26 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- Con el voto de la mayoría legislativa oficialista en el Congreso de Quintana Roo, se aprobó una reforma constitucional en materia electoral que, según los partidos Morena y Verde (PVEM), armoniza el marco jurídico estatal con los cambios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la democracia.
Sin embargo, los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), expusieron que los cambios votados representan una reconfiguración política orientada a debilitar contrapesos, reducir la representación opositora en cabildos y centralizar el control sobre recursos municipales.
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La reforma incorpora principios de no reelección, combate al nepotismo, austeridad republicana, igualdad sustantiva y nuevas reglas en materia de representación proporcional, consultas populares y asignación de regidurías.
De acuerdo con la mayoría legislativa, los cambios buscan actualizar el sistema electoral local bajo criterios de certeza jurídica, participación ciudadana y fortalecimiento democrático.
El diputado por el PVEM, Renán Sánchez Tajonar indicó que uno de los objetivos centrales es preservar el pluralismo político y garantizar que todas las fuerzas políticas mantengan representación tanto en los ayuntamientos como en el Congreso estatal.
La mayoría parlamentaria argumentó que la reforma fortalece la distinción entre funciones ejecutivas y deliberativas, y que ello contribuirá a construir instituciones “más sólidas y transparentes”.
Sñanchez Tajonar y su par, Maria José Osorio, defendieron que las modificaciones incorporan principios de austeridad y que los ahorros derivados de la reestructuración institucional serán destinados a infraestructura pública.
Sin embargo, del lado de la oposición hubo fuertes críticas, particularmente respecto de la modificación al artículo 383 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con la asignación de regidurías de representación proporcional.
El diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, calificó la reforma como “un atropello deliberado a la autonomía municipal” y “un golpe artero al pluralismo político”.
Desde tribuna, sostuvo que detrás del discurso de austeridad y armonización constitucional existe una estrategia para centralizar recursos municipales, reducir contrapesos y limitar mecanismos de participación ciudadana.
Uno de los principales cuestionamientos se dirigió al destino de los ahorros derivados de la reducción y reestructuración de órganos municipales.
El legislador afirmó que, mientras la reforma federal aprobada el 23 de abril establece que esos recursos deben permanecer en las haciendas municipales, el transitorio octavo de la reforma local plantea que las economías sean integradas globalmente al presupuesto estatal para destinarse posteriormente a infraestructura.
Según expuso, eso permitiría al gobierno estatal decidir discrecionalmente el destino de recursos generados directamente por municipios como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
“Los ahorros del municipio deben ser ejercidos por el municipio y para el municipio”, expresó.
También se refirió a la eliminación del mecanismo mediante el cual candidatos derrotados en elecciones municipales podían integrarse posteriormente a los cabildos como regidores de representación proporcional.
Detalló que, actualmente, esa figura —conocida políticamente como “cláusula de repechaje” o de “mejores perdedores”— permitía que candidatos a presidentes municipales con votaciones relevantes conservaran representación en los ayuntamientos.
La reforma aprobada establece que las regidurías plurinominales serán asignadas exclusivamente conforme al orden de las listas registradas previamente por los partidos políticos.
Para Pech Várguez el cambio busca “descabezar políticamente” a la oposición municipal y dificultar la consolidación de liderazgos opositores.
El legislador advirtió que la medida reducirá incentivos para competir por presidencias municipales, ya que perder la elección implicará quedar completamente fuera de los cabildos.
También cuestionó que las disposiciones relacionadas con nepotismo entren en vigor hasta 2030, mientras las modificaciones electorales sobre representación política sí se aplicarían desde el proceso electoral 2027.
Además criticó las restricciones incorporadas a las consultas populares, particularmente la imposibilidad de someter a consulta asuntos relacionados con obras públicas en ejecución, presupuesto y seguridad pública.
Al tomar la palabra, el diputado priista Filiberto Martínez Méndez se sumó a las críticas y advirtió que la reforma representa un riesgo para los contrapesos políticos y fortalece una lógica de concentración del poder.
Durante su intervención, sostuvo que detrás de la modificación al artículo 383 existe una intención de construir un estado “sin contrapesos” y sin voces críticas dentro de los ayuntamientos.
Martínez afirmó que el cambio fue diseñado como “un corte quirúrgico” para impedir que quienes encabezan campañas municipales y construyen liderazgo territorial puedan posteriormente acceder a los cabildos.
Recordó que en administraciones pasadas candidatos derrotados se incorporaban como regidores y que ello obligaba a los gobiernos municipales a dialogar, negociar y construir acuerdos públicos.
“Parece que tuvieran miedo de que alguien que tiene un poco de liderazgo pueda llegar y pueda criticar”, expresó.
El priista sostuvo que la reforma busca eliminar liderazgos incómodos y construir un modelo político donde la oposición quede marginada institucionalmente.
“Nadie de los que estamos aquí va a gobernar para siempre”, advirtió, al señalar que las reglas aprobadas hoy eventualmente podrían aplicarse también contra quienes actualmente tienen mayoría política.
Antes de culminar comparó la concentración del poder con prácticas de “terratenientes” y “amos de hacienda” y aseguró que Quintana Roo “necesita equilibrios”.
En defensa de la reforma, el coordinador de la bancada de Morena, Jorge Sanén Cervantes, rechazó que las modificaciones afecten la representación democrática.
Por el contrario, sostuvo que la oposición busca mantener mecanismos que permitían entregar “premios de consolación” a candidatos derrotados.
Sanén defendió que la representación proporcional continuará existiendo, aunque bajo nuevas reglas basadas en listas partidistas registradas previamente y criterios de paridad de género.
Afirmó que no existe justificación para trasladar automáticamente a un candidato derrotado a otro espacio de representación y sostuvo que las funciones de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías son distintas entre sí.
El legislador morenista también acusó a gobiernos y partidos del pasado de haber utilizado la representación proporcional como mecanismo de negociación política “en lo oscurito”.
