En una semana, el caso Sinaloa dio un vuelco, y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que EU no ha presentado pruebas de las acusaciones, la Fiscalía General de la República llamó a declarar a los implicados, la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló las cuentas bancarias y la Interpol emitió ficha roja en su contra.
Las nuevas medidas coinciden con la visita el pasado jueves del secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, a Palacio Nacional, donde se reunió con Sheinbaum. Ese mismo día, la presidenta dio conocer que la Interpol había girado ficha roja contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno y del Ayuntamiento de Culiacán, acusados de presuntos vínculos con los Chapitos.
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El sábado 23, la Fiscalía General de la República informó que los 10 funcionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, están siendo citados a “rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El objetivo, añade, es entre otras acciones “avanzar con seriedad y exhaustividad” en la investigación del caso.
El exsecretario de gobierno de Rocha y actual senador Enrique Inzunza, quien también está implicado en la acusación, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue citado por la FGR, y que atenderá “personalmente y puntualmente”, dicho llamado, y que será su propio abogado, “amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”.
Luego de que se reuniera el viernes 22 en Culiacán con el también senador Javier Corral, Inzunza añadió que “no me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”.
Rubén Rocha, también posteó que fue citado por la FGR, y que atenderá el requerimiento “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.
“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, dijo.
Casi de forma simultánea, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, publicó que también acudirá ante la FGR “con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta @Claudiashein. Tengo confianza en que imperarán la verdad y la justicia”.
En el mismo boletín, la FGR también abordó otro tema “de interés público”, el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y la operación en dicho estado de agentes de la CIA. Ella y el exfiscal general de Justicia, César Jáuregui, fueron citados a “comparecer en calidad de testigos”.
Las citaciones contra los funcionarios sinaloenses, se dan también en medio de las críticas de la oposición sobre el trato diferencial que el gobierno federal ha dado al caso Sinaloa y al de Chihuahua.
Las comparecencias ante la FGR se suman al bloqueo de las cuentas bancarias de los diez implicados. El lunes 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la inmovilización como una medida “preventiva”, aún cuando desde días antes diversos medios publicaron la primicia.
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, aclaró la UIF.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
En la acusación del Distrito Sur de Nueva York, están señalados Rubén Rocha Moya, el exsecretario de gobierno y actual senador Enrique Inzunza Cazarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y cinco mandos de la policía estatal y municipal, de presuntos vínculos con los Chapitos.
De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos, para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
A Rocha señala que los Chapitos lo apoyaron en la elección de 2021 en la que ganó la gubernatura, secuestrando a operadores opositores, y a cambio les permitió operar libremente y obtener puestos dentro de su gobierno.
