
Un fuerte operativo de fuerzas federales habría derivado en la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido popularmente como “Miguel Quetu”, en un hecho que generó movilización y expectación durante la noche de este martes en esta ciudad del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con versiones preliminares, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con participación de efectivos de la Secretaría de Marina, habrían interceptado al edil cuando salía de un evento cultural realizado en la Escuela Secundaria General “Símbolos Patrios”, ubicada en la colonia Mártires del 31 de Julio.
Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de la presunta detención, ni tampoco los delitos específicos por los cuales habría sido requerido el presidente municipal.
Tras el operativo, elementos de la Policía Municipal habrían intentado dar alcance al convoy federal, presuntamente con la intención de evitar que el funcionario fuera trasladado fuera de Juchitán. Sin embargo, las unidades continuaron su recorrido hasta ingresar a las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2, en Ciudad Ixtepec, donde, según las mismas versiones, permanecería bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.
La movilización ocurre en un momento particularmente delicado para Juchitán, municipio que enfrenta una problemática de violencia y delitos como homicidios y extorsiones, ante lo cual autoridades de los tres niveles de gobierno han desplegado distintas estrategias de seguridad y prevención.
De hecho, el propio Sánchez Altamirano había participado recientemente en actividades relacionadas con acciones de prevención y atención a la problemática de seguridad en el municipio. En junio pasado, el Gobierno de Oaxaca informó sobre la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia en la que participó el presidente municipal.
El posible arresto del alcalde representa un hecho de alto impacto político y social para Juchitán, por lo que se espera que en las próximas horas la FGR, la Secretaría de Marina o alguna otra autoridad federal emita información oficial sobre el operativo y precise la situación jurídica del funcionario.
Con información de El Heraldo de México



