En junio último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la constitucionalidad de la Ley General de Educación, específicamente en determinados preceptos, “los cuales establecen una serie de obligaciones relacionadas con la salvaguarda, en términos generales, de la calidad y seguridad de los bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación” (ver “Constitucionalidad de la Ley General de Educación”, EstamosAquí.mx, 10 junio 2021).
Ahora, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la referida norma jurídica, en vigor desde el 1 de octubre de 2019, producto de la (contra) reforma educativa del gobierno de la 4T, relativos a la educación indígena y la educación inclusiva.
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(Conocedores sugieren decir mejor educación “incluyente”, que “inclusiva”).
Conforme a la norma jurídica, la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación; y la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.
En su fallo, la Corte dijo:
– “Al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a estos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo.
– “De acuerdo con los precedentes, el Pleno declaró únicamente la invalidez de los preceptos mencionados y no de toda la legislación en materia educativa, la cual surtirá efectos dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha en que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, quedando éste vinculado a llevar a cabo las consultas respectivas –que no estarán limitadas a los artículos invalidados– y emitir la regulación correspondiente dentro de dicho plazo”.
En ambos casos, ni el Ejecutivo ni los legisladores del Congreso de la Unión cumplieron con su obligación de consultar a los integrantes de las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad, antes de aprobar la Ley General de Educación.
El ministro Alberto Pérez Dayán “explicó que aunque el Congreso de la Unión convocó a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad a participar en mesas de análisis y encuestas por Internet, estos mecanismos no cumplen con los requisitos de una consulta formal” (La Jornada, 30 junio 2021).
Hoy, la Corte los obliga a realizar la consulta. Y tienen un plazo: dieciocho meses a partir de la notificación legal al Congreso federal. Corresponderá resolverla a los congresistas de la LV Legislatura, que inicia sus funciones el próximo 1 de septiembre.
Convendría que el Secretario de Educación del estado, Liborio Vidal Aguilar, aunque no es indígena, de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordene una revisión a las disposiciones relativas a la educación indígena y la educación inclusiva, contenidas en la Ley de Educación del Estado de Yucatán, vigentes desde el 30 de julio de 2020, para adecuarla, en su caso, a la determinación y criterios de la Corte.
Yucatán estrena política educativa
En un boletín palaciego, fecha el pasado lunes 6 y reproducido, al menos, porEstamosAquí.mx, Diario de Yucatán, Por Esto!, y Mis-Noticias, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, anunció su nueva política educativa.
En lo que interesa, el boletín informa de una reunión del Ejecutivo con el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE):
– “Se hizo la presentación oficial del titular de la Segey ante representantes del sindicato magisterial”.
No recuerdo que en los gobiernos de los últimos cuarenta y dos años, del Dr. Francisco Luna Kan al Lic. Rolando Zapata Bello, el Ejecutivo estatal se haya conducido de la manera en que lo hizo el gobernador Vila Dosal.
La práctica usual consistía en una reunión del titular de la Segey con los representantes de las organizaciones sindicales, en las oficinas de la dependencia educativa, para que se conociera al nuevo directivo educativo y se le plantearan inicialmente algunos asuntos del interés sindical.
Nunca que el gobernador del estado llevara al titular de la Segey ante la dirigencia nacional del SNTE, para una “presentación oficial”, como ahora lo hizo el Ejecutivo estatal.
¿Y los otros?
Hasta donde se sabe, funcionan en la entidad otros sindicatos, como:
Sindicato Yucateco de Trabajadores Transferidos de la Educación, Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México, y un grupo denominado Docentes Unidos Luchando por Yucatán.
El gobernador Vila Dosal ¿practicará su nueva política educativa con estas formaciones sindicales? ¿Presentará oficialmente al Secretario Liborio Vidal Aguilar ante estos sindicatos? ¿O serán considerados como sindicatos de segunda?
Benemérita y Centenaria
El pasado viernes 2, el gobierno del estado entregó las nuevas instalaciones de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”, que consisten en “seis edificios, una que alberga las oficinas administrativas, dos para aulas con clases (sic), salones de cómputo y de usos múltiples, sala de idiomas, laboratorios de ciencia y matemáticas, salones de danza, teatro, artes, visuales y aulas convencionales, auditorio y biblioteca” (“Entregan instalaciones de la nueva Normal de Educación Primaria”,EstamosAquí.mx, 2 julio 2021).
Que el nuevo edificio de la Benemérita y Centenaria costó 39.9 millones de pesos, según dijo el gobernador del estado, aunque no informó qué sucederá con el inmueble que albergó largos años a la Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”, por el rumbo de Cordemex.
Más políticos en educación
Siguen arribando a cargos educativos los políticos del PAN (ver “Ex candidatos asumen cargos en Institutos Tecnológicos y Universidades”,EstamosAquí.mx, 5 julio 2021):
1). Yesenia Polanco Ross, Directora del Instituto Tecnológico Superior del Sur, con sede en Oxkutzcab. 2). María del Carmen Ordaz Martínez, Directora del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. 3. Roberto Rodríguez Sosa, Rector de la Universidad Tecnológica del Centro en Izamal.
Los tres fueron postulados por el PAN a cargos de elección popular en el pasado proceso electora, y todos fueros derrotados en las urnas.
Otros nombramientos
Wilberth Ortegón López, Director del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid; José Enrique Carrillo Duarte, Rector de la Universidad Tecnológica del Mayab, con sede en Peto; y, Shirley Álvarez Escobar, Rectora de la Universidad del Oriente, con sede en Valladolid.
Regreso a las aulas
En Yucatán, al decir del Secretario de Educación del estado, el retorno a las aulas no sería en agosto próximo, conforme al Calendario Escolar 2021-2022 de la SEP, sino hasta que el semáforo epidemiológico yucateco “esté en verde”. Señaló: “Será opcional e híbrido” (Desde el Balcón, 2 julio 2021).
De paso, dijo que “tiene 30 años en el servicio servicio y que mantiene lazos de amistad con el magisterio”.
Defensa
En lugar de estar defendiendo su nombramiento, debería estar elaborando proyectos académicos para el desarrollo educativo de la entidad.
La despedida
El portal “Grillo de Yucatán” (5 julio 2021) informó que cinco funcionarias de la Segey fueron nombradas como “Supervisoras Académicas, sin tener el perfil ni haber concursado para esos cargos”. Las cinco, con sus encargos anteriores:
– Linda Basto Ávila, directora de Educación Media Superior; Erika Enríquez Martínez, coordinadora de Preparatoria Abierta; Lida Espejo Peniche, coordinadora de Programas Estratégicos; Gilda Rihani Gasque, coordinadora de Formación Integral y Capacitación; y “Diana Fernández Bravo, secretaria y nuera de la exsecretaria de Educación” y ahora titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes.
Fue la despedida, dicen, de la exsecretaria Loreto Villanueva Trujillo.
