22 de marzo/ Cancún, Q. Roo.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley del Sistema Anticorrupción del estado para garantizar que el presupuesto que se autorice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior.
Para el ejercicio fiscal del 2022, la XVI Legislatura aprobó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema –dentro del Presupuesto de Egresos– 20 millones 046 mil 919 pesos. La idea es que este monto no se reduzca en los años subsecuentes.
rel="nofollow"Durante la sesión ordinaria número 10, las y los diputados votaron el dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, que propone evitar la reducción del presupuesto asignado al Sistema Estatal Anticorrupción (SAEQROO)
Dicho dictamen incluye un requisito previsto en la Constitución respecto a la obligación de contar con los tabuladores desglosados sobre las remuneraciones que perciban las y los servidores públicos y las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
También se estableció que quien sea la o el titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, deberá rendir un informe anual de labores y resultados ante el pleno de la Legislatura.
La minuta constitucional fue turnada a los 11 ayuntamientos de la entidad, para continuar con el proceso legislativo correspondiente, toda vez que implica reformas a la Constitución del estado.
El SAEQROO está conformado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y el Secretariado Técnico.
El Comité Coordinador está conformado por las y los titulares de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), la Auditoría Superior del estado (ASEQROO), el Poder Judicial del estado, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad (IDAIPQROO)
En tanto, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) está integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos, a quienes elige una Comisión de Selección, privilegiando la equidad de género.
Su encargo dura cinco años; sus integrantes deben ser renovados de manera escalonada y cada uno va ocupando la presidencia del mismo durante un año.
Su remuneración, establecida a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, debe ser equivalente a la de un secretario estatal, cuyos rangos van de los 85 a los 89 mil pesos mensuales.
En este año lo conforman Raúl Cazares, quien asumió el cargo de presidente el pasado 13 de marzo; Mariana Belló, Janet Aguirre y Alejandra Rodríguez.
Cazáres es el quinto presidente del CPC y preside a su vez el Comité Técnico, además de formar parte de la Comisión Ejecutiva y el Órgano de Gobierno.
La Secretaría Ejecutiva es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; posee autonomía técnica y de gestión. Su sede está en Chetumal y su titular actual es Luis Anica. Dicho cargo se ejerce durante cinco años.
La Legislatura debe asignarle anualmente el presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones, entre las que destacan ser un órgano de apoyo técnico para el Comité Coordinador.
De ese presupuesto proviene, entre otras cosas, la remuneración de las y los integrantes del CPC.
El Órgano de Gobierno está integrado por miembros del Comité Coordinador y es presidido por el presidente del CPC.
La Comisión Ejecutiva se nutre del Secretariado Técnico y del CPC, con excepción de su presidente.
