Ante el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, a manos de un adolescente de 17 años, el gobierno federal debe impulsar la la tipificación penal del reclutamiento forzado, complementada con políticas integrales de prevención, desvinculación y reinserción social.
La organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe llamó a autoridades a considerar que esta medida es una decisión estratégica de seguridad nacional, para proteger a las juventudes y debilitar las estructuras criminales en México.
rel="nofollow"Recordó que dentro de la crisis de violencia actual destaca el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, práctica criminal que vulnera sus derechos humanos, profundiza desigualdades y perpetúa un ciclo de violencia estructural.
La delincuencia organizada ha consolidado ejércitos privados a través del reclutamiento en la zonas de influencia con métodos de coacción como los documentados por distintas instancias públicas, académicas y familiares de las víctimas”, indicó la organización en una carta pública.
El reclutamiento forzado, agregó, les permite disponer de elementos prescindibles para confrontar a las fuerzas de seguridad mexicanas, mantener control territorial y diversificar las fuentes ilegales de ingresos económicos.
Este reclutamiento convierte víctimas en perpetradores, generando un efecto dominó de homicidios, desapariciones y confrontaciones con fuerzas del Estado. Jóvenes violentado a otras personas jóvenes”, lamentó.
Tipificar el reclutamiento, aseguró, fortalecerá la estrategia integral de seguridad del gobierno, basada en la inteligencia y la coordinación institucional, reafirmando el compromiso con la justicia social y la construcción de paz desde las comunidades. También, permitirá desmantelar las estructuras criminales desde su base, debilitando su capacidad operativa y disminuyendo la violencia en el territorio nacional.
La medida puede complementarse con mecanismos efectivos de desvinculación, rehabilitación psicológica y social, además de programas educativos y laborales adaptados a las necesidades específicas de género
Lo anterior, convertirá a las víctimas en agentes positivos de cambio social; en algunos casos, en testigos protegidos para la consolidación de casos de investigación de alto impacto.
