09 de agosto/ Cancún, Q. Roo.-En sintonía, familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo y víctimas de la represión policiaca del nueve de noviembre de 2020 (9N) exigieron hoy a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones concretas para acceder a la justicia, castigar a los responsables de los actos y omisiones que demandan y reparación integral del daño que les fue ocasionado.
Reunidos en el primer conversatorio “Memoria, Diálogo y Organización”, celebrado hoy a nueve meses de que la policía de Cancún disparara en contra de una multitud desarmada que se manifestaba en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”, frente al Palacio municipal, establecieron un primer contacto, con la finalidad de sumar esfuerzos para hacerse escuchar y que sean resueltas sus demandas.
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A un costado de la explanada de Plaza de la Reforma, familiares de personas desaparecidas -quienes integran el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”- y quienes conforman el Colectivo de Víctimas 9N, compartieron sus historias en torno al “horror” y al dolor de perder un familiar y buscar a sus seres amados sin resultado, lo mismo que el calvario para ver reparados los daños físicos, emocionales y psicológicos de haber sido heridas por armas de fuego, torturados o abusadas sexualmente por policías.
Aunque con pasajes diferentes, el común denominador entre uno y otro colectivo, son el dolor, la valentía de vencer el miedo para hacer valer los derechos humanos, en un estado en donde estos son comúnmente violentados y la impunidad, de acuerdo con lo que expresaron.
Estuvieron ahí Romana Rivera, madre de Diana García -su única hija- quien desapareció junto con el joven Jorge Armando, el 21 de febrero de 2020, cuando fueron a una discoteca de la ciudad.
Ana Graciela, madre de Gustavo Antonio Canul, “El Chamoy Suárez”, contó cómo su hijo fue sacado de su trabajo con base en engaños, por gente conocida de ambos, el 21 de mayo de 2018.
La mujer expresó que han sido tres años de “infierno”, sobreviviendo “sin un pedazo de mi corazón”.
La madre de Francisca Mariner Flores Patrón, de 17 años, recordó que su hija desapareció desde el 22 de junio de 2020, sin que las autoridades le den razón.
“Desapareció. Se la tragó la tierra”, manifestó, al reprochar que la Fiscalía General del estado (FGE) insiste en la versión de que “se fue con un hombre”, además de haberle cerrado las puertas.
“Ya no me quieren atender, pero voy a llegar a donde tenga que llegar, porque yo soy la voz de ella, mientras ella ya no esté”, afirmó.
Vianca Labastida, madre de Vianca Fernanda Moreno, asesinada el 21 de febrero 2018 en Playa del Carmen, acusó directamente a la fiscal especial en Delitos contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas, Guadalupe Reyes Pinzón, de “burlarse” de las víctimas y obstaculizar las investigaciones.
“Se ha burlado de varias víctimas y de sus familiares. Es una delincuente. No sé quién es su padrino, ni cómo puede ser fiscal (…) Ya me amenazó, pero no le temo, quizá porque yo vivo en Querétaro y a mi hija me la mataron en Playa del Carmen”, afirmó.
La ciudadana acusó también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) de incurrir en presuntos actos de simulación, razón por la cual exigió la destitución de su titular, Marco Tóh y del personal a su cargo.
También fue compartido el caso de Raúl Erick Castillo, nacido en Hidalgo, y desaparecido el cuatro de agosto de 2018, en Cancún. La víctima trabajaba en un hotel de Isla Blanca, en donde se ha documentado todo un esquema de extorsión a empleados de obras de construcción, obligados a vender drogas o reclutados como “halcones” y sicarios.
Wendy Galarza y otras víctimas de los hechos registrados el 9N compartieron también lo vivido y sus impresiones sobre le evolución de la impunidad en estos hechos, refrendando sus críticas hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO) y doliéndose de cómo la alcaldesa, “Mara” Lezama ha buscado cooptar a feministas para dividirlas y debilitar el movimiento.
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) recordó que el nueve de julio promovió 11 amparos en contra de funcionarios de la CEAVEQROO, haciendo obtenido ya suspensiones provisionales el 13 de julio y, definitivas, el 21.
La audiencia constitucional para la resolución del juicio de amparo, será en próximas días. La demanda se presentó para efectos de que los dictámenes de reparación del daño emitidos por la Comisión sean declarados insubsistentes y se ordene reponer el procedimiento para elaborar otros nuevos.
Entre los actos demandados están la incorrecta cuantificación de los daños, el procedimiento “sigiloso y no notificado” para elaborar los dictámenes de reparación integral del daño y los descuentos indebidos al monto compensatorio que, en conjunto, “dejaron a las víctimas en estado de completa indefensión”, explicó la CMDPDH.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (PRO DH) celebró la realización del conversatorio y manifestó que “la justicia no vendrá de las instituciones, pero hay que exigirsela”.
