En Morena todo iba bien, aparentemente. La consejera jurídica presidencial, Esthela Damián Peralta, iría como candidata al gobierno de Guerrero. La dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde Luján -“una extraordinaria abogada”, al decir ejecutivo-, iría (luego de pensarlo un “ratito”) a la consejería jurídica presidencial. La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, iría a dirigir a Morena. Y Leticia Ramírez Amaya, exsecretaria de Educación Pública en tiempos de López Obrador, iría a Bienestar. Todo bien. “Miel sobre hojuelas”, se dice popularmente. Hasta que apareció Rocha.
Ahora, el partido oficial Morena enfrenta una grave crisis política.
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El gobernador sinaloense de Morena, Rubén Rocha Moya, es señalado por el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos de tener “presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa” (ver “EU acusa a Rubén Rocha Moya de nexos con el cártel de Sinaloa”, EstamosAquí.mx, 29 de abril de 2026).
Otro de los acusados es el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazares, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gómez Mendívil. Y otros 7, exservidores y servidores públicos de Sinaloa, todos ligados a Morena.
El Cártel de Sinaloa, acusa el fiscal de los Estados Unidos, Jay Clayton, “es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos”.
El gobernador Rocha Moya y los otros acusados, alega la fiscalía, “han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
La presidenta Sheinbaum Pardo, distinguida partidaria de Morena, dijo, al hablar con Rocha Moya: “No hay nada que temer”.
La Fiscalía General de Justicia de México resolverá la solicitud estadounidense de extradicción, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, fundadora de Morena.
Así, todo queda entre morenistas.
Enseguida una brevísima relatoría de la situación de crisis de Morena.
La acusación
Los cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Mora, el senador Inzunza Cazares, el alcalde Gómez Mendívil y otros 7 sinaloenses, son los siguientes: 1). Asociación delictuosa para importación de narcóticos, 2). Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 3). Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, 4). Secuestro con resultado de muerte, 5). Asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.
Acusa Estados Unidos:
– “Antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, ROCHA MOYA asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cartel, en las que ROCHA MOYA prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel. Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cartel, armados con ametralladoras y otras armas. Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, ROCHA MOYA ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos en la administración de ROCHA MOYA han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”.
Posición presidencial
En la conferencia matutina de prensa del pasado jueves 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, formuló su “posición” ante la solicitud de extradicción del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, con elementos políticos y jurídicos:
– “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
– “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
– “La Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
– “Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
La oposición
1 Movimiento Ciudadano presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa: “Los acusados deben enfrentar las investigaciones sin protección constitucional”.
2. El PRI anunció que “presentará de manera formal una solicitud para que Morena pierda el registro como partido político, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado”. Hay una “estructura de complicidad -advirtió su dirigente nacional-, entre integrantes del partido oficialista y grupos delictivos”.
3. EL PAN informó que “solicitará juicio político contra el gobernador morenista ante las acusaciones de sus presuntos vínculos con el narcotráfico”. Su diputado César Ismael Damián Retes pidió a la presidenta Sheinbaum “que no defienda a Rocha Moya para no poner en riesgo el tratado de libre comercio”.
Pruebas “contundentes, sólidas, claras”
Los morenistas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exigen pruebas: “La solicitud de extradicción no incluyó elementos de prueba”. Su líder: “no conozco alguna prueba contundente”. Los del congreso capitalino dicen que “no encubrimos a nadie. Si existen pruebas sólidas, que se presenten”. La presidenta Sheinbaum: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Tratado de Extradicción
El presidente de la República, José López Portillo, promulgó el decreto que contiene el Tratado de Extradicción entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en México el 4 de mayo de 1978. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 26 de febrero de 1980.
En el documento, las partes señalan que “deseosos de cooperar más estrechamente en la lucha contra la delincuencia y de prestarse mutuamente, con ese fin, una mayor asistencia en materia de extradicción”.
Y se comprometieron a “entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente”.
Referencias a la soberanía
Morena en un comunicado del pasado miércoles 29 de abril apoya la “actuación” de la Fiscalía General de la República, confiando en que “cualquier decisión” se asumirá “en defensa de nuestra soberanía”.
El gobernador de Sinaloa entendió el posicionamiento presidencial como una “defensa de la soberanía de México frente a señalamientos provenientes del extranjero”. Dijo, es una postura de Jefa de Estado “en defensa de la soberanía de México”.
Esta columna no entiende a cabalidad las referencias a la soberanía, toda vez que desde 1980, hace ya casi un siglo, México y Estados Unidos de América se encuentran sometidos a los términos del Tratado de Extradicción.
El hecho de que alguna de estas naciones ejerza la facultad que les otorga el tratado, ¿significa que una atenta contra la soberanía de la otra? No estoy seguro de que así sea. Esta columna no está convencida de las declaraciones ni de Morena ni de Rocha.
Licencias
El gobernador de Morena Rocha Moya se separó de su cargo, el pasado viernes 1 y vía licencia “temporal”, con la “finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”. Hizo lo mismo el otro acusado, el alcalde de Culiacán, Gómez Mendivil. El senador Inzunza Cazares no ha pedido licencia; exclamó: “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”:
El gobernador de Yucatán
El gobernador morenista Joaquín Díaz Mena no se ha pronunciado aún de la crisis morenista ni de sus posibles efectos políticos en la entidad.
“Senador de asueto”
El senador del PAN, Mauricio Vila Dosal, escribió a la Mesa Directiva del Senado, su “deseo” de reincorporarse a sus funciones senatoriales “a partir del 1 de mayo” (ver “Mauricio Vila se reincorpora al Senado tras 8 meses de licencia”, EstamosAquí.mx, 28 de abril de 2026).
A partir de su reincorporación, disfrutará de 4 meses de asueto -de mayo a agosto-, ya que el Senado entra en receso y el siguiente periodo ordinario de sesiones del Senado, comenzaría el próximo martes 1 de septiembre de 2026.
Durante esos 4 meses de asueto, los senadores cobrarán su sueldo íntegro; el reincorporado también cobrará.
Campeche
La gobernadora Layda Sansores San Román afirmó que “su administración atraviesa una crisis severa de liquidez”. Declaró: “ya no nos alcanza ni para pagar la luz”. La causa, explicó, es un “recorte de 4 mil millones de pesos de sus participaciones federales y a la injusta Ley de Coordinación Fiscal”.
Parece insuficiente la información ejecutiva proporcionada, ya que los ingresos 2026 de Campeche ascienden a la suma de 27 mil 151 millones 269 mil 928 pesos, conforme a su legislación fiscal, aprobada en diciembre de 2025.
Un rubro destaca: “Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones”, que importa la cantidad de 23 mil 028 millones 715 mil 771 pesos. Son recursos federales.
La gobernadora Sansores San Román no detalla el “recorte” de 4 mil millones de pesos. De ser así, los recursos federales para Campeche quedarían en 19 mil 028 millones 715 mil 771 pesos, que no se sabe si son o no suficientes para atender las necesidades de los campechanos.
Si es cierto, el Ejecutivo y Legislativo campechanos tendrían que modificar su presupuesto de egresos, cosa que hasta ahora no sucede, al menos públicamente.
“Al menos una amante”
En reporte de Alex Sala, “Soy León IX, sucesor del papa más corrupto de la historia”, en revista digital “Historia National Geographic”, 25 de marzo de 2026:
– “La Iglesia necesita acabar con la negra noche que se ha cernido sobre el papado en estos oscuros tiempos y acabar con los grandes vicios que se han apoderado de la jerarquía católica en el paso del primer al segundo milenio. Mi misión como nuevo papa, con el nombre de León IX, debe ser iniciar una gran reforma que acabe con la corrupción en Roma, donde desde el papa hasta el portero más humilde, deben su cargo a la simonía (compra de dignidades) y cada clérigo tiene al menos una amante”.
