12 de agosto/ Cancún, Q. Roo. – El Tribunal de Disciplina Judicial de Quintana Roo determinó la destitución del juez de Control Penal, José Luis Jonathan Yong Mendoza, y su inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La resolución fue emitida el pasado 3 de agosto, por la Segunda Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial, dentro del expediente PJ-TDJ-COM2-34/2026.
De acuerdo con el fallo, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas acreditó los elementos de la infracción prevista en el artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo y sus Municipios, atribuida a Yong Mendoza.
El funcionario se vio involucrado en acusaciones por la agresión fisica a su esposa, en diciembre del 2025, cuando apareció en un video, en actitud amenazante, estando ella en el piso.
El Poder Judicial solicitó al Tribunal de Disciplina iniciar una investigación y, como medida cautelar, suspenderlo de sus funciones.
Analizado el asunto, la Segunda Comisión determinó imponer las sanciones establecidas en las fracciones III y IV del artículo 81 de esa legislación: destitución del cargo e inhabilitación temporal por un año.
La resolución señala que la sanción corresponde a una falta administrativa no grave.
El fallo ordenó al Órgano de Administración Judicial y a la Dirección de Recursos Humanos ejecutar de inmediato las sanciones y realizar la anotación correspondiente en el expediente personal del juez.
También dispuso levantar la medida cautelar de suspensión que había sido impuesta durante el procedimiento, sin derecho al pago de las percepciones que dejó de recibir durante el periodo en que permaneció suspendido.
Una vez que la resolución quede firme, la sanción deberá inscribirse en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional.
Yong Mendoza cuenta con 15 días hábiles a partir de la notificación para interponer un recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución.
El documento fue firmado por Nelsy Lucely Trejo Puc, magistrada titular de la Segunda Comisión Disciplinaria del Tribunal de Disciplina Judicial, y por Roger Azeem Barboza Aguilar, secretario de Estudio y Cuenta de la Comisión y en funciones de secretario de Acuerdos, quien autorizó y dio fe.
La resolución no detalla en sus puntos resolutivos la conducta específica que originó la responsabilidad administrativa, pero tiene que ver con faltas a su desempeño.
