Luego que la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el Club Mazatlán FC dejará de participar en la Primera División a partir del verano de 2026, el futuro del enorme y moderno estadio El Encanto, construido con recursos públicos hace ocho años, es ahora incierto, además de polémico.
Ante este escenario, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que su administración ya revisa el caso de lo que calificó como una obra realizada “a pedido” durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y se buscará darle el mejor uso posible al inmueble en beneficio de los sinaloenses.
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Ante este escenario, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que su administración ya revisa el caso de lo que calificó como una obra realizada “a pedido” durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y se buscará darle el mejor uso posible al inmueble en beneficio de los sinaloenses.
Conocido popularmente como “El Kraken”, el estadio es probablemente el más moderno de Sinaloa y se levanta en la periferia de la ciudad de Mazatlán. Su construcción inició en 2017 con recursos del Gobierno del Estado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel y, tres años más tarde, sin previa revisión ni autorización del Congreso del Estado, fue entregado al Mazatlán FC de la Primera División y a su propietario, el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El pasado 9 de diciembre, Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que el club Atlante regresará a la Primera División tras llegar a un acuerdo con el Mazatlán FC.
“El Club Mazatlán informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación, el trámite quedó autorizado. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán, ha llegado a un acuerdo con el empresario Emilio Escalante, para la enajenación del mismo. Se espera que la operación esté completamente concluida para el verano del 2026”, declaró el dirigente de la FMF.
Oficialmente sin equipo, el estadio —construido con dinero público y presentado originalmente como un proyecto estratégico de infraestructura deportiva y detonador económico para el puerto— corre ahora el riesgo de convertirse en un enorme y costoso elefante blanco.
Un estadio de primer mundo, sin equipo de fútbol
La historia del estadio comienza antes de la llegada del Mazatlán FC. Su construcción fue impulsada durante la administración estatal anterior, sin un equipo confirmado como usuario principal y en medio de fuertes cuestionamientos políticos sobre su planeación, financiamiento y viabilidad.
El entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel inició la obra en 2017 con la intención, dijo en su momento, de atraer un equipo de Primera División y fomentar el turismo y el deporte en la región. El plan era dotar a la ciudad de un estadio moderno, con capacidad para 25 mil aficionados, y consolidar al puerto como una plaza apta para albergar futbol profesional.
Los recursos utilizados por el Gobierno estatal, una inversión cercana a los 700 millones de pesos, no pasaron por la revisión del Congreso. El entonces secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, argumentó en su momento que se trataban de recursos federales extraordinarios.
En junio de 2020 se anunció que el Atlético Morelia, propiedad del Grupo Salinas, cambiaría de sede para convertirse en el Mazatlán FC. La decisión generó inconformidad entre la afición michoacana y una fuerte disputa política en Sinaloa. Tras las elecciones del 2018, el gobernador tenía ahora un Congreso con mayoría de oposición, que le exigía cuentas.
“Veamos lo positivo, lo mucho que vamos a ganar”, declaró entonces Quirino, ante las críticas por la construcción del estadio y, ahora, por el uso que se le daría.
“El estadio moderno, que compite con los mejores de la Liga MX, es lo que definió que Monarcas decidiera probar suerte en Mazatlán donde hay una gran afición futbolera, después de que en Morelia ya no les iba tan bien. El Mazatlán FC, que está en proceso de aprobación en la Federación Mexicana de Futbol, comercializará todas las butacas; el gobierno no se meterá en eso y también le meterá al estadio lo que le falta de equipamiento”, declaró entonces, el hoy embajador de México en España.
#Arrebatando
Desde el Congreso del Estado, la entonces diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, y hoy secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, exhortó públicamente a Quirino Ordaz a cumplir con la Ley de Inmuebles del Estado y Municipios, que establece que es el Poder Legislativo quien debe fijar las bases para las concesiones otorgadas por el Ejecutivo.
“Nos preocupan las omisiones constitucionales y legales en la disposición de bienes inmuebles estatales; hasta ahora no ha presentado solicitud alguna de enajenación del estadio de fútbol profesional en Mazatlán, a pesar de que los medios de comunicación le atribuyen el anuncio de la inminente ocupación de dicho estadio por parte de particulares”, declaró Bonilla Valverde.
Como ocurrió con muchas otras voces críticas, el llamado fue ignorado.
El 22 de julio de 2020 se firmó un contrato de administración, uso, mantenimiento, mejoramiento y comercialización del estadio de futbol. En el documento aparece la firma del entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Ismael Ruelas Carreón, como representante del Gobierno estatal. En su apartado 1.2 se establece que el funcionario contaba con un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, consignado en la Escritura Pública número 28,302, con fecha del 9 de marzo de 2018.
En el apartado 1.3 se reconoce que el estado es propietario del inmueble, bajo el régimen de la Hacienda Pública Estatal, con un área de construcción de 38 mil 243 metros cuadrados sobre una superficie de 10 hectáreas. En ese mismo apartado se estableció el compromiso de ampliar el aforo de 20 mil a 25 mil aficionados y se otorgó a Grupo Salinas la posibilidad de operar todo tipo de eventos: deportivos, culturales y comerciales.
Como contraprestación, Grupo Salinas se comprometió a establecer escuelas de futbol —en terrenos otorgados por el propio estado en las inmediaciones del estadio— e invertir 70 millones de pesos en el inmueble y en el desarrollo del futbol en Mazatlán. Dicha inversión debía acreditarse anualmente ante la Secretaría de Obras Públicas.
El consorcio obtuvo los derechos de comercialización: venta de boletos, control de accesos, alimentos y bebidas dentro del estadio. El gobierno estatal, por su parte, tendría derecho a 400 boletos sin costo por partido en zona general, un palco y dos cajones de estacionamiento.
El contrato se firmó por un periodo de 10 años, con vigencia hasta el 17 de julio de 2030. En su cláusula décimo séptima, apartado siete, se estableció que el acuerdo se cancelaría automáticamente si el equipo de futbol profesional era trasladado a otra plaza, ciudad o estado distinto a Mazatlán, sin contemplar sanciones ni indemnización alguna.
El 20 de julio de 2020, el Mazatlán FC debutó oficialmente en un partido amistoso ante Tigres. El hashtag elegido para promover al nuevo equipo, en clara referencia a la salida de Morelia, fue tan polémico como eficaz y descriptivo: #Arrebatando.
Abogado califica contrato como irregular
El abogado Gilberto Plata, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, calificó el acuerdo como profundamente irregular. Explicó que, al tratarse de un bien público, cualquier contrato de esta naturaleza debía contar obligatoriamente con la aprobación del Congreso del Estado.
“Al ser un bien público, lo que es posible hacer es un contrato de concesión, pero no un contrato de uso, administración y dominio, es decir, un comodato, sin pasar antes por el Congreso del Estado. Este documento no viene con la aprobación del Congreso, por lo que considero que es una falacia que se pretenda llevar a cabo un acto de derecho privado con un bien público sólo para evadir al Congreso”, señaló.
El especialista añadió que el convenio refleja un exceso de facultades no conferidas por la ley y una violación a la autonomía y soberanía del Poder Legislativo, en contraposición directa a la Ley de Bienes e Inmuebles del Estado de Sinaloa, lo que constituiría una causa de responsabilidad administrativa grave.
“Este contrato refleja un desapego total a la legislación, es claramente ilegal. Fue más allá de las facultades conferidas al propio gobierno del estado; considero que no es un acto jurídico legal porque no pasó por el Congreso, siendo un bien público”, afirmó.
El futuro incierto de una inversión de más de 700 mdp
Ante la inminente salida del Mazatlán FC, el gobierno de Rubén Rocha Moya analiza sus opciones jurídicas y busca una salida para una obra que costó cerca de 700 millones de pesos al erario estatal.
“No sabemos todavía, estamos revisando muy bien todos los documentos que se firmaron, qué es lo que dicen, qué se comprometió. Lo he estado ya revisando con los abogados, pero aún no tengo precisión sobre el tema”, comentó el gobernador.
Incluso planteó la posibilidad de adaptar el inmueble como sede de los Venados de Mazatlán, equipo de beisbol con 80 años de historia en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque reconoció que las adecuaciones necesarias y la ubicación del estadio podrían ser un obstáculo.
“Podría hacerse; lo que a mí me toca es hacer que el estadio sea utilizado de la mejor manera posible”, consideró.
Finalmente, criticó la decisión de su antecesor al señalar que la inversión se realizó sin contar con un equipo que garantizara su uso, dejando hoy a la entidad con una infraestructura de alto costo y futuro incierto.
“Se hizo, seguramente a pedido, porque ¿cómo te pones a hacer un estadio sin saber qué va a pasar? Ahora no sabemos nosotros si se va este equipo, si tendremos la oportunidad de ocuparlo nuevamente”.
Sinaloa con dos estadios, millones invertidos, y sin futbol
El caso del “Kraken” no es el único en el estado. En Culiacán, el estadio que alguna vez albergó las tardes gloriosas de Los Dorados de Sinaloa, se encuentra abandonado, sin una concesión vigente de manera formal, sin equipo de futbol, y con militares utilizándolo como campamento.
El 23 de octubre de 2024, la directiva de Dorados informó a través de un comunicado que anunciaba su mudanza a Tijuana, como una medida temporal debido a la ola de inseguridad. El equipo, que ahora milita en la Liga de Expansión sin la posibilidad de pelear por un ascenso a Primera, no ha regresado.
Artículo publicado el 21 de diciembre de 2025 en la edición 1195 del semanario Ríodoce.
Con información de Río Doce
