nacional, como se hace de costumbre, sino que se tuvo que recurrir a una adjudicación directa, de manera obligatoria por los tiempos en que se definió la celebración de esos comicios, que fue sólo tres meses y medio antes de la jornada electoral”, declaró.
Su explicación plantea una diferencia frente a otros contratos cuestionados: en este caso, la autoridad electoral reconoció que no realizó una licitación pública y justificó la adjudicación directa por los plazos del proceso electoral.
La legalidad de esa decisión depende de que se hayan cumplido los requisitos previstos en la normativa aplicable.
¿Por qué se cuestiona un contrato electoral de 113.7 millones de pesos en Veracruz?
Uno de los montos más elevados señalados corresponde a Veracruz.
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz adjudicó a Litho Formas el contrato 2/LPN/OPLEV-21-114001002-002/2025, por 113 millones 778 mil pesos.
Según el reportaje, en ese procedimiento únicamente participaron como competidoras Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, empresas que también aparecen vinculadas con el conglomerado investigado.
La coincidencia empresarial es el principal elemento que origina los cuestionamientos sobre la independencia de las ofertas.
Publicaciones de medios locales también señalaron a Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del organismo, por su presunta participación en las decisiones de contratación.
El funcionario rechazó tener vínculos con las empresas relacionadas con Guadalupe Taddei.
Además, aseguró que desde que asumió el cargo, en enero de 2023, el organismo electoral no había mantenido relaciones contractuales con empresas vinculadas a Alfredo Hernández Casillas.
Los contratos públicos contradicen esa declaración.
No obstante, para establecer una contradicción documental definitiva sería necesario contrastar la identidad jurídica de las empresas, los contratos firmados y las fechas correspondientes.
¿Qué relación tiene este caso con la renuncia de Guadalupe Taddei al INE?
Las publicaciones se produjeron durante una crisis institucional que culminó con la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
El 26 de octubre de 2026, se informó que investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) examinaban posibles irregularidades en contratos vinculados con un conglomerado empresarial relacionado con los hermanos Hernández Casillas.
Entre los señalamientos se encuentran posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares y movimientos de recursos que requieren revisión de las autoridades.
El caso también involucra a funcionarios que ocuparon cargos administrativos dentro del INE y de institutos electorales estatales.
Tras la renuncia de Taddei, el 27 de octubre las consejerías del INE eligieron a Blanca Cruz para asumir la presidencia interina mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento para designar a una nueva titularidad.
La propia Cruz también enfrenta cuestionamientos por una contratación realizada durante su gestión en el Instituto Electoral de Puebla: Comercializadora JVLY recibió un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos en marzo de 2024.
Ante los señalamientos, la presidenta interina sostuvo:
Pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”.
¿Qué puede ocurrir con los contratos investigados y los funcionarios señalados?
Los señalamientos sobre presunta competencia simulada pueden dar lugar a revisiones administrativas y, si existen elementos suficientes, a investigaciones de otras autoridades.
La ASF explica que las auditorías pueden derivar en observaciones, solicitudes de aclaración y acciones relacionadas con posibles responsabilidades o recuperación de recursos públicos.
Para conocer el alcance de las posibles irregularidades es necesario distinguir entre tres situaciones:
- Contratos documentados: adquisiciones que tienen registros administrativos, montos y proveedores identificados.
- Irregularidades señaladas: posibles conductas detectadas mediante investigaciones periodísticas o revisiones de autoridades que todavía requieren esclarecimiento.
- Responsabilidades acreditadas: determinaciones emitidas por las instancias competentes después de los procedimientos correspondientes.
Por el momento, la información presentada no permite afirmar que los funcionarios mencionados hayan cometido delitos ni que la totalidad de los recursos contratados se haya utilizado indebidamente.
El punto central de la investigación es determinar si las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas compitieron realmente entre sí, si existieron conflictos de interés y si las autoridades electorales garantizaron condiciones de competencia en las adquisiciones.
Los resultados de esas revisiones permitirán establecer si los contratos cuestionados cumplieron con la normativa y si corresponde aplicar sanciones o recuperar recursos públicos.
La ciudadanía puede consultar los informes de fiscalización publicados en el portal oficial de la Auditoría Superior de la Federación. Las conclusiones sobre las contrataciones deberán sustentarse en documentos, procedimientos y resoluciones de las autoridades correspondientes.
Con información de El Imparcial
