12 de enero/ Cancún, Q. Roo.-El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Filiberto Martínez, presentó una iniciativa de ley para reformar artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo y la Ley de Asistencia Social, para que infantes puedan permanecer con su madre cuando esta se encuentre interna en algún centro penitenciario, hasta que cumplan los tres años de edad.
La propuesta establece que la separación entre la madre y su hija o hijo deberá realizarse gradualmente, bajo supervisión de un especialista en psicología, con garantía a visitas de convivencia programadas y garantizando, en todo momento, la conservación del vínculo emocional entre ambos.
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La custodia de las y los niños que sean separados de su madre, privada de la libertad, al momento de salir del centro penitenciario, se otorgará a un familiar designado por la madre, o alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado (DIF), como autoridad encargada de darle la atención psicológica recomendada.
Conforme al texto consultado por EstamosAquí.mx, durante la estancia de la o el niño en algún centro de reclusión, en compañía de su madre, “en todo momento deberá recibir higiene, esparcimiento, educación, atención médica y alimentación adecuada y saludable”.
El gobierno estatal deberá garantizar espacios dignos, adecuados y separados de la población general en las cárceles femeniles, para las madres cuyos hijos e hijas menores de edad, permanezcan a su lado, proporcionando las condiciones de vida que garanticen su sano desarrollo, garantizando el interés superior de la niñez.
En el caso de que la o el hijo tuviera alguna discapacidad, la autoridad penitenciaria “podrá otorgar la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre”.
La propuesta, presentada el pasado 30 de septiembre y turnada el pasado siete de enero, incluye adicionar un numeral 10 a la fracción I del artículo 8 de la Ley de Asistencia Social para establecer que son sujetos de atención de la asistencia social integral y multidisciplinaria, infantes que trabajen, sean víctimas del delito y viven con sus madres en centros penitenciarios.
Según la exposición de motivos, la iniciativa obedece a que en la legislación actual no se especifica qué sucede con las y los niños “invisibles” que, superando los tres años, pueden o no permanecer con su madre, interna en un centro de reclusión.
“Se considera niñas y niños invisibles a aquellos menores de edad cuya existencia y necesidades son desconocidas o pasan desapercibidas para el Estado, por lo que no se les otorgan cuidados o medidas especiales de atención y se encuentran en desprotección ante situaciones que ponen en peligro su integridad, tales como la violencia, la delincuencia, la privación de su libertad, entre otras.
“Estas niñas y niños, en su mayoría, no se encuentran al cuidado de su familia, pueden carecer de documentos de identidad o no ser escuchados en la toma de decisiones que les afecten”, se lee.
Este tipo de infantes cuenta con derechos inalienables e irrenunciables, por lo cual en ningún momento una persona o sobre todo, una institución debe vulnerar o desconocer sus derechos, se indica en la propuesta.
“Sin embargo, en el momento en que su madre es privada de su libertad, la vida del niño se reduce a nada, puesto que también es privado de su libertad al encontrarse al cuidado de su madre, es decir, en el contexto de la reclusión no se otorgaron los medios necesarios para el esparcimiento adecuado del menor”.
También se menciona que durante años, infantes han nacido y crecido dentro de las cárceles, quedando bajo el cuidado de sus madres, privadas de la libertad al enfrentar alguna sentencia.
Se estima que en México hay 523 niñas y niños en esta situación; que el 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en prisión, son madres; que 6 mil 311 mujeres madres están confinadas en cárceles mixtas, con el riesgo constante de ser víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad, trabajos forzados a favor de la población varonil o que son obligadas a separarse de sus hijas e hijos y a entregarles a sus familiares en libertad o en su ausencia, al DIF.
