Mérida. El Colectivo de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Península de Yucatán dio a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1069/2026, ordenando detener la aplicación de descuentos y reducciones a las pensiones de jubilados de CFE mientras se resuelve el fondo del asunto.
La resolución representa uno de los primeros precedentes favorables en la Península de Yucatán y se suma a casos similares registrados en entidades como Nuevo León y Jalisco, donde tribunales federales también han comenzado a otorgar protección judicial a jubilados afectados por reducciones derivadas de la aplicación de reformas vinculadas al artículo 127 constitucional.
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El juzgado reconoció, de manera preliminar, que las pensiones constituyen derechos adquiridos protegidos por la Constitución, vinculados al mínimo vital, a la subsistencia digna y a la seguridad social de las personas jubiladas y sus familias. Asimismo, consideró que existía apariencia de buen derecho y peligro en la demora, debido a que los descuentos fueron aplicados sin explicación clara ni notificación suficiente.
Durante las mesas jurídicas y análisis estratégicos realizados por especialistas en derecho constitucional y juicio de amparo, se ha señalado que miles de demandas similares están siendo presentadas en todo el país por trabajadores jubilados de organismos como CFE, Pemex, Nafinsa y Banco de México, evidenciando una problemática nacional de alto impacto social y jurídico.
El Colectivo de Jubilados de CFE Península de Yucatán reiteró que su lucha no busca defender privilegios ni «pensiones doradas», sino proteger derechos laborales obtenidos tras décadas de servicio al país, mismos que constituyen derechos adquiridos y resoluciones firmes derivadas de contratos, convenios y relaciones laborales legalmente consolidadas, resaltando los siguientes puntos:
- Estamos en contra de las pensiones otorgadas como prebendas políticas; a favor de las que surgen de derechos y conquistas laborales.
- Estamos en contra de la aplicación retroactiva de reformas constitucionales sobre derechos ya consolidados; a favor de acabar únicamente con las verdaderas pensiones doradas.
- Exigimos que se respeten los acuerdos tomados con el Estado Mexicano como condición básica de certeza jurídica para todos los ciudadanos.
- A favor del acceso efectivo a la justicia y del pleno respeto al juicio de amparo como mecanismo constitucional de defensa.
- A favor de la carrera laboral, la especialización y las oportunidades de desarrollo digno en el sector público.
La suspensión provisional otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán establece con claridad que:
- Las pensiones son derechos adquiridos protegidos constitucionalmente, vinculados al mínimo vital y a la subsistencia digna.
- Los descuentos fueron aplicados sin notificación suficiente ni explicación clara, lo que constituye una violación al debido proceso.
- Existe apariencia de buen derecho a favor de los jubilados afectados.
- El peligro en la demora justifica la protección cautelar inmediata.
El amparo fue promovido por el despacho jurídico C&D Capacitación y Defensa, integrado, entre otros, por el Magistrado José Manuel De Alba De Alba, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación con 40 años de carrera judicial y doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, y el Mtro. Alan Torres Hinojosa, exsecretario del Poder Judicial de la Federación con 13 años de carrera judicial, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO y maestro en Juicio de Amparo y Derecho Constitucional por la Universidad de Xalapa.
Este precedente judicial se suma a una tendencia creciente en todo el país:
- Miles de demandas de amparo están siendo presentadas por jubilados de CFE, Pemex, Nafinsa y Banco de México en toda la República.
- Tribunales federales en Nuevo León y Jalisco han otorgado protecciones similares, consolidando una línea jurisprudencial favorable.
- Se han presentado denuncias ante la OEA y la ONU por violaciones a los Derechos Humanos derivadas de la reforma al Artículo 127.
- La inseguridad jurídica generada debilita el Estado de Derecho y desincentiva la inversión nacional e internacional.
- Las generaciones jóvenes enfrentan un sector público con menos oportunidades de empleo digno y desarrollo profesional.
