Con 330 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa
Con 330 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa presidencial de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta que busca impulsar los pagos electrónicos y disminuir, de manera gradual, el uso de efectivo.
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La propuesta, distribuida en cinco títulos y cinco disposiciones transitorias, expone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en la atención de trámites y servicios, con el fin de acelerar la adopción de pagos como una herramienta para impulsar la inclusión financiera, modernizar la economía y facilitar la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno.
De esta manera, se promoverá el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otras herramientas digitales de pago reconocidas por las autoridades financieras. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades de relevancia en los cuales la aceptación de medios de pago digital y electrónico será la única forma de pago, aclarando que cuando haya alguna contingencia se podrá pagar en efectivo.
Se establecen atribuciones al Banco de México (Banxico) relacionadas con transferencias electrónicas, aplicaciones y servicios financieros para la recepción de pagos mediante códigos QR. También se plantea la utilización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital para la contratación de servicios financieros como un mecanismo de confianza, así como la creación de un Expediente Digital Ciudadano para la consulta o uso de documentos o información de las personas usuarias, el cual aceptarán las entidades en la contratación y acceso a servicios financieros cuando lo soliciten los usuarios.
En los artículos transitorios se precisa que, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago, sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones, posteriormente pueda ampliar dicha determinación.
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, destacó que la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal propone establecer un marco jurídico para ampliar la adopción e implementación gradual de medios de dichos pagos con mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación.
“Se busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y de las autoridades. La propuesta reconoce que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos, acercar los servicios financieros a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las desigualdades que todavía existen en el acceso a los medios de pago”, expresó.
El artículo 15 precisa que “cuando una contingencia imposibilita la recepción de pagos digitales y electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque. La contingencia no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la ley”.
Carol Antonio Altamirano indicó que se plantea proveer una mayor utilización de medios de pago digitales que permitan reducir costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva. Asimismo, se establece que en la contratación digital de servicios financieros, la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital será aceptada como un mecanismo de confianza que las personas usuarias podrán utilizar ante las entidades como identificación oficial para la contratación de servicios financieros.
“También se propone la creación de un Expediente Digital Ciudadano para la consulta y uso de documentos e información de las personas usuarias que contará con los efectos jurídicos que se da a los documentos físicos. Con lo anterior, se establecen las condiciones adecuadas para que las personas contraten servicios financieros de forma totalmente digital, reconociendo estos mecanismos válidos de identificación y acreditación documental con la misma validez jurídica que los documentos físicos, siempre y cuando sean utilizados con autorización de los usuarios”, indicó.
Por su parte, Patricia Flores Elizondo, del partido Movimiento Ciudadano (MC), planteó que la propuesta no indica quién asume los costos de las transferencias, por lo que propuso dejar en claro que los usuarios no deberán pagar por los cambios ni se les deberá cobrar comisiones.
“Proponemos algo muy sencillo: que la ley diga expresamente que los costos de terminales, QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios los asume el Estado, así como la infraestructura que habrán de desarrollar los municipios pequeños de pocos recursos con un fondo etiquetado en el presupuesto, y que se prohíba trasladar esas comisiones al consumidor”, señaló.
Aunque aclaró que no están en contra de las nuevas tecnologías, Homero Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la iniciativa manifiesta el “talante autoritario” y “prepotente” del gobierno federal, con el que busca un control total y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a tomar determinaciones de manera discrecional y sin consultar a ninguna instancia.
“Esta iniciativa es así, es autoritaria, es arrogante, es prepotente, como todo lo que ustedes vienen a presentar aquí. Lo de ustedes es un autoritarismo salvaje, es ya patológico. Cualquier espacio que ven lo hacen para controlar más y más, es que su afán por controlarlo todo es insaciable. A ver, nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios a través de los cuales se va a definir estos sectores y actividades relevantes, algo tan sencillo y tan básico. Esto, por supuesto, genera incertidumbre para todas las familias, dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas”, expresó.
En contraste, Cindy Winkler Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rechazó varias de las aseveraciones y precisó que cuando falle el internet, la electricidad o el sistema de pago, se permitirá que la gente pueda pagar con cheque o efectivo. Además, negó que la ley permita la creación de nuevos impuestos o facultades de vigilancia para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en cada una de las compras de las personas.
“El dictamen que estamos votando no crea impuestos ni tampoco nuevas facultades de fiscalización para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una operación digital, desde luego, no puede generar un registro electrónico, pero una cosa es que exista una operación y otra cosa muy distinta es afirmar que esta ley crea un nuevo impuesto, por lo que no lo hace”, puntualizó.
Con información de El Heraldo de México
