13 de febrero/ Cancún, Q. Roo. – El financiamiento del transporte público en América Latina depende en buena medida de subsidios que en algunas ciudades cubren hasta 60 por ciento del costo total del sistema e incluso alcanzan 72 por ciento, de acuerdo con el estudio “Financiamiento del Transporte Público en América Latina y el Caribe”, presentado hoy en Cancún.
El análisis fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) y fue expuesto por el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, durante el Foro Latinoamericano de Movilidad “Ciudades en Movimiento”.
rel="nofollow"En su intervención, señaló que la tarifa pagada por los usuarios no cubre por sí sola los costos de operación y que los sistemas requieren esquemas de financiamiento complementarios.
El documento compara sistemas urbanos de la región con base en indicadores como costo por kilómetro, ingreso por kilómetro, estructura de insumos, evolución histórica de costos, comportamiento de la demanda y modelos de subsidio aplicados.
También incorpora el crecimiento de la motorización privada como variable que incide en la sostenibilidad económica del transporte colectivo.
De acuerdo con los hallazgos, el aumento en costos operativos responde a factores como congestión vial, incremento en precios de insumos, reformas implementadas sin respaldo financiero suficiente y expansión urbana sin planeación coordinada con la movilidad.
A ello se suma una disminución de pasajeros en distintos contextos urbanos y políticas tarifarias que no siempre cubren la estructura real de costos.
El estudio identifica un desbalance estructural: mientras el parque vehicular privado ha crecido de manera acelerada en las últimas dos décadas, el transporte colectivo no ha tenido una expansión proporcional.
Este fenómeno —dijo el funcionario— impacta en la competitividad del sistema público y en su capacidad para retener usuarios.
Entre las líneas de acción planteadas se encuentra la necesidad de establecer políticas tarifarias explícitas que definan con claridad qué parte del costo cubre el usuario y qué parte corresponde al subsidio público.
También propone diversificar las fuentes de ingreso mediante mecanismos distintos a la tarifa directa, así como planificar financieramente el transporte con horizonte de largo plazo.
Hernández Kotasek indicó que el subsidio debe entenderse como un instrumento para garantizar cobertura y accesibilidad, en particular para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
No obstante, indicó que depender exclusivamente del presupuesto público genera presión fiscal y limita la capacidad de expansión del sistema.
El documento también advierte que el deterioro en la calidad del servicio y la distribución desigual de infraestructura reducen la demanda y favorecen la migración hacia el vehículo particular, lo que incrementa la congestión y afecta la eficiencia del transporte colectivo.
La presentación se realizó durante el Foro “Ciudades en Movimiento”, que desde ayer reúne en esta ciudad a autoridades y especialistas en movilidad de distintos países.
Durante el encuentro se abordaron temas como esquemas de financiamiento, integración de sistemas, electromovilidad, valorización del suelo como mecanismo de fondeo y uso de datos en la planeación urbana.
El planteamiento central del estudio expuesto por el titular de IMOVEQROO establece que los gobiernos deben asumir un papel rector en la definición de esquemas de financiamiento que combinen subsidios eficientes, fuentes complementarias de ingreso y reglas tarifarias claras, con el objetivo de asegurar la viabilidad económica del transporte público en el largo plazo.
