31 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- El Tribunal de Disciplina Judicial de Quintana Roo resolvió separar temporalmente del cargo al juez de Control en materia penal Jonathan Yong Mendoza, como parte de un procedimiento administrativo abierto para indagar su probable responsabilidad en una agresión contra una mujer, registrada el 24 de diciembre en el fraccionamiento Residencial Palmaris, en Cancún.
La decisión se adoptó durante una sesión celebrada ayer, luego de que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas solicitara formalmente la aplicación de una medida cautelar, a fin de permitir que la investigación se desarrolle sin que el funcionario continúe en funciones jurisdiccionales.
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De acuerdo con información del Poder Judicial del Estado, la suspensión tiene carácter preventivo y no constituye una sanción y permanecerá vigente hasta que concluyan las indagatorias y se emita la resolución que determine si existen o no responsabilidades administrativas atribuibles al juez.
El procedimiento se originó a partir de una denuncia anónima recibida el 26 de diciembre, acompañada de material gráfico relacionado con los hechos.
Previamente, imágenes del incidente circularon en redes sociales, en las que se observa al juzgador portando un arma de fuego, mientras la mujer involucrada permanece en el suelo.
Los hechos provocaron la reacción de grupos feministas que exigieron la destitución del juzgador e incluso que se le aplique la Ley 3 de 3, la cual establece que habiendo una sentencia firme de por medio, un funcionario agresor no puede desempeñar cargos públicos.
El caso de Yong Mendoza representa el primer asunto relevante atendido por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano creado tras las reformas al Poder Judicial aprobadas durante el presente año.
El Tribunal es presidido por la magistrada Elizabeth Moreno Rejón e integrado por la y el magistrado Nelsy Lucely Trejo Puc y Marco Antonio Torre Constantino, respectivamente.
El Poder Judicial señaló que la actuación del Tribunal se sustenta en una política de cero tolerancia a la violencia de género, especialmente cuando involucra a personas que forman parte de la institución, las cuales —indicó— deben observar una conducta acorde con los principios que rigen la función judicial, dentro y fuera del ejercicio del cargo.
La autoridad precisó que la investigación continuará hasta agotar todas las diligencias necesarias y que será entonces cuando se determine la resolución definitiva conforme a la normatividad aplicable.
