09 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- A 50 años de fundado como estado, Quintana Roo registra profundas y permanentes problemáticas de violencia e inseguridad en municipios turísticos del norte y en poblaciones rurales del sur de la entidad, altos índices de violencia familiar, feminicidios, homicidios, extorsiones –cobro de derecho de piso– Trata y desaparición de personas; desigualdades sociales y debilitamiento del tejido social.
A ello se suma la dependencia del turismo como principal actividad económica, un deficiente sistema de movilidad, la insuficiencia en la dotación de servicios públicos y presiones ambientales derivadas de los altos índices de migración, que detonan un explosivo crecimiento urbano no solo mal planificado, sino corrompido por las violaciones al marco legal urbano-ambiental que, paradógicamente, ha sido ejemplo de vanguardia a nivel nacional.
rel="nofollow"
Este diagnóstico fue elaborado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de una serie de entrevistas con actores clave del estado dentro del sector público y privado, como empresariado, academia y sociedad civil organizada, complementado con trabajo documental y estadístico.
El documento forma parte de un ejercicio participativo organizado por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para el diseño de escenarios posibles y futuros que contó con la realización de diversos talleres con una mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos, con miras a la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050 (PEDS)
El Plan es de carácter obligatorio, de acuerdo con la nueva Ley de Planeación para el Desarrollo del estado, diseñada entre autoridades y ciudadanía en 2022, aprobada por el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial del estado en 2023.
“Queda como obligación del estado generar un mecanismo de participación ciudadana, que se siente a dialogar y definir una visión ciudadana de largo plazo”, explicó Sergio de Luna Gallego, titular de la Secretaría Ejecutiva del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo, quien desde el gobierno estatal conduce el proceso para reconducir los pasos de Quintana Roo hacia el 2050.
Las y los participantes en los talleres de elaboración de escenarios para este Plan, coinciden en la aspiración de una entidad en donde se respeten los derechos de los seres vivos –lo que incluye a la flora y la fauna– con vivienda digna, servicios de salud accesibles y de calidad, que incluyan un sistema de cuidados; educación integral, seguridad, paz y tranquilidad.
Que goce de empleos bien pagados; con un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible, diversificado económicamente; que posea sistemas de movilidad amigables y modernos, con un desarrollo urbano, lejano al crecimiento irregular; que mitigue los impactos del cambio climático, en lugar de agudizarlos; que eche mano de energías renovables y reconozca al agua como un recurso vital y estratégico que debe ser protegido.
Una entidad que fomente la cultura, la identidad, con respeto a las interseccionalidades; que se conduzca bajo los principios de transparencia, acceso a la información, libertad de expresión y gobierno abierto, bajo esquemas de gobernanza; que proteja a la niñez e incorpore en los procesos de participación a las juventudes y garantice el Estado de Derecho, el combate a la corrupción y a la impunidad, de acuerdo con los resultados de los talleres de diseño de escenarios.
Construcción de visión de largo plazo
Entre las premisas fundamentales de este proceso, se encuentra el no negar la realidad y que ésta se refleje en los resultados del diagnóstico y de los probables escenarios a futuro, que van del más positivo al más catastrófico.
También que se fomente y garantice la inclusión y diversidad de las voces que participan en esos trabajos y la transparencia y comunicación de las acciones a realizar para hacer de Quintana Roo “un estado de bienestar, pacífico, donde se garanticen los derechos humanos, se fomente el buen vivir, la inclusión, la prosperidad, la libertad, la justicia, el trabajo digno, la educación y la cultura, el deporte, la recreación y el descanso”.
Para la elaboración del PEDS 2025-2050, el gobierno de Quintana Roo pudo haber contratado a una consultora privada, a riesgo de que la empresa elegida se viese comprometida a reflejar resultados convenientes para el estado.
Sin embargo, optó por firmar un convenio con la CEPAL, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de promover el desarrollo económico y social sostenible en América Latina y El Caribe, a través de la investigación y el análisis de las políticas públicas.
“A mediados de diciembre de 2023, se firma un convenio de colaboración con el ILPES y la CEPAL para que nos dé el acompañamiento en todas aquellas herramientas, metodologías que nos faciliten el dialogo ciudadano, los mecanismos de participación en esta construcción de una visión a largo plazo”, indicó el funcionario.
La CEPAL realiza estudios sobre temas económicos, sociales y ambientales que afectan la región, incluyendo análisis sobre la desigualdad, el desarrollo sostenible, la integración económica y las políticas públicas, además de ofrecer asesoría a gobiernos para promover el crecimiento inclusivo y sostenible.
Para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo la CEPAL se apoya en el ILPES, una institución creada en 1962 –dependiente de la propia Comisión– cuyo objetivo es fortalecer las capacidades nacionales para la formulación y gestión de políticas públicas, planificación del desarrollo y análisis socieconómico, a través de capacitación, asesoría técnica, investigación aplicada y difusión de conocimiento a través de publicaciones, estudios e informes.
El equipo del ILPES que trabaja en el PEDS-Quintana Roo está liderado por Elena Díez Pinto, junto con Carlos Sandoval y María del Pilar Délano.
La actualidad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la actualidad, esta entidad localizada en la punta sur-sureste de México, es habitada por 2.04 millones de personas, en su mayoría migrantes que provienen de otros estados o de otros países.
El grueso de la población se ubica en Cancún y labora dentro del sector servicios, especificamente, en la industria turística.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que un 22.8 por ciento de la población estatal experimenta carencia en servicios básicos en su vivienda, lo que incluye acceso limitado o inexistente al agua potable, electricidad y drenaje.
La mayor problemática percibida por las y los residentes del estado es la inseguridad y la violencia.
Hasta agosto de este año se han denunciado 409 homicidios dolosos y seis feminicidios; nueve secuestros; 493 violaciones sexuales, cuatro mil 794 casos de violencia familiar; 92 casos de Trata de Personas, ocho mil 506 robos, 120 extorsiones, 519 despojos y 112 delitos contra el medio ambiente del orden local, de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo de Seguridad federal.
Quintana Roo: De territorio federal a estado
Durante el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se tomaron dos grandes decisiones que definieron el rumbo de Quintana Roo, territorio federal desde el 24 de noviembre de 1902, hasta el 8 de octubre de 1974, cuando fue decretado como estado.
La primera de esas decisiones fue impulsar la creación del proyecto Cancún –tumbando selva– para desarrollar turística y económicamente la zona norte del territorio.
La segunda, poblar la zona sur induciendo la migración a través de la dotación gratuita de miles de hectáreas mecanizadas –desmontadas con maquinaria– con el fin de alcanzar el número de habitantes necesarios (80 mil) para elevar ese territorio a la categoría de estado y, en paralelo, trabajar el campo para fomentar la agricultura comercial y la agroindustria.
De acuerdo con el Maestro en Ciencias Sociales Aplicadas en Estudios Regionales, Carlos Hugo Zamudio Viveros, estudios preliminares elaborados durante los mandatos de Adolfo López Mateos (1963-1964) y de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1969), arrojaron que la pobreza de los suelos en la zona norte del territorio impedía pensar en la siembra de cultivo alguno, pero sus playas vírgenes constituían el principal atractivo para detonar un proyecto turístico.
En cambio, se encontró que las tierras más productivas del territorio se localizaban
en el sur, en el área de influencia del Río Hondo, frontera con Belice; en la frontera
con Campeche y, en Bacalar, de acuerdo con su tesis “Identidad de los productores cañeros y obreros en Pucté y Javier Rojo Gómez”.
Zamudio refiere que las condiciones idóneas para el aprovechamiento de esas tierras decidieron el modelo de desarrollo del sur, para pasar de la agricultura de subsistencia –economía campesina– a la detonación de un proyecto agroindustrial
fincado en el cultivo de la caña y la producción de azúcar –en la que intervienen empresas agropecuarias– además de la siembra de maíz, frijol, frutas, legumbres y verduras.
Con ese objetivo se diseñó en 1970 el proyecto de desarrollo para la zona de la Ribera del Río Hondo, en donde se estableció la zona cañera en 234,785 hectáreas, que inicia en el poblado de Subteniente López y termina en el Poblado de la Unión.
La zona fue colonizada en ejidos ya establecidos en Quintana Roo, con el reparto agrario concretado por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).
A lo largo del Río Hondo se fundaron de norte a sur los ejidos de Cocoyol, Allende, Botes, Cacao, Pucté, Álvaro Obregón, Sabidos, Ramonal, Sacxan, Subteniente López, Juan Sarabia, Sergio Butrón Casas, Palmar, Tres Garantías, y Caobas, con distintas extensiones de tierra.
Entre los antecedentes históricos se indica que para 1971 el gobierno echeverrista realizó nuevos estudios geohidrológicos, de calidad del suelo y de medición de precipitaciones pluviales en una extensión total de 25 hectáreas comprendidas por los ejidos Allende, Botes, Cacao, Cocoyol, Sabidos, Pucté y Álvaro Obregón.
El resultado fue que 17 hectáreas contaban con “excelentes condiciones para la siembra de caña”. Con esa información se decidió la construcción del Ingenio “Álvaro Obregón”, encargado de la molienda de la caña y la producción de azúcar en la zona.
Para construirlo, en 1972 se expropiaron 29 hectáreas del ejido Álvaro Obregón y otras 20, de Pucté.
En paralelo, el 20 de abril de 1970 había nacido ya Cancún, como primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en México y cuatro años después, el ocho de octubre de 1974, Quintana Roo era decretado como estado.
