Ulises Lara López, vocero de la dependencia, indicó que ya se analizan los documentos enviados por el gobierno americano
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que recibió las solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estado Unidos contra el gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero, Ulises Lara López, indicó que revisan la documentación enviada por las autoridades de Estados Unidos, pero aclaró que se analizarán las solicitudes y sólo se procederá a la extradición si se encuentra que se cuenta con pruebas suficientes para avanzar en el procedimiento.
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«La Fiscalía General de la República informa que en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia. En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de los Estados Unidos de América», dijo en un mensaje a los medios.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, afirmó que es obligación de la Fiscalía analizar, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
Se llevará a cabo una investigación nacional
Lara López indicó que la Fiscalía General de la República iniciará una investigación para «allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión».
Se revisarás las pruebas antes de proceder contra funcionarios
«Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. No obstante, el tratado bilateral en la materia refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, de nuestro país», dijo el fiscal especial-
«Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada, o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió en este caso en particular, esto por propio dicho de las autoridades estadounidenses».
