19 de mayo/ Cancún, Q. Roo. – La presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, señaló que la propuesta de postergar la elección judicial hasta 2028 debe analizarse como una oportunidad para revisar el modelo de selección de jueces y no únicamente como un cambio de fecha para el proceso electoral.
La empresaria indicó que la elección judicial de 2025 dejó elementos que, desde la perspectiva del organismo, evidencian problemas relacionados con la legitimidad institucional.
rel="nofollow"Entre ellos mencionó la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y la evaluación de los perfiles participantes.
Expuso que el Instituto Nacional Electoral (Ine) estimó una participación de entre 12.57 y 13.32 por ciento en la elección judicial realizada en 2025.
Dijo que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que no existe antecedente internacional de una elección mediante voto universal para la totalidad de jueces de un país.
Portillo Navarro considero que el debate público no debe concentrarse únicamente en la postergación del proceso electoral judicial, sino en el modelo mediante el cual se integrará el sistema de impartición de justicia en México.
Indicó que el país debe definir si la justicia debe depender de la popularidad electoral o de factores relacionados con carrera judicial, capacidad técnica, independencia, experiencia y mérito profesional.
La representante de Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que la certeza jurídica requiere planeación y revisión institucional.
Añadió que la existencia de tribunales independientes y con capacidad técnica impacta en el Estado de Derecho y en la confianza de empresas, trabajadores y familias.
En su exposición, también hizo referencia al Índice de Estado de Derecho 2025 elaborado por el World Justice Project, en el que México ocupa el lugar 121 de 143 países evaluados.
Ademas citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales indican que la inversión fija bruta registró una caída mensual de 0.8 por ciento en febrero de 2026.
La dirigente empresarial sostuvo que esos indicadores deben formar parte de la discusión sobre la reforma judicial y las condiciones de certeza jurídica en el país.
Afirmó que México requiere una reforma judicial orientada al fortalecimiento de la carrera jurisdiccional, la selección de perfiles idóneos y la preservación de la independencia judicial.
