La política para lo urbano o la política en lo urbano

Mérida ante desafíos ambientales y energéticos

El próximo lunes primero de junio entramos de nuevo a la temporada de huracanes. Los yucatecos que hemos experimentado a Gilberto en 1988 o a Isidoro en 2002, sabemos sobre los impactos urbanos, sociales, ambientales y económicos que representaron para el estado y la capital. Pero a finales del siglo pasado y a principios del presente, nuestras condiciones eran muy diferentes.

1. Éramos mucho menos. En el año 2000, según el XII Censo General de Población y Vivienda realizado por el INEGI, la ciudad de Mérida tenía una población de 662,530 habitantes en su cabecera municipal, mientras que el municipio en total registraba 705,055 habitantes. Ahora tenemos más de un millón de habitantes.
2. Teníamos poco más de 130 mil vehículos circulando por la ciudad. Ahora tenemos poco más de medio millón de vehículos.
3. A finales de la década de 1990 el gran desarrollo inmobiliario fue Francisco de Montejo en el norte de Mérida y al interior del Anillo Periférico. Es decir, los problemas de la periferia aún no existían. Ahora tenemos desarrollos conurbados y hasta los límites municipales.
4. Para el 1988 no existía la internet y para el 2002 la actividad electrónica se empezaba a consolidar con el uso del correo, así como el comercio, la banca y la telefonía. Sin embargo, aún no existían las redes sociales ni plataformas de streaming. Ahora nuestra vida, trabajo y entretenimiento dependen totalmente del Wi-Fi.

Es decir, estos procesos de transformación urbana y tecnológica a lo largo de este siglo han sido determinantes para el diseño sostenible de las políticas públicas urbanas. En este sentido, resulta prioritario hacerse la siguiente reflexión: ¿cuál es la diferencia entre la política para lo urbano o la política en lo urbano?

La política para lo urbano implica trabajar con decisiones estructuradas, argumentadas y sostenidas a partir de estudios, diagnósticos y determinantes técnicos que reconocen los procesos evolutivos de los fenómenos urbanos para que con base en ello se diseñen las políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, este proceso de planeación estratégica también debe de incorporar eventos inusuales para ir ajustando los parámetros de acción, tales como los eventos de Cristóbal en 2020 o el proceso de migración que ha incrementado en casi 200 mil nuevos habitantes en la ciudad.

Por su parte, la política en lo urbano implica tener una agenda ajustada a los periodos del gobierno municipal y estatal, de tres y seis años respectivamente. En esta lógica, los proyectos estratégicos suelen subordinarse a la perspectiva política de cada administración y, por tanto, la sostenibilidad de las decisiones de largo plazo puede debilitarse ante la rudeza de los problemas urbanos ignorados, postergados y acumulados a través del tiempo. Es decir, cabe preguntarse cuál es el costo de seguir acumulando elefantes negros urbanos: aquellos eventos de alto impacto, evidentes para todos, pero de los que se prefiere no hablar, no atender y, finalmente, heredar a la siguiente administración para que sortee sus consecuencias como mejor pueda.

En este sentido, hoy en día estamos acumulando desafíos que dependen de un rompecabezas institucional de los tres niveles de gobierno. A unas horas del inicio de la temporada de huracanes, hemos experimentado de nuevo lluvias que nos han dejado bajo el agua. Esta situación se conjuga con dos cuestiones fundamentales: los apagones sistemáticos y las alertas sobre el suministro del agua potable. Y la pregunta es la siguiente: ¿Estamos preparados para enfrentar un Gilberto o un Isidoro? ¿Existe alguna estrategia para mitigar los riesgos de algún colapso derivados de tales impactos ambientales?

Por ello, la pregunta ya no es únicamente si Mérida está preparada para enfrentar otro Gilberto o un nuevo Isidoro. La pregunta de fondo es si nuestras instituciones, nuestros instrumentos de planeación y nuestras decisiones públicas están preparados para dar respuesta a las necesidades y urgencias de una ciudad mucho más grande, más extendida, más dependiente de la energía, más presionada por el agua y más vulnerable ante eventos climáticos extremos.

La política en lo urbano puede administrar la emergencia, responder a la coyuntura y atender el problema visible. Pero la política para lo urbano debe anticipar, prevenir y construir capacidades antes de que el riesgo se convierta en colapso. Mérida necesita pasar de la reacción a la previsión; de la obra aislada a la estrategia territorial; de la agenda de gobierno a una visión sostenida de ciudad.

Las lluvias, los apagones y las alertas sobre el agua no son hechos desconectados: son señales de un sistema urbano que exige ser leído con mayor responsabilidad. Ignorarlas sería seguir acumulando vulnerabilidades. Atenderlas, en cambio, implica reconocer que el futuro de Mérida no se resolverá únicamente cuando llegue el próximo huracán, sino en las decisiones que tomemos desde hoy para garantizar una ciudad habitable, segura, sostenible y preparada para lo que viene.