La primera “reforma judicial” de 2024 no reformó nada. La segunda, de 2026, tampoco. Nada sustantivo del sistema judicial mexicano. Con excepción de la vía para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ahora, como otros cargos políticos, se “eligen”, según el mandato constitucional, “de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía” (sic).
Entre otras cosas desafortunadas, la “reforma judicial” de 2024 propició:
rel="nofollow"1). La eliminación de la carrera judicial, basada en el mérito y cuyo objetivo central era “garantizar la independencia, imparcialidad y excelencia en la impartición de justicia en México”; y,
2). El surgimiento en un proceso electivo nacional de unas “guías de votación” denominadas “acordeones”, cuya existencia no fue admitida, para diversos efectos legales, por ninguna autoridad electoral, especialmente el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La primera
Lo principal de la primera “reforma judicial” de 2024 fue que a partir de su vigencia, los servidores públicos del PJF serían escogidos por el voto popular, ya no los designaría, en el caso de los ministros de la SCJN, por ejemplo, el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo federal.
Entonces, el presidente López Obrador exclamó que el sistema judicial “estaba podrido de corrupción”, y que la “única forma de purificarlo” es que “el pueblo” elija a jueces, magistrados y ministros en las urnas.
Se explayó: “Es necesario limpiarlo de toda la corrupción, nepotismo e influyentismo que hay entre jueces, magistrados y ministros”. Y que “la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad”; coloquialmente, los señaló: “No resisten cañonazos”.
Y por supuesto, los legisladores oficialistas del Congreso de la Unión y de los Congresos locales creyeron la versión presidencial, y aprobaron en sus términos la primera “reforma judicial” de 2024.
La segunda
La segunda “reforma judicial” tampoco aporta novedades, sólo lo relativo a la elección popular de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Algunas cuestiones que, supuestamente, mejoran el proceso electivo. Lo relevante: posponer los comicios judiciales para el 4 de junio de 2028.
En realidad, la segunda es un placebo. El mal regresaría en los siguientes años, ya que la medida de que no coincidan las elecciones ordinarias y judicial, sólo se aplicaría en esta ocasión. La iniciativa presidencial así lo dispone, en lo que interesa:
– “La jornada electoral judicial se celebrará en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año. Las autoridades electorales adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la jornada electoral judicial se desarrolle sin la intervención de personas representantes de partidos políticos”.
Un placebo.
Los acordeones
La primera “reforma judicial” no se refirió, por supuesto, al asunto, “bochornoso e ignominioso”, de los “acordeones” en la elección judicial de 2025. Su “impacto” fue “minimizado” por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
En la segunda “reforma judicial” tampoco hay mención expresa de los “acordeones”. Pero, revive las Salas de la anterior Corte, que ahora se denominarán “secciones”, que “permitirán al Pleno conocer los asuntos de fondo que sienten criterios obligatorios para todas las autoridades del país”.
En las entidades federativas
Los estados tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la segunda “reforma judicial”, para “realizar las adecuaciones a sus constituciones locales”.
“Impacto presupuestario”
El titular de la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó, a solicitud de la Consejería Jurídica federal, que el proyecto de la iniciativa presidencial de la segunda “reforma judicial” de 2026, “no implica un impacto presupuestario en los programas aprobados”.
Es cierto. Como los legisladores oficialistas aprobaron en su términos la propuesta ejecutiva, y la elección judicial será hasta el año 2028, ni en este año ni tal vez en el siguiente 2027, habría “impacto presupuestario”. Éste se reflejará en el proceso electivo de 2028.
“Sanseacabó”
La segunda “reforma judicial” se aprobó en dos días, en la Cámara de Diputados: martes 26, en lo general, y miércoles 27, en lo particular. Luego, se fue al Senado. Éste usó un día (jueves 28) para aprobarla. Y pasó a las legislaturas de los estados. Y en un día más (viernes 29), veintidós congresos estatales aprobaron la segunda reforma judicial presidencial. “En tiempo récord”, señaló un periódico afín al oficialismo. Redactó: “Con mayor celeridad con que se aprobaron en el Senado y la Cámara de Diputados, las dos reformas constitucionales fueron avaladas en cascada por las legislaturas locales”.
Los morenistas pudieron gritar: “Habemus reformatio”.
Sigue pendiente
Ni la primera ni la segunda “reformas judiciales” han atendido el “nudo georgiano” de la justicia en México. El que está a cargo de las fiscalías mexicanas. El tema de la procuración de justicia. El lío que prevalece en los asuntos que aborda el Ministerio Público, que por disposición constitucional, investiga los delitos y al que le corresponde el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.
Un análisis de la SCJN -“Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”-, es relevante:
– “Los problemas de la justicia penal en el país están, principalmente, relacionados con la atención deficiente de las víctimas y la investigación inadecuada de los delitos. Por lo tanto, la tasa de los asuntos penales que llegan a juicio es baja. Esto se debe, en gran medida, a la deficiencia estructural en las capacidades institucionales de la procuración de justicia, así como a la falta de políticas criminales interinstitucionales y a la ausencia de estrategias efectivas de priorización para la persecución penal. En consecuencia, la mayoría de los delitos en México quedan impunes y las violaciones a derechos humanos son frecuentes, lo que genera una creciente falta de legitimidad y confianza ciudadana en el sistema de procuración y administración de justicia”.
La “Diva” de Morena
La intención última, dicen sus opositores, de la primera “reforma judicial” de 2024 era que el morenismo gubernamental se “apoderara” del Poder Judicial de la Federación. Que éste se sometiera al Ejecutivo federal.
La juez Blanca Diva Ponce Caro, de Sonora, ejemplificó esa realidad. Fue “electa” en la elección judicial de 2025. Y ahora en 2026 fue designada dirigente de Morena -“secretaria de la sección 899 de Morena en Ciudad Obregón”-, “quebrantando” la independencia e imparcialidad del poder judicial sonorense.
Hubo escándalo mediático y social. Reportes de prensa señalaron que “el caso abrió un nuevo debate sobre la independencia judicial impulsada tras la reforma al Poder Judicial y encendió críticas de opositores y especialistas, quienes señalaron que la designación podría contravenir la Constitución de Sonora y principios de imparcialidad judicial”.
Luego, Morena decidió “relevar” de sus funciones partidistas a Ponce Caro, ya que ésta contaba “con una responsabilidad administrativa que le impide desempeñar funciones dentro de partidos políticos”; y Ponce Caro renunció “irrevocablemente” a su cargo judicial, para “privilegiar el respeto a la legalidad y a la. Imparcialidad institucional”.
Un periódico capitalino enfatizó: “Lo pierde todo”. Otro: “Era jueza y de Morena… ya se quedó sin los dos cargos”.
Botoncitos de Azahar
1). Frivolidad. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en entrevista periodística:
– “En Morena se vivieron tiempos de frivolidad”.
2). Terrorista. En nota de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:
– “No hay riesgo de que el partido gubernamental Morena sea declarado organización terrorista por Estados Unidos, tras las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios de alto nivel del estado occidental de Sinaloa”.
“Puesto elevado”
En el Fondo Reservado Rodolfo Ruz Menéndez de la UNAM, a cargo del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, se conservan ocho ejemplares del “Album Meridano, semanario de ciencias, literatura y artes”, dirigido por Alfredo Torroella y editado por Emilio Valdes. En su segunda entrega, en 1869, en la sección “Mesa revuelta” se lee lo siguiente:
– “Por su oficio preguntado
Dijo cierto majadero,
Yo tengo un puesto elevado
Y el tal era, campanero”.
