El Salvador pone en marcha a partir de este domingo una de las reformas penales más severas de su historia reciente: la prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele redefine el sistema de justicia del país en su lucha contra la delincuencia.
Por primera vez, adolescentes de entre 12 y 18 años podrán ser condenados a cadena perpetua si son hallados culpables de delitos como homicidio, feminicidio, violación o terrorismo. Esta última categoría incluye la pertenencia o colaboración con pandillas.
rel="nofollow"Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil, aprobada el 17 de marzo.
La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos, pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”.
La reforma implica modificaciones estructurales en varios marcos normativos. Entre ellos, destaca la alteración del artículo 27 de la Constitución, así como cambios a la Ley Penal Juvenil, el Código Penal y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En conjunto, estos ajustes integran la prisión perpetua al catálogo de sanciones aplicables a menores en conflicto con la ley.
Uno de los aspectos más significativos es la eliminación del tratamiento diferenciado que históricamente recibían los adolescentes. En casos de delitos graves,
desaparece el procedimiento especial juvenil, lo que permite que los menores sean procesados bajo criterios similares a los de adultos.
Esto abre la posibilidad de que, tras sentencia, sean trasladados a centros penitenciarios comunes —aunque estarían separados de los adultos hasta cumplir 18 años de edad.
También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos “contra adultos y menores de edad” que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.
Los mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.
El endurecimiento legal se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, particularmente contra el pandillerismo.
Desde marzo de 2022, el país se encuentra bajo un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas y la suspensión de ciertas garantías constitucionales.
Según cifras oficiales, más de 91 mil presuntos pandilleros han sido arrestados en este periodo. Las autoridades sostienen que estas acciones han reducido de forma drástica los índices de homicidios.
Organizaciones nacionales e internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias y señalan que miles de personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.
Este antecedente alimenta las preocupaciones sobre el impacto de las nuevas reformas en menores de edad.
El inicio de la vigencia de esta normativa será, en los hechos, una prueba para el sistema judicial salvadoreño. La forma en que se apliquen las nuevas disposiciones, los casos emblemáticos que surjan y las respuestas institucionales determinarán su impacto en materia de seguridad y derechos humanos.
